CONTINÚA EL DEBATE POR EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LEY DE SALUD MENTAL

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), propone modificaciones en los procesos de internación, cambios en el concepto de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y una mayor centralidad de la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos que buscan revisar criterios establecidos a partir de la situación actual. Al igual que en la reunión anterior, y debido a la diversidad de enfoques que plantea la norma, el plenario se organizó en bloques temáticos de especialistas, tras los cuales los senadores realizaron consultas a los expositores.

Primeramente, la abogada y diputada nacional (MC), Marcela Campagnoli, especialista en temáticas de salud mental, prevención del suicidio, la ludopatía y de las adicciones, expuso un panorama basado en su experiencia: "Una ley más allá de sus buenas intenciones debe medirse también por sus buenos efectos. La ley vigente significó un avance importante en derechos humanos, pero con los años mostró límites concretos. Detrás de cada vacío legal hay familias destruidas, madres agotadas, pacientes que podrían haberse salvado antes si el sistema hubiera llegado antes".

Por su parte, Soledad Cottone, doctora en Psicología, especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria, presidenta de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AUAPSI) y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, manifestó su desacuerdo con el proyecto, particularmente con el requisito de incorporar obligatoriamente a un psiquiatra en los equipos interdisciplinarios: "Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo, la modificación introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado. Reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada de nuestra formación y un retroceso de la psicología como disciplina autónoma".

En el plano jurídico expuso el abogado Vadim Mischanchuk, especializado en salud y defensa médica, quien cuestionó un aspecto central de la ley actual: "La palabra ‘inminente' ha dificultado desde 2010 la posibilidad de que los equipos interdisciplinarios de salud internen a alguien que viene de asesinar a otra persona porque, a las dos horas, el equipo dice: ‘no hay riesgo inminente'. Esto debe modificarse sí o sí", sostuvo el letrado, quien además consideró que "la ley vigente ha demonizado los hospitales de salud mental".

También se escuchó la voz de familiares y dirigentes que trabajan con la problemática de adicciones, como el caso de Stella Maris Garaventa, acompañante terapéutica representante de Madres Territoriales (línea fundadora) de Chivilcoy (PBA) quien contó que con su organización son "las que van a sostener y apoyar a las mamás de los chicos que están en consumo; en Provincia no hay nada, es todo mentira". "Esta es una ley asesina porque condena a nuestros hijos al cementerio. Si se habla de estadísticas, están en las lápidas de los cementerios, y con las edades de los chicos que están ahí, y en la superpoblación de las cárceles", manifestó la coordinadora quien pidió que "la internación involuntaria debe tomarse con un derecho a la vida".

Además de los mencionados, los invitados que brindaron su parecer y visión sobre el proyecto fueron: Carina Sforza, abogada y secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental de Chaco; Diego Celli, presidente de la Red Nacional Evangélica de Prevención en Adicciones; Claudio Fabián de Carli, cirujano y urólogo pediatra; Marcela Armus, médica psiquiatra infanto juvenil, psicoterapeuta y especialista en salud mental comunitaria; Ignacio Brusco, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina (UBA) y decano de la misma; Sandra Lazarte, Licenciada en Enfermería, representante de "Madres en Lucha" por la ciudad de Junín e integrante del equipo de salud de la comunidad "Hasta el Último Día"; Graciela Groba, psicóloga especialista en psicología clínica y máster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social y coordinadora de la Comisión Nacional de Psicología del Envejecimiento y las Vejeces; Marisol Froy, presidenta de Madres del Ser; Marcela Leal, fundadora de la fundación "Mucho por Vivir", operadora socioterapeuta y especialista en prevención del suicidio en Tierra del Fuego; Javier Silberman, vicepresidente de la Mesa Nacional de Adicciones; Esteban Dávila, psiquiatra, docente y director de Salud Mental de Entre Ríos; Bruno Kliger, psiquiatra de internación de división toxicología del Hospital Fernández, docente del departamento de salud mental y psiquiatría de la Facultad de Medicina (UBA) y del posgrado de especialización en adicciones (UNT); Marcela Waisman Campos, médica psiquiatra, neuróloga cognitiva, magister en neuropsicofarmacología, directora del centro Neomed, presidente del capítulo de adicciones de la Asociación Argentina de Psiquiatras y docente de la maestría de adicciones (USAL); Mirta Elvira, doctora en salud mental comunitaria, investigadora y docente de la UNRN y miembro de la Red Federal de Universidades en Salud Mental Comunitaria; Andy Blake, médico especialista en psiquiatría, salud pública y administración de servicios de salud y director médico de Fundación Convivir; Josefina Moreyra, jefa del servicio de salud mental del Hospital Zonal General "Enrique Erill" de Escobar; Gabriela Milioto, técnica superior en prevención comunitaria en adicciones y violencias y fundadora y presidenta de la asociación civil La Llave del Camino, en Rosario; Lía Unsworth, especialista en psiquiatría infanto juvenil y médica del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata; Xavier Oñativia, profesor de psicología forense de la Facultad de Psicología (UNLP); Jorgelina Devoto, doctora en psicología con máster en drogodependencia, asesora del vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la USAL, coordinadora de la comisión de prevención social, tratamiento y rehabilitación de adicciones del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR); María del Rosario Gauna Alsina, Licenciada en Psicología (USAL) y diplomada en salud mental y derechos humanos (UNPAZ), y directora de visitas de inspección en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Marcelo Cetkovich, psiquiatra, docente e investigador, director médico del Instituto de Neurología Cognitiva y vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAPP); Alejandro Daniel Wilner, director de la especialización en salud mental comunitaria de la UNLa; María Marcela Bottinelli, doctora en salud mental comunitaria, docente (UBA) e investigadora en el sistema nacional; Javier Frías, abogado especialista en derecho de familia, juez de familia titular del Juzgado de Familia N°3 de San Martín (PBA); María Layla Vieiros, abogada, docente de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la UBA, y prosecretaria administrativa del Ministerio Público Fiscal de CABA; Alberto Desouches, psiquiatra, psicoanalista, administrador sanitario, psicofarmacólogo y presidente honorario del capítulo de Políticas Públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAPP) y Pedro Rafael Gargoloff, especialista en psiquiatría y psicología médica, fundador y colaborador de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia de La Plata.

Al finalizar los paneles de exposiciones, la presidente de la Comisión de Salud, dio por finalizada esta instancia donde los distintos invitados dieron su punto de vista y aportaron su experiencia para que los senadores continúen con la discusión de las modificaciones a la Ley de Salud Mental.