DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Av. Hipólito Yrigoyen 1702, 8° piso, Of. 813
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Te. +(54 11) 2822-3000 Int. Int. 3866/3867
transparencia@senado.gob.ar
Informe trimestral de transparencia
Esta información es actualizada, de forma trimestral, por la Dirección de Transparencia y Fortalecimiento Institucional.
Informes anuales de transparencia
marco normativo
Ley 27.275 - Descargar documento
Derecho de Acceso a la Información Pública
Decreto 206/17 - Ver documento
Reglamentación de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública
Decreto 780/24 - Ver documento
Reglamentación de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública
Presentación
La Dirección de Transparencia y Fortalecimiento Institucional fue creada para garantizar, en el ámbito del Senado de la Nación, la efectiva implementación de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, y promover medidas de transparencia activa, de gobierno abierto y de participación ciudadana.
La Dirección recibe y tramita solicitudes de acceso a la información a través de los
siguientes canales:
• mediante correo electrónico a transparencia@senado.gob.ar;
• a través del formulario web disponible en este mismo portal;
• por escrito, ante la Mesa de Entradas de la Secretaría Administrativa del Senado, situada en el edificio Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen 1702 (CABA), primer piso, oficina 106 A.
Autoridades
Director:Ignacio Nardin / inardin@senado.gob.ar
Decreto presidencial 609/25 / / Descargar Documento
Eventos y Novedades
Esta información es actualizada por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin EventosPreguntas frecuentes
Es el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos del Estado y de todos los sujetos obligados que contempla la ley 27.275. Este derecho comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la propia ley en su artículo 8.
Es un derecho que involucra diferentes dimensiones: es un derecho humano fundamental, reconocido por diferentes tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional; es un instrumento para fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas; es un derecho cuya vigencia garantiza el ejercicio de otros derechos; es una herramienta para mejorar la gestión pública; y es un mecanismo de control del Estado por parte de los ciudadanos.
El acceso a la información pública para los sujetos incluidos en la ley 27.275 implica el cumplimiento de obligaciones en dos dimensiones distintas y complementarias.
Por una parte, la transparencia pasiva significa que el Senado está obligado a recibir, gestionar y responder solicitudes de la información que genere, obtenga, transforme, controle o custodie, conforme al mecanismo de tramitación descrito en los artículos 9 a 18 de la ley 27.275.
Por la otra, la transparencia activa es el acceso permanente, de manera clara, estructurada y entendible, a través de la página web institucional del Senado, a información relativa a su funcionamiento, presupuesto y gastos, personal, estructura orgánica, compras y contrataciones, informes de auditoría, declaraciones juradas, entre otros tópicos fijados por el artículo 32 de la ley 27.275.
Por una parte, la transparencia pasiva significa que el Senado está obligado a recibir, gestionar y responder solicitudes de la información que genere, obtenga, transforme, controle o custodie, conforme al mecanismo de tramitación descrito en los artículos 9 a 18 de la ley 27.275.
Por la otra, la transparencia activa es el acceso permanente, de manera clara, estructurada y entendible, a través de la página web institucional del Senado, a información relativa a su funcionamiento, presupuesto y gastos, personal, estructura orgánica, compras y contrataciones, informes de auditoría, declaraciones juradas, entre otros tópicos fijados por el artículo 32 de la ley 27.275.
La Dirección de Transparencia y Fortalecimiento Institucional es el área específica del Senado dedicada a dar cumplimiento a los principios establecidos por la ley 27.275. Tiene por objetivos garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa en el ámbito del Senado.
La Dirección funciona en el ámbito de la Dirección General de Relaciones Institucionales, dependiente de la Presidencia del Senado.
La Dirección funciona en el ámbito de la Dirección General de Relaciones Institucionales, dependiente de la Presidencia del Senado.
Las misiones de la Dirección de Transparencia y Fortalecimiento Institucional son velar por el cumplimiento, por parte del Senado de la Nación, de los principios y obligaciones establecidos en la ley 27.275, garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública y promover la implementación de políticas y medidas de transparencia activa y de gobierno abierto. Además, contribuir en la definición de lineamientos estratégicos para el fortalecimiento institucional y fomentar la innovación y la mejora continua de los procesos administrativos y parlamentarios, a fin de elevar los niveles de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas del Senado de la Nación.
En tal sentido las funciones de Dirección son:
a. Supervisar la recepción y seguimiento de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito del Senado de la Nación.
b. Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la información requerida.
c. Coordinar, con los responsables de acceso a la información pública que designe cada área del Senado de la Nación, los procedimientos para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.
d. Arbitrar los medios necesarios entre las áreas del Senado para implementar una plataforma tecnológica para gestionar las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas.
e. Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de respuestas y cualquier otra cuestión que permita el control ciudadano a lo establecido por la ley 27.275.
f. Establecer cronogramas de actualización periódica para la información pública obligatoria, según los criterios de transparencia activa incorporados en la ley 27.725.
En tal sentido las funciones de Dirección son:
a. Supervisar la recepción y seguimiento de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito del Senado de la Nación.
b. Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que pudieran poseer la información requerida.
c. Coordinar, con los responsables de acceso a la información pública que designe cada área del Senado de la Nación, los procedimientos para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.
d. Arbitrar los medios necesarios entre las áreas del Senado para implementar una plataforma tecnológica para gestionar las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas.
e. Elaborar y publicar estadísticas periódicas sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de respuestas y cualquier otra cuestión que permita el control ciudadano a lo establecido por la ley 27.275.
f. Establecer cronogramas de actualización periódica para la información pública obligatoria, según los criterios de transparencia activa incorporados en la ley 27.725.
Toda la información que se encuentre en poder del
Senado, según las siguientes definiciones:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que el Senado genere, obtenga, transforme, controle o custodie.
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por el Senado, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que el Senado genere, obtenga, transforme, controle o custodie.
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por el Senado, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.
El artículo 8 de la ley 27.275 enumera taxativamente las siguientes excepciones:
a) Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior. Esta reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas.
b) Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado.
d) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial.
e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos.
f) Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento.
g) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso.
h) Información protegida por el secreto profesional.
i) Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias.
j) Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.
k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales.
l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación.
m) Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Estas excepciones no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
a) Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior. Esta reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas.
b) Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado.
d) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial.
e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos.
f) Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento.
g) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso.
h) Información protegida por el secreto profesional.
i) Información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias.
j) Información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.
k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales.
l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación.
m) Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Estas excepciones no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Toda persona humana o jurídica,
pública o privada tiene derecho a
solicitar y recibir información
pública, sin necesidad de motivar la
solicitud, acreditar derecho
subjetivo o interés legítimo o
contar con el patrocinio de un
abogado.
Toda solicitud de acceso a la información pública podrá presentarse:
- mediante correo electrónico dirigido a transparencia@senado.gob.ar;
- a través del formulario web disponible en el portal de la Dirección de Transparencia y Fortalecimiento Institucional;.
- por escrito, ante la Mesa de Entradas de la Secretaría Administrativa del Senado, situada en el edificio Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen 1702 (CABA), primer piso, oficina 106 A.
El acceso a la información pública se rige por el principio de informalismo, según el cual las formas no pueden constituir un obstáculo para el ejercicio del derecho. Por eso, las presentaciones no deben seguir ningún modelo oficial ni cumplir con ningún formalismo. El único requisito es que se debe explicar de manera clara qué información se solicita que provea el Senado.
El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera la reproducción de algún documento. Los costos de reproducción corren a cargo del solicitante.
Toda solicitud de información pública debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 15 días hábiles, en aquellos casos en que la dificultad de las condiciones para reunir la información solicitada así lo requiera
En tales casos, el Senado debe comunicar fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de tal prórroga. El peticionante, por su parte, podrá requerir por razones fundadas la reducción del plazo para responder y satisfacer su requerimiento.
En el caso de solicitudes presentadas durante días inhábiles, el plazo para su tramitación se computará a partir del primer día hábil posterior a su recepción.
En tales casos, el Senado debe comunicar fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de tal prórroga. El peticionante, por su parte, podrá requerir por razones fundadas la reducción del plazo para responder y satisfacer su requerimiento.
En el caso de solicitudes presentadas durante días inhábiles, el plazo para su tramitación se computará a partir del primer día hábil posterior a su recepción.
El vencimiento del plazo o de su prórroga, o en caso de silencio así como en los supuestos de inexactitud o entrega incompleta de la información solicitada serán considerados como denegatoria injustificada a brindar la información.
La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará habilitadas las vías de reclamo ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal.
El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera notificada la denegatoria de la solicitud o desde que venciera el plazo para responder.
