AVANZA EL PROYECTO DE LEY QUE INSTRUMENTARÁ UN PLAN DE DESARME EN LA ARGENTINA

En la tarde de ayer, en una reunión plenaria de comisiones del Senado Nacional organizada por la salteña Sonia Escudero (PJ) -que preside Seguridad Interior y Narcotráfico- se avanzó en el tratamiento del Proyecto de Ley sobre Régimen de Reducción de Uso de Armas de Fuego, por el que se instrumenta un Plan de canje de armas. Es impulsado por el Poder Ejecutivo nacional y ya tiene media sanción desde el 8 de noviembre. En el encuentro realizado en el Salón Azul, se escucharon las voces de los diferentes actores: representantes de Asociaciones de Tiro, de industriales y comerciantes de artículos de caza y pesca, de Organizaciones No Gubernamentales en favor del desarme, y hasta del padre de Alfredo Marcenac -el joven muerto en julio último a manos del tirador de Belgrano, Martín Ríos. Para defender la iniciativa oficial estuvo el Director del Registro Nacional de Armas, Andrés Meiszner. Junto a expertos internacionales se analizó, también, la experiencia de otros países en la implementación de planes de desarme, puntualmente los casos de Brasil y Australia. Si bien, hubo consenso absoluto entre los invitados sobre los beneficios del desarme de la sociedad civil, quedó claro que ello no bastará para terminar con el clima de inseguridad reinante. También generó dudas el artículo 1º del proyecto donde declara "la emergencia nacional por el término de un año en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados". "La declaración de la emergencia resulta demasiado amplia y genera dudas; abre la puerta a la cesión de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional y a la posibilidad de dictar por decretos normas que debieran pasar por el Congreso" -señaló Escudero. El titular del RENAR, le contestó que no era intención del gobierno utilizar la figura de la delegación para soslayar la actividad legislativa y que la emergencia enunciada en el artículo 1º de la ley "era meramente declarativa". Darío KOSOVSKY, integrante de la Red Argentina Por el Desarme manifestó que este proyecto "representa un momento histórico y un cambio de paradigma en materia de armas". Según estadísticas oficiales: "existen 1.120.000 armas en la Argentina", precisó. Sin embargo, otros estudios estiman que "serían 2.250.000 las armas en poder de la ciudadanía. Es decir, "entre un 10 y un 12% de los hogares argentinos tiene un arma de fuego". Dijo, además que "los hombres jóvenes pobres son los que más usan armas de fuego y, también, las principales víctimas por hechos de violencia cometidos con armas de fuego". Entre los puntos principales del proyecto de ley cabe destacar la "creación de un programa -que durará 180 días prorrogables por idéntico plazo- que consistirá en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo -que, se aclaró, no será dinero-, en puestos de recepción donde serán inmediatamente inutilizadas, para luego ser destruidas". Por otra parte, la iniciativa establece que la entrega voluntaria de armas no conllevará consecuencia legal alguna para las personas que las realicen. Los objetivos del proyecto son la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas, y la promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de armas. También se dispone realizar un completo relevamiento de las armas en poder de las fuerzas armadas y de seguridad, de donde se han detectado faltantes que luego se comercializan en el mercado negro. Durante el debate se conoció la exitosa experiencia desarrollada en Mendoza en el año 2001, donde en tan sólo 3 días "se entregaron 300 armas cuando se esperaban no más de 100, lo que demuestra la voluntad de la población por deshacerse de las armas", relató Gabriel CONTE de la Asociación Espacios y ejecutor de la Campaña de Canje de Armas llevada a cabo en la citada provincia. En una segunda etapa, se realizó un inventario de armas en poder de la policía y se procedió a destruir los stocks ociosos existentes en los depósitos judiciales, para evitar que pueda caer en el mercado ilegal, explicó. "Si las personas recurren al uso de un arma de fuego para su defensa, ello significa el fracaso del Estado, de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad", reflexionó. Por su parte, Ricardo RIO de la Federación Argentina de Tiro fue quien defendió os derechos de los legítimos usuarios: "las armas no sólo sirven para matar sino también para la práctica deportiva y la Argentina tiene campeones como es el caso de Cecilia Zeid quien se encuentra aquí presente. Nosotros no queremos armas para toda la gente, pero tampoco que se vean afectados el legal comercio de armas y las actividades deportivas de tiro". Cuestionó, además las leyes que se sancionan "pensando solamente en la Capital Federal y Gran Buenos Aires", y señaló que en el interior del país es común "ver campesinos con sus rifles que cazan para comer". Guillermo MUTTONI de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (AICACYP) agradeció la oportunidad de ser escuchados por la comisión, "en Diputados el proyecto pasó sin que el legítimo usuario ni el más grande de los fabricantes pudiese ser escuchado". Asimismo, criticó la declaración de emergencia de "una actividad comercial legal, que genera empleo, exportaciones, divisas y deportistas exitosos". Recalcó que "son los principales interesados en que todo el circuito de armas se haga dentro de la ley, pero nosotros no necesitamos la emergencia, nos reempadronamos tres veces, el RENAR es quien debe actualizar los registros. "No todos son Martín Ríos, él es la excepción que confirma la regla", agregó. El padre del joven Alfredo Marcenac, Andrés Marcenac, quien se encontraba presente entre los asistentes, sorprendió a todos cuando dijo: "soy el padre de la víctima de esa excepción, a mi hijo lo mató un legítimo usuario". Reclamó la actualización de los registros y advirtió: "no sabemos cuántos Martín Ríos más hay registrados en el RENAR". "El Ministro del Interior Aníbal Fernández dijo que el RENAR era un organismo que sólo registraba pero no actualizaba", reconoció el titular del Registro Nacional de Armas Andrés Meiszner. No obstante, se apuró por aclarar que "aquella persona que quiera portar un arma y sea legítimo usuario lo va a poder seguir haciendo, este proyecto no está en contra de ningún practicante de tiro ni ninguna armería". El caso de Brasil y Australia Ilona SZAVO de CARVALHO de la ONG Viva Río de Río de Janeiro, Brasil, explicó la implementación del plan de desarme en aquel país y sus resultados: durante el año y cuatro meses que duró la campaña se recolectaron 460 mil armas que luego fueron destruídas. A diferencia del programa que se busca implementar en la Argentina, allí se entregó entre 30 y 100 dólares por cada arma, aunque sólo el 20% dijeron haberla entregado por el dinero. Además, las muertes por armas de fuego se redujeron un 8,2%, cuando hasta ese momento la tasa crecía en el orden del 7%. El Profesor Phillips ALPERS de la Universidad de Sydney, Australia destacó que durante el plan de desarme lograron recolectar 820 mil armas y que luego de transcurridos 7 años desde la reforma de la ley de armas, el total de muertes por armas de fuego cayó un 43%, y en especial, el número de muertes en masacres.