15 de
octubre de 2026
PASÓ A LA FIRMA EL DICTAMEN SOBRE LA ADHESIÓN DE LA ARGENTINA AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES
Durante una reunión plenaria de comisiones, investigadores científicos y representantes de organizaciones sociales y vinculadas con la salud expusieron sus posturas sobre la iniciativa.
Hoy a partir de las 14 horas, en el Salón Arturo Illia, se realizó una reunión plenaria de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio, presidida por los senadores Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) y Marcelo Lewandowski (Justicialista), respectivamente. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el tratamiento de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional para la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El proyecto propone la adhesión del país a este acuerdo internacional, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que busca unificar y simplificar los procedimientos iniciales para la presentación de solicitudes de patentes en distintos países. La iniciativa ya había sido aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados.
Al abrir la reunión, el senador Francisco Paoltroni repasó el recorrido parlamentario del expediente y explicó que la Cámara baja había aprobado el proyecto con una reserva sobre uno de sus artículos. En ese sentido, señaló que el plenario abordaría ese punto para continuar con el tratamiento de la iniciativa. Asimismo, destacó la importancia de avanzar con la adhesión al tratado y advirtió sobre la situación de la Argentina en el escenario internacional. "La Argentina es uno de los pocos países que no está adherido a este importante tratado", afirmó. Además, recordó que el marco vigente en el país en esta materia se remonta a un acuerdo de 1884.
Por su parte, el senador Marcelo Lewandowski se refirió a la metodología de trabajo prevista para avanzar con el dictamen y explicó que se había propuesto convocar a distintas organizaciones interesadas en la discusión, en particular para que pudieran expresar sus posiciones sobre la reserva al artículo aprobada por la Cámara de Diputados. En ese sentido, indicó que las entidades habían solicitado participar del debate para brindar sus puntos de vista y contribuir al análisis parlamentario de la iniciativa.
En tanto, la senadora Patricia Bullrich destacó la relevancia del instrumento internacional para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. Durante su intervención, repasó los alcances del tratado y aclaró que su adhesión no implica la creación de una patente mundial ni obliga a la Argentina a conceder patentes. También remarcó que el país conserva la facultad de decidir qué invenciones merecen protección de acuerdo con su legislación nacional. "Este tratado no crea una patente mundial ni obliga a la Argentina a conceder patentes. Tampoco le quita a nuestro país la facultad de decidir qué invenciones merecen protección conforme a nuestra legislación", sostuvo Bullrich. Asimismo, explicó que el acuerdo establece un procedimiento internacional de cooperación destinado a facilitar la presentación, la búsqueda y la tramitación de solicitudes de patentes. "Una cosa es cooperar internacionalmente para facilitar procedimientos y otra cosa distinta es renunciar a la capacidad nacional de decidir, y este tratado no implica esa renuncia", afirmó. Finalmente, subrayó que el instrumento constituye "una herramienta fundamental para instituciones tanto públicas como privadas".
A su turno, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) planteó la necesidad de profundizar el análisis de las reservas contempladas en el capítulo II del proyecto y pidió precisiones sobre sus alcances. En ese sentido, advirtió sobre los posibles efectos de la adhesión al tratado en el desarrollo tecnológico nacional: "Si este modelo es un juego que nos perjudica, habría que preguntarse si, en lugar de favorecer al país en materia tecnológica, lo que hacemos es aumentar el grado de dependencia", señaló. En coincidencia con estas inquietudes, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) consideró necesario que el Poder Ejecutivo Nacional brinde precisiones sobre la situación de las patentes en la Argentina. Si bien manifestó su acuerdo con los argumentos expuestos por Bullrich respecto de los alcances del tratado, señaló que el debate también debía contemplar las políticas nacionales en materia de medicamentos: "Estoy de acuerdo con su opinión, porque es importante que el Poder Ejecutivo nos dé una visión", expresó Andrada. En ese marco, consultó sobre la derogación de criterios vinculados con la patentabilidad de determinados medicamentos, el estado del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y los mecanismos vigentes para la gestión de las patentes farmacéuticas.
Posteriormente, expusieron representantes de organizaciones vinculadas con la salud, los medicamentos y el acceso a los tratamientos. Entre ellos, Lorena Di Giano, integrante de la Red Argentina de Investigadores en Salud y de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, manifestó sus reparos a la iniciativa y cuestionó los beneficios que, a su entender, tendría para el país la adhesión al PCT: "Argentina se negó sistemáticamente a adherir al PCT porque consideraba que no aportaba beneficios y, de esa manera, evitó el ingreso de una gran cantidad de patentes farmacéuticas. La industria farmacéutica multinacional utiliza este sistema, basado en una lógica de lucro, para introducir pequeñas modificaciones en medicamentos existentes y buscar extender por 20 años más la exclusividad comercial. Por ese motivo, en 2012 se adoptaron las guías de patentabilidad, con el objetivo de favorecer la innovación genuina", sostuvo.
Al finalizar su exposición, la representante advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y sanitarias de la medida y pronosticó un aumento "exorbitante de precios en los medicamentos y la quiebra de muchas obras sociales" si la iniciativa fuera aprobada. En continuidad con los planteos expuestos anteriormente y antes de concluir el encuentro, compartieron sus puntos de vista Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Mariela Bacigalupo, integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP); y Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute, quien advirtió que la medida pondría en "riesgo la industria farmacéutica nacional y la capacidad del Estado de decidir qué entra a nuestro sistema de salud"
