13 de septiembre de 2006

CONTROL DE ESTUPEFACIENTES, PENALIZACIÓN DEL CONSUMO Y DESFEDERALIZACIÓN EN UN DEBATE EN EL SENADO

Un intenso debate sobre la actualidad en materia de prevención y control de estupefacientes, los planteos de inconstitucionalidad de la penalización del consumo, la jurisprudencia y la desfederalización de algunos delitos de estupefacientes, fueron los ejes de una Jornada de análisis que se llevó a acabo en la tarde de ayer en el Senado Nacional. Organizadas por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la salteña Sonia Escudero (PJ) y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) contó con la presencia de funcionarios, magistrados y destacados académicos de las diferentes corrientes - como es el caso del titular de la SEDRONAR José Granero y la Procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo - quienes abordaron una problemática como la drogadicción y el narcotráfico, un flagelo cada vez más frecuente en la Argentina.

Un intenso debate sobre la actualidad en materia de prevención y control de estupefacientes, los planteos de inconstitucionalidad de la penalización del consumo, la jurisprudencia y la desfederalización de algunos delitos de estupefacientes, fueron los ejes de una Jornada de análisis que se llevó a acabo en la tarde de ayer en el Senado Nacional. Organizadas por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la salteña Sonia Escudero (PJ) y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) contó con la presencia de funcionarios, magistrados y destacados académicos de las diferentes corrientes - como es el caso del titular de la SEDRONAR José Granero y la Procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo - quienes abordaron una problemática como la drogadicción y el narcotráfico, un flagelo cada vez más frecuente en la Argentina. Desfederalización La senadora Sonia Escudero, recordó el contexto que caracterizó la sanción de la Ley de desfederalización de algunos delitos menores previstos en la ley de estupefacientes (nº 26.052), luego de una "fuerte controversia", pero que "respondía a un pedido concreto de la provincia de Buenos Aires que, de hecho fue la única provincia que hasta el momento adhirió a esta norma, porque entendía que era la mejor manera de combatir los pequeños delitos o el comercio conocido como menudeo que es aquel de pequeñas dosis destinadas al consumo". Al respecto, la Dra. Lucila LARRANDART, Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.1 de San Martín y Vicedirectora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Buenos Aires, manifestó una posición muy crítica frente a esta norma a un año de su sanción porque "se pensó que con un cambio de competencia penal se iba a combatir el consumo de estupefacientes". Por el contrario, sostuvo que la modificación de competencias trajo aparejado "el congestionamiento de la justicia provincial por la falta de recursos humanos, económicos y de infraestructura" y, por otra parte un "desperdicio de recursos en el fuero federal". Agregó, que la ley habla de que la justicia provincial tiene competencia en aquellas causas de comercialización en dosis destinadas al consumo lo que genera conflicto porque no se sabe "quién determina cuál es la dosis". La Dra. María del Carmen FALBO, Procuradora General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en cambio defendió la reforma por cuanto "la competencia federal no atendía aquellas cuestiones que están cerca de la gente" aunque coincidió en que "no le corresponde al Poder Judicial la prevención". Asimismo, señaló que el organismo que conduce, se puso el énfasis en "reducir la oferta de estupefacientes a través de la persecución de la comercialización" y que para paliar la falta de recursos se formaron grupos de apoyo a los fiscales con grupos de civiles que ya estaba trabajando ya que sólo se crearon 120 nuevos cargos. Además, Falbo presentó una serie de datos estadísticos que indican que se iniciaron mayor cantidad de instrucciones penales desde la reforma - 9844 entre diciembre de 2005 y el 3 de septiembre de este año - de las cuales la mayoría (el 65,94%) correspondió a causas de tenencia simple y consumo personal; y en menor cantidad (32%) a causas de comercialización de estupefacientes. Siguiendo con las estadísticas, Falbo señaló que en el 83% de los casos se trataba de marihuana; un 16% de cocaína y sólo un 0,4% de pasta base o "paco" donde hay que "poner mayor atención". Por último, propuso una pequeña modificación a la ley vigente para penalizar también la tentativa de comercio. Fueron parte de este panel, también el Dr. Luis Pedro SORIA, Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Plata y Docente Universitario; y el Dr. Facundo OLIVA, Juez de Garantías del Departamento Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Prevención, Asistencia y Control El titular de la SEDRONAR, José Granero, por su parte, abogó por un trabajo mancomunado entre los organismos del Estado, las fuerzas de seguridad y la comunidad en la lucha contra las adicciones y el tráfico de droga; e hizo hincapié en la necesidad de rescatar los valores como la mejor política en este sentido. "Perder esta batalla es perder el futuro de la Nación" - advirtió. La Dra. Norma VALLEJO, Subsecretaria de Planificación, Prevención y Asistencia de la SEDRONAR y especialista en toxicología describió las graves consecuencias en la salud de una persona que provocan las adicciones en la coordinación motora como en las funciones cognitivas, la memoria y el juicio. Asimismo, explicó que el consumo de estupefacientes aumenta el riesgo de sufrir un infarto y triplica las posibilidades de sufrir un cáncer de pulmón, boca, mandíbula y laringe. Entre las sustancias de mayor consumo por los grupos vulnerables, resaltó el "paco" o pasta base de cocaína "sumamente tóxica y económica pues cada dosis cuesta $1 y un adicto puede llegar a consumir hasta 100 dosis diarias". El Dr. Eugenio NADRA, Coordinador del Consejo Científico Asesor Honorario de la SEDRONAR - quien manifestó que el problema de la droga es antes que nada un problema médico porque daña la salud y luego jurídico; además, sostuvo que la legislación penal es importante porque reprime el consumo "no basta con decirle a los jóvenes el daño que causa en la salud". Disertó en este panel también, el Lic. Diego ALVAREZ RIVERO, Director del Observatorio Argentino de Drogas, quien aseguró que "los inhalantes y la pasta base son las sustancias que mayor daño causan": En este panel, también participaron Gabriel ABBOUD, Subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la SEDRONAR; y el Dr. Julio de ORUE, Director del Registro Nacional de Precursores Químicos, que son aquellas sustancias químicas que se producen legalmante en la Argentina y necesarias en la fabricación de estupefacientes. JURISPRUDENCIA: PENALIZACIÓN O DESPENALIZACIÓN DE LA TENENCIA PARA CONSUMO PERSONAL En el último panel, mientras tanto, expusieron dos destacados constitucionalistas quienes presentaron dos posturas contrapuestas en relación a la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. El Dr. Santiago LEGARRE, Master de la Universidad de Oxford, Doctor en Derecho de la UBA y profesor de la Universidad Austral, señaló que "la jurisprudencia argentina sobre este tema ha variado mucho en la Argentina". Explicó que hubo tres pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia - en diferentes períodos de la historia - sobre la constitucionalidad de la penalización de la tenencia: dos fueron a favor y uno en contra (en la conocida causa de "Basterrica"). En este caso, los jueces entendieron que no podía penalizarse el consumo porque caía en el ámbito de las acciones privadas de los hombres que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional. "Si bien la jurisprudencia vigente penaliza la tenencia - indicó Legarre - existen algunos magistrados que reclaman un nuevo pronunciamiento de la Corte, teniendo en cuenta que cambió su composición". A su entender, es "peligroso y malsano para la estabilidad de la jurisprudencia" que con cada nueva conformación del Tribunal se exija un nuevo pronunciamiento. Por último, aseguró que "en realidad se trata de una decisión del Congreso si se corta la cadena y no se penaliza el último eslabón que es el adicto" El Penalista, profesor de Derecho de la UBA y Presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Dr. Ricardo HUÑIS, por su parte sostuvo que la problemática "trasciende los fallos de la Corte y nuestras fronteras". Dijo, además, que "no queda claro en que medida afecta la salud pública la tenencia de estupefacientes para consumo personal" y agregó que "hay que buscar otro camino que no sea su penalización porque con la legislación actual no ha bajado el consumo". El titular de la SEDRONAR, José Granero fue contundente: "estoy en contra de la despenalización del consumo porque además es una política de Estado. La realidad nos marca que cada tenemos mayores riesgos de consumo, nuestra juventud está cada vez más afectada y nos está generando cada vez más problemas de salud". Otro tema abordado fue el empleo de la marihuana en medicina, (algunos plantean despenalizar en estos casos) a lo que la Dra. Vallejo respondió que en los Estado Unidos y Gran Bretaña no se emplea la planta directamente sino un derivado de la misma para revertir los efectos de los tratamientos contra el cáncer. Sonia Escudero cerró la jornada afirmando que "un tema tan complejo como la drogadicción no se resuelve sólo con la penalización, sino con mayor presupuesto para generar las condiciones preventivas, para generar más condiciones favorables que desalienten el consumo; con más y mejores centros especializados en tratamiento de adictos a lo largo y ancho del país. Es preciso abrir el debate sobre estas cuestiones para buscar una nueva solución, un nuevo camino" - agregó. Estuvieron presentes, además, los senadores nacionales: Delia Pinchetti (Tucumán- Fuerza Republicana); Isabel Viudes (Corrientes-Partido Nuevo); y Roberto Basualdo (San Juan-Frente Producción y Trabajo); alumnos del Servicio Penitenciario Federal; y del 1º y 2º año de la carrera de Abogacía de la Universidad Austral.