EL BELGRANO CARGAS DEBE LICITARSE NUEVAMENTE

Buenos Aires, 28 de abril de 2006.-

Señor Secretario de Transporte de la Nación

Ing. RICARDO JAIME

Nos dirigimos a Usted en nuestro carácter de senadores nacionales y de ciudadanos argentinos, por este medio fehaciente, para efectuar una serie de consideraciones acerca del proceso licitatorio y condiciones de concesión al que fue sujeto el Ferrocarril Belgrano Cargas S.A, requiriéndole consecuentemente la reapertura del proceso licitatorio.

No está de más recordar que el Ferrocarril Belgrano Cargas posee importancia esencial para el transporte nacional, estimándose que en diez años aproximadamente el recorrido que éste realiza por catorce provincias argentinas se convertirá en una red estratégica, máxime si se tiene en cuenta el potencial de crecimiento que tienen los puertos del Pacifico y el comercio con Asia.

Es también de público conocimiento que la mencionada empresa ha sufrido en los últimos veinte años un profundo deterioro de su equipamiento y una gran caída en la toneladas de carga transportada, agravando este panorama la ausencia total de inversiones.

En tal sentido (y teniendo a consideración el proceso de reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, que el Poder Ejecutivo nacional ha abordado), en sesión ordinaria del Honorable Senado de la Nación con fecha 22 de marzo del corriente, se puso a consideración del Cuerpo un expediente ingresado como N° S-587/06 por el cual se declara el rechazo a la inclusión de la Federación Nacional de Camioneros para participar en calidad accionista y en los Órganos de Decisión y Administración de la Empresa Belgrano Cargas S.A.. Se argumentaba, en este sentido, que tal pretensión resulta contradictoria toda vez que si bien los distintos modos de transporte deben ser complementarios, los intereses gremiales de ese sector son opuestos a la finalidad de reactivación que se persigue.

Así, en declaraciones realizadas ante diversos medios periodísticos, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, el señor Hugo Moyano, ha sostenido que *Lo que nosotros queremos es tener una participación para regular el transporte, para que no nos fundan las empresas y para que no nos tiren los precios abajo, porque no pagan canon ni peaje. Al final, le subsidiamos los ferrocarriles y encima compiten con nuestro propio dinero para fundir nuestras empresas.* De ello se desprende claramente que el fin de la incorporación de la Federación Nacional de Camioneros y la participación directa del gremio es lisa y llanamente impedir el desarrollo y la explotación del Ferrocarril General Belgrano como factor de desarrollo del NOA y del NEA.

Ante el tratamiento de la mencionada iniciativa y con relación a expresiones que se han vertido en la citada sesión, el señor Hugo Moyano remitió una nota fechada el 10 de abril del corriente a los senadores nacionales representantes de las 14 provincias que integran la región por donde realiza su recorrido el citado ferrocarril.

Entendemos, mediante dicha nota, que por un lado se descalifica la actitud de las provincias que integran el recorrido del Ferrocarril Belgrano Cargas y, por otro lado, se intenta desacreditar no sólo la actitud de quienes hicimos algunas apreciaciones en la citada sesión, (versión taquigráfica, pp. 4 a 6) sino también la de aquellos senadores que hemos presentado diversos proyectos contrarios a la posibilidad de que participe la Federación Nacional de Camioneros en el proceso de reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas. Cito como tales a los expedientes números S- 587/06, S- 631/06, S- 636/06 y S-946/06.

Algunos tramos de la citada nota y muchos de sus términos son verdaderamente agraviantes; en otros, sencillamente se desconoce el pensamiento y la actitud que tienen las catorce provincias referidas sobre la cuestión; para más adelante dejar entrever claramente cuál es la autentica postura ante la reactivación del ferrocarril cuando se expresa: *... el ferrocarril no era siquiera un proyecto en la cabeza de esos ingleses que luego lo impusieron al Estado nacional bajo la forma de concesión y con una renta anual asegurada por régimen de subsidios" [...].

Y sigue: "Entonces el camión, con ese espíritu emprendedor de hormiga trajinante y sacrificada, heredado de las viejas y abnegadas carretas, tuvo que salir en todo tiempo a cubrir las defecciones que constantemente hacía el ferrocarril privado cuando las crisis económicas determinaban una baja considerable en sus niveles acomodados de rentabilidad*. Empiezan entonces las confusiones. Especialmente con relación al Ferrocarril Belgrano Cargas, que no es un ferrocarril privado. Precisamente es el único que ha sido administrado, justamente, por los trabajadores ¿por la Unión Ferroviaria¿ y que ha tenido problemas, de los cuales es responsable tanto el Estado nacional como también los trabajadores ferroviarios.

Se pasa entonces a cuestionar a los grupos trasnacionales, sosteniendo que "ya que algún miembro del Senado introdujo la cuestión de las ingentes sumas que en concepto de subsidios de explotación derrama el estado en los ferrocarriles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, no podemos dejar de mencionar que las beneficiarias de tamaños emolumentos sin contraprestación exigida son, junto a otras dos, precisamente EMEPA y Benito Roggio,[...] Dos empresas que desde siempre han vivido y lucrado de contrataciones con el Estado, en las cuales el componente fundamental siempre es el monto de subsidio involucrado, es decir en definitiva, meras administradoras de fondos públicos." Ahora (y sin solución de continuidad con estas manifestaciones), quien las realiza se sienta a la misma mesa con los dos máximos responsables de EMEPA y Benito Roggio, nada más y nada menos que para asociarse en... la mera administración de fondos públicos que tan vehemente criticara en sus declaraciones.

Porque esos subsidios (de carácter exorbitantes) que recibe el señor Benito Roggio y el grupo EMEPA, también son recibidos por la Federación Nacional de Camioneros (según el listado de beneficiarios del Sistema de Infraestructura del Transporte, de la Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura), y los mismos son de similares características. Es decir, exorbitantes.

Agreguemos a ello que es más que preocupante la falta de información al respecto: no se conoce la suma y el destino exacto de los subsidios de esta naturaleza, no se posee información acerca de cuántos son los recursos que van a ser manejados por los trabajadores ferroviarios, y un largo etcétera.

Quién es el restante socio en este particular emprendimiento, el señor José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) - quien estuviera reunido con el Presidente de la Nación analizando la situación del Ferrocarril Belgrano Cargas el día 18 de abril del corriente -, fue embargado por 50 millones de pesos en el marco de una causa por la que se lo procesó por estafa, encontrándose además al borde del juicio oral.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a TELAM (Boletín del 19 de abril del corriente año), precisando que el embargo fue dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 33, después que la Cámara del Crimen lo procesara por una supuesta estafa que habría sido cometida entre los años 1993 y 1998, mediante el desvío de más de treinta y cuatro millones de pesos de un fondo de la Unión Ferroviaria destinado a seguro de sepelios correspondiente a los afiliados de ese gremio.

Vamos a los fundamentos del fallo de la Cámara del Crimen, por sí mismos descriptivos: "no se encontraba acreditada la efectiva prestación de servicios; se habrían realizado en dinero en efectivo pese a tratarse de sumas elevadas y contar la entidad con cuentas bancarias; eran familiares de los directivos quienes aparecen como prestadores, en tanto que algunos de los supuestos proveedores tienen domicilio en el mismo edificio en el que funciona la mutual encargada de la administración del programa."

Otro de los accionistas privados que participa del 70 % del paquete accionario, en el marco del Decreto N° 446/2006 de fecha 20 de abril, es el empresario Francisco Macri, titular de (SOCMA).

En relación al señor Macri, el actual gobierno nacional expresó (TERRA, 20 de noviembre de 2003), a través del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que "dejamos de tener un Estado estúpido y tolerante que permite que un pícaro gane cuando todos los demás pierden", para seguir en que "confiamos que ninguna concesión tenga semejante nivel de incumplimiento por parte del concesionario." "No hubo ninguna concesión de servicios públicos con las características del Correo, donde el incumplimiento fue casi absoluto." Sumemos las declaraciones vertidas por el propio y actual Presidente de la Nación (CLARÍN, 20 de noviembre de 2003) donde sostiene que "logramos recuperar para el Estado el Correo que estuvo en manos de aquellos que no cumplieron ninguna de sus obligaciones."

Y que además el gobierno nacional, por medio del Decreto N° 1074/2003, rechazo todos los reclamos y peticiones que habían efectuado los directivos de Correo Argentino S.A.; completándose la ofensiva legal (CLARÍN, 20 de noviembre de 2003) con el dictado del Decreto N° 1075/2003, que estableció la rescisión del contrato "por culpa del concesionario" y dispuso la operación transitoria estatal del servicio.

El Honorable Senado de la Nación, en relación al programa de reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ha solicitado en reiteradas oportunidades la participación de los pertinentes funcionarios del gobierno nacional con el fin de que los mismos expongan los lineamientos trazados para el futuro del Belgrano Cargas. Pero lo único que se ha obtenido fue una nota presentada por uno de los futuros socios accionistas de este ferrocarril.

Sobre la cuestión del proceso licitatorio planteado por Resolución N° 454/04 de fecha 19 de agosto, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y encuadrado en el marco de la Constitución Nacional artículos 31, y 42, de la Ley N° 24.156, del Decreto 1023/2001 Capítulo I y de la Ley N° 23.696 artículo 16, cabe explicar que se presentaron a la compra del correspondiente pliego las empresas EMEPA, Benito Roggio, NSA con Bunge y Aceitera General Deheza, Ferrocarriles Bolivianos junto a Cargill, y un grupo empresario de origen estadounidense.

Entre los requisitos exigidos mediante el mencionado proceso licitatorio se describen los cinco años de experiencia como mínimos en el rubro, donde el operador debía contar con una participación mínima de 5% de las acciones sin poder vender bajo ninguna circunstancia sus acciones durante los primeros cinco años, inversiones en dólares estadounidenses, presentación de un plan de negocios detallado garantizando la concesión en dólares, diferentes tipos penales por causas que produjeran desviaciones respecto del plan de negocios ofertados, que iban desde la falta de alcance de los volúmenes comprometidos y diversos incumplimientos.

A los que se les sumó la obligatoriedad de mantener el puesto de trabajo de los mil quinientos noventa empleados del Ferrocarril Belgrano Cargas, seiscientos de ellos provenientes de las Cooperativas de vías y obras y Talleres Alta Córdoba incorporados en el año 2003 en forma previa al proceso de licitación, la sola consideración de fuerza mayor por casos naturales, la capacidad empresarial mínima de doscientos cincuenta millones de dólares demostrables a través de sus balances y la prohibición de ofertas condicionadas, punto este último que provocó que los compradores del pliego se retiraran del proceso licitatorio

Así, por Resolución N° 1.277 de fecha 27 de septiembre de 2005, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios declaró desierto el aludido proceso licitatorio, en función de que ninguna de las empresas oferentes cumplió con las condiciones de licitación. Pero inmediatamente se arbitra un nuevo proceso licitatorio en el marco de la declaración de emergencia del Ferrocarril Belgrano Cargas por Decreto N° 446/06, y siendo el mismo utilizado por el gobierno nacional como instrumento económico para la realización del salvataje del ferrocarril.

Pero los requisitos exigidos en esta ocasión son más que diferentes y desproporcionados en relación a los pretendidos en el anterior proceso. Agravándose por el hecho de no encontrarse el mismo encuadrado dentro de las condiciones establecidas por las Leyes N° 24.156, 23.696, Decreto N° 1023/2001 y nuestra Carta Magna.

Es entonces que no se exige experiencia de ningún tipo por parte del operador, el subsidio requerido de doscientos cincuenta millones de dólares será aportado por el gobierno nacional, aunque circulan versiones periodísticas (Clarín 19 de abril de 2006) que dan cuenta de un aporte del Estado de setecientos cincuenta millones de dólares y un aporte por parte del sector privado que se desconoce el monto, además de un crédito que tomará el Estado de novecientos millones de dólares de los cuales no se sabe su destino.

No se han solicitado garantías en dólares ni cumplimiento de ningún plan, no existen penalidades de ningún tipo, se desconoce a la fecha el tipo de garantías requeridas, el gobierno nacional otorgo un subsidio para el pago de los sueldos de los empleados del Ferrocarril Belgrano Cargas durante la etapa de gerenciamiento y desconocimiento de las condiciones posteriores de la concesión, no se posee información sobre si los recursos del Estado podrán ser o no utilizados para la licuación de los mismos previamente al traspaso de acciones, se desconoce la existencia de previsión en caso de fuerza mayor y no se tiene información sobre la capacidad solicitada de facturación a los accionistas.

Es así que teniendo en cuenta la vergonzosa situación que envuelve el proceso de reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. se solicita tenga a bien requerir al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) todas las actuaciones realizadas por el Estado nacional, sus contestaciones, presentaciones de los oferentes, resoluciones de la Autoridad de Aplicación y toda otra información respecto al proceso licitatorio del mismo, en el marco del Decreto N° 1172/2003, artículos 6°, 7°, 8°, 10, 11, 12, 13 y 14 del mismo, con el fin de ser las mismas remitidas a esta Honorable Cámara de Senadores.

Además, haciendo uso de reserva de nuestro derecho a accionar judicialmente, le solicitamos con carácter de urgente se proceda a la reapertura del proceso licitatorio conforme las condiciones actuales, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, y respaldar de esta manera un procedimiento transparente y sin ventajas deshonestas.