AGUA: QUIEREN DECLARAR SU ACCESO COMO DERECHO HUMANO Y PROHIBIR SU EXPORTACIÓN

En pleno siglo XXI todavía "el 22,3% de los hogares de nuestro país no tiene acceso a la red pública de agua; en Salta el porcentaje es aún superior: más de un 25% no tiene agua de red, mientras que un 37,9% no tiene desagüe cloacal en su vivienda", señaló la legisladora salteña.

El acceso al agua potable y obras de saneamiento sigue siendo un privilegio para un número importante de argentinos. Por tal motivo, la salteña Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre) presentó, recientemente, un proyecto de ley en el Senado Nacional para declarar "el acceso al agua potable y el saneamiento un derecho humano fundamental para la vida". La iniciativa prohíbe su exportación y obliga al Estado a garantizar su acceso, entre otras medidas.

El texto propuesto por la legisladora salteña establece la obligación del Estado (nacional, provincial y municipal, en sus respectivas jurisdicciones) de garantizar el acceso al agua potable a todos los habitantes del territorio nacional, y prevé la implementación de un sistema de tarifa social en aquellos casos en los que las personas no puedan acceder a estos servicios por motivos económicos.

En aquellos lugares donde los servicios de agua y cloacas no se encuentren disponibles, el Estado proveerá las condiciones para que dichas personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. No obstante, el proyecto sostiene que "deberá implementar las medidas necesarias para que, en forma progresiva, toda la población tenga acceso a esos servicios públicos".

Se establece, además, la prioridad del uso de agua potable con fines de consumo personal y doméstico y para actividades productivas de subsistencia sobre otros usos.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que se prohíbe "la exportación a granel de agua dulce, en todos sus estados, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas", excepto en dos casos: cuando se trate de la ejecución de tratados internacionales suscriptos por la Argentina por razones humanitarias o de emergencia, previa evaluación del impacto en el medioambiente y en el nivel de abastecimiento interno; y en establecimientos de bebidas hídricas, de conformidad con lo previsto en el Código Alimentario Argentino.

"En la Argentina, la situación es crítica. Los resultados del Censo Nacional 2010 confirman que el 22,3% de los hogares de nuestro país no tiene acceso a la red pública de agua por cañería dentro de la vivienda. Se trata de un total de 2.717.126 hogares, lo que equivale a unas 9 millones de personas", resaltó la senadora salteña en los fundamentos de su proyecto.

"La situación es todavía más apremiante cuando se analiza el tipo de desagüe cloacal de las viviendas. El 46,8% de los hogares de la Argentina no cuentan con este servicio. Son un total de 5.698.321 hogares, o unas 18,8 millones de personas", señaló también. "Los casos extremos duelen aun más. En pleno Siglo XXI, en la Argentina hay unas 350.000 personas que subsisten con agua de lluvia, ríos, canales o acequias, y hay 1 millón de personas que viven sin un baño o una letrina".

El proyecto está inspirado en la resolución 64/292 de Naciones Unidas mediante la que se declaro el acceso al agua potable y el saneamiento como un Derecho Humano. Según cifras de este organismo internacional en el mundo hay unas 884 millones de personas sin acceso al agua potable, mientras que 2,6 mil millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento básicos.

Efectos en la salud

"Resulta alarmante confirmar que en pleno Siglo XXI, el agua contaminada es la segunda causa de muerte infantil en el mundo. Cada año, mueren en el mundo cerca de 1,5 millones de niños menores de 5 años como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua sucia y por un saneamiento insuficiente", advirtió Escudero.

La situación de Salta

La senadora Escudero se refirió, también, a la situación de la provincia de Salta. "A poco de iniciada la segunda mitad de la década del ¿90, sólo un 40% de la población tenía acceso al agua potable, mientras que un 20% accedía al agua mediante un servicio comunitario (grifos públicos o "camiones aguateros"), y el 40% restante no tenía acceso alguno al agua. Doce años más tarde, a fines de 2007, y luego de haber invertido más de $150 millones en infraestructura, se logró elevar a 97% el porcentaje de la población con acceso al agua potable, y a 82% la proporción de personas con acceso al alcantarillado (incluyendo cloaca y cámara séptica)".

"Queda, no obstante, camino por andar. Según datos del Censo Nacional 2010, todavía un 25,8% de los hogares de Salta no cuenta dentro de su vivienda con cañería conectada a la red pública de agua, mientras que un 37,9% no tiene desagüe cloacal a la red pública".

A ello hay que agregar el problema del agua contaminada, problema que no es exclusivo de la provincia de Salta.

"El agua que se distribuye a la población de la provincia de Salta contiene muchas veces niveles de arsénico por encima del valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El consumo diario de agua con arsénico en una proporción mayor al límite sugerido por la OMS puede provocar hidroarsenicismo crónico regional endémico -enfermedad que se caracteriza por numerosas lesiones y tumores en la piel-, así como cáncer de vesícula, de riñón, y de pulmón, y enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores. Además del arsénico, en la provincia de Salta también hay casos de pozos contaminados con flúor, manganeso, nitritos, nitratos, y coliformes fecales, entre otros", puntualizó la legisladora en los fundamentos de su proyecto.

De acuerdo con el Código Alimentario Argentino vigente se otorgó un plazo de 5 años para que aquellas provincias en las que sus aguas tengan niveles de arsénico mayores a los permitidos se ajusten a la ley. Esto último se logra perforando pozos mucho más profundos o bien tomando el agua de ríos de alta montaña que no se encuentren contaminados. "Pero a pesar de que el plazo vence en enero de 2012, todavía no se han hecho las obras que garanticen agua potable (y segura) para los salteños", observó la senadora Escudero.