QUIEREN MODIFICAR LA LEY DE INTELIGENCIA PARA MAYOR CONTROL DE LOS GASTOS RESERVADOS

En nuevo intento por avanzar en el control de los gastos reservados, se realizó ayer en el Senado Nacional una reunión que predidió la titular de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico Sonia Escudero (Salta-PJ) para continuar con el tratamiento de un proyecto de ley de modificación de la ley de Inteligencia Nacional a fin de mejorar el control legislativo de estos fondos y el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Se trata de una iniciativa elaborada por la Oficina Anticorrupción que fuera presentada por la ex senadora (hoy diputada nacional) Diana Conti (FPV). En el encuentro, se escucharon las opiniones del Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Embajador Horacio MENDEZ CARRERAS; del representante de MEMORIA ACTIVA, Dr. Pablo Jacoby; y del Director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Dr. Gastón Chillier. No hubo representantes de los organismos de inteligencia por lo que la senadora Escudero decidió enviar las versiones taquigráficas de las dos reuniones realizadas hasta el momento. Sonia Escudero explicó que la autora del proyecto, la hoy diputada Diana Conti, había manifestado mediante una carta "su pérdida de interés del tema por el tiempo transcurrido desde su presentación". Por otra parte, y sobre la base de un estudio sobre derecho comparado elaborado por la comisión, remarcó los principales inconvenientes de la legislación nacional vigente en materia de control y seguimiento de las actividades de los organismos de inteligencia: el acceso limitado a la información - en especial aquella relacionada con cuestiones operativas - por parte de la Comisión Bicameral que debe controlarlos ya que la misma "depende de la voluntad del Poder Ejecutivo que ha delegado en el Secretario de Inteligencia, es decir en el propio organismo controlado". En segundo lugar, se refirió a la conveniencia de la publicación de un informe por parte de la Comisión, que deberá poner a disposición de la ciudadanía sobre las actividades y funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, haciendo reserva de las informaciones *estrictamente secretas y confidenciales por tratarse de asuntos que hacen a la seguridad nacional*. Por último, y en procura de transparentar los gastos reservados, Escudero sugirió discriminar aquellos que tienen que ver con actividades de inteligencia de las erogaciones que hacen a cuestiones de funcionamiento de los organismos, cuyo carácter reservado no se justifica. La causa por AMIA estuvo presente durante todo el transcurso de la reunión. Al respecto, el director del CELS, Dr. Gastón Chillier (CELS) recordó que patrocina a Memoria Activa en un proceso de solución amistosa que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la causa que investiga ese atentado terrorista, donde el Gobierno Nacional no sólo reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención -a través de un decreto firmado por el Presidente Néstor Kirchner (N° 819/05)- sino que además se comprometió a realizar las reformas normativas necesarias para hacer más transparente el uso de los gastos reservados. De todas maneras y ante la falta de avances en este sentido, adelantó que plantearía esta situación en la próxima audiencia ante la Comisión Interamericana a realizarse en dos semanas en Washington. Sobre las modificaciones a la ley de inteligencia, coincidió en que uno de los puntos cuestionables es el acceso a la información y el proceso judicial, donde el juez "debería ser quien inicie la investigación sin requisitos previos. La regla debería ser el reenvío inmediato al juez que sigue la causa de toda la información que maneja el Estado, excepto en casos de seguridad nacional. El derecho al acceso a la información debe ser amplio con excepciones claramente justificadas". En caso de conlicto, propuso sea la Suprema Corte de Justicia quien dirima la cuestión. Consideró que debe haber plazos específicos para el otorgamiento de la información necesaria. "El Congreso debe tener acceso a toda la información de inteligencia para realizar un correcto control parlamentario" - señaló. En tanto, propuso aprovechar esta revisión de la ley de inteligencia para avanzar en el control de los gastos reservados mediante el diseño de un mecanismo efizaz, al tiempo que recomendó estudiar la factibilidad de avanzar en otro proyecto de ley para que la modificación de las partidas de los organismos de inteligencia sea de exclusiva potestad del Congreso. El Dr. Pablo Jacoby (Memoria Activa) se lamentó por la ausencia de funcionarios de la SIDE en la reunión, al tiempo que criticó el papel del Congreso en la causa AMIA señalando que "tuvo una actuación bastante penosa". Los terroristas actúan donde las legislaciones son más débiles", expresó el letrado de la causa AMIA. En ese sentido, consideró que como primer paso, sería importante definir el "terrorismo"; en segundo lugar señaló que es igualmente necesario definir el papel de los organismos de inteligencia ante la tramitación de causas por atentados terroristas. "Es inaceptable que sólo proporcionen información al juez cuando la relación es diáfana o amable" -reclamó. "Debería ser obligación de todas las agencias del Estado proporcionar toda la información necesaria a la investigación porque sino está destinada al fracaso"; excepto explicación fundada del Presidente por tratarse de cuestiones de Estado. En tercer lugar, sugirió la necesidad de formar un cuerpo de fiscales especializados en atentados y legislar sobre la manera de incorporar en las causas como elemento probatorio la información suministrada por servicios de inteligencia extranjeros en los juicios por casos de terrorismo internacional. Por último, criticó la "mala la utilización de los servicios de inteligencia como brazo operativo de la justicia, ya que no queda nada claro en la investigación y no se controlan los gastos realizados". En el mismo orden, consideró que las intervenciones telefónicas ordenadas desde el Poder Judicial deben estar en otro organismo y no en la SIDE. Al respecto la senadora Sonia Escudero explicó que desde hace más de dos años la comisión que preside viene trabajando en diferentes proyectos de ley articulando los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos la tipificación del financiamiento del terrorismo. "Desde esta comisión creemos que no se puede avanzar en la tipificación del financiamiento hasta no definir terrorismo -advirtió. No obstante, indicó que "se encuentra avanzado un anteproyecto elaborado por la Comisión Mixta contra el lavado de activos que funciona en el Banco Central, donde se han identificado las conductas descriptas en los convenios internacionales que ya están penadas en nuestra legislación, proponiendo el agravamiento de las penas cuando los actos delictivos tienen por objeto presionar a las autoridades para que tomen alguna medida". Indicó que también deberán existir modificaciones en el Código de Procedimiento. El Embajador Horacio Méndez Carreras (Rep. del Estado Argentino ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Causa AMIA) comenzó explicando el compromiso asumido por el Gobierno frente a esta causa, aunque reconoció la falta de avances en ese sentido. Hemos retrocedido ya que nos convocaron a una audiencia y no a una reunión de trabajo. Estuvieron presentes, además, los Senadores Roberto Basualdo, Isabel Viudes y Liliana Capos