SE CONVIRTIÓ EN LEY EL NUEVO RÉGIMEN DE ZONAS FRÍAS Y SE APROBÓ, CON MODIFICACIONES, LA CARTA ORGÁNICA DEL BCRA

La Cámara alta abordó el proyecto venido en revisión que modificó la Ley 24.144, correspondiente a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cual obtuvo 46 votos positivos y 22 negativos en su votación en general. La iniciativa circunscribe la misión primaria del organismo a preservar el valor de la moneda y modificó sus facultades regulatorias sobre los sistemas de pago, el crédito y otras actividades financieras y cambiarias. También establece la prohibición de adquirir títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la posibilidad de adelantar fondos para atender los servicios de la deuda pública por cuenta del Gobierno nacional.

Asimismo, modifica el régimen de reservas, el tratamiento de los activos externos, el régimen de utilidades y pérdidas y las transferencias de utilidades al Gobierno Nacional, que sólo podían destinarse a cancelar deuda pública previa recomposición del capital cuando correspondiera.

En su carácter de miembro informante, el senador Agustín Monteverde (LLA) destacó las modificaciones acordadas entre los distintos bloques respecto del mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. "El proyecto que vamos a tratar, por acuerdo de todos los bloques, ha sufrido una modificación en lo que hace al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central", explicó.

La reforma incorpora un nuevo artículo que establece que "el presidente, vicepresidente y directores serán designados por acuerdo del Senado por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros". Además, los directores tendrán un mandato de seis años. En cuanto a la remoción de las autoridades, se modificó la propuesta original del Poder Ejecutivo, que contemplaba hacerla mediante el voto de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. El texto acordado establece que la eventual remoción por parte del Poder Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Senado por mayoría absoluta.

Monteverde destacó precisamente este cambio al señalar que "los directores requerirán del acuerdo del Senado por mayoría absoluta, tendrán un mandato de seis años y que su eventual remoción por parte del Poder Ejecutivo también necesitará la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta". Las modificaciones fueron aprobadas por dos tercios del Cuerpo, por lo que el proyecto debe regresar a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento.

Asimismo, el legislador sostuvo que la reforma busca modificar los mecanismos institucionales que habían regido el funcionamiento del Banco Central durante las últimas décadas. Al referirse al período 2003-2023, afirmó que se había producido "un proceso de deterioro institucional" y señaló que la pérdida de reservas líquidas, a valores actualizados, había alcanzado los 116.000 millones de dólares. También cuestionó el uso de letras intransferibles, los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades como mecanismos de financiamiento del Tesoro y sostuvo que parte de las utilidades contabilizadas por el Banco Central había estado vinculada con la devaluación de la moneda.

Por último, Monteverde destacó que "esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo".

Por su parte, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) sostuvo que el proyecto no aborda de manera integral las modificaciones necesarias y consideró que "están dadas las condiciones para que vuelva a la Cámara de Diputados". En ese sentido, afirmó que las reformas deben realizarse "de manera estructural" y consideró que, tal como están formuladas, resultan "insuficientes e incongruentes". Asimismo, planteó que el debate debe contemplar cuatro reglas en profundidad: "una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad".

A su turno, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) anticipó el acompañamiento del proyecto en general y señaló que su bloque no dará "un cheque en blanco", por lo que plantearía una discusión diferenciada durante el tratamiento en particular.

Al momento de los cierres, el senador Martín Goerling Lara (PRO) expresó que acompañarán la iniciativa y planteó tres puntos fundamentales por la que "creemos que esa reforma es positiva para la Argentina: Uno es el fin del Banco Central como cajero automático del Estado; segundo, el fin de la ganancia ficticia de la continuidad mágica que siempre tenían los balances del Banco Central; y tercero, la independencia real, que se establece que la misión primaria e indivisible del Banco Central sea preservar el valor de nuestra moneda".

Del mismo modo, el senador Eduardo Vischi (UCR) expresó su apoyo a la reforma y dijo que durante décadas la Argentina cometió el crimen de usar el Banco Central "como una fotocopiadora. Nos dijeron que imprimir era ponerle plata en el bolsillo a la gente", y subrayó que "el Banco Central no puede ser la caja de ahorro de los gobiernos de turno".

En contrapartida al proyecto se mostró el senador José Mayans (Justicialista) que comenzó desglosando como están conformadas hoy, después de 1000 días del gobierno del presidente Milei, las reservas internacionales del Banco Central, para resumirlas en "5.826 mil millones negativos", al tiempo que también apuntó que la deuda creció. "Es una farsa lo de la independencia, quieren reformar el Banco Central para que saquen plata sin límites con los ahorros de la gente", remarcó y cerró diciendo que se oponían "totalmente", a lo que sólo acompañaban la reforma del tema de designación y mandato de autoridades.

Para finalizar los cierres de bloque, la senadora Patricia Bullrich (LLA) subrayó que: "Esta no es una ley cualquiera, es una misión clara; necesitamos que el Banco deje de ser una caja al gobierno que financió sin fondos". "Estamos desarmando ese diseño que se armó en 2012 y volviendo a la misión primaria de preservar la moneda", manifestó inclinándose en forma afirmativa a la propuesta de reforma.

Por otra parte, el Senado trató el proyecto venido en revisión referido a la readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, la regularización de deudas eléctricas y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013, que fue aprobado con 38 votos afirmativos y 8 negativos. La iniciativa modifica el régimen de Zonas Frías y establece que el Fondo pasará a financiar una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes. También incorpora una bonificación adicional para determinados usuarios residenciales incluidos en el Régimen de Subsidios Focalizados, de acuerdo con su ubicación y situación socioeconómica.

El proyecto mantiene los beneficios para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque elimina de la ley el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos y faculta al Poder Ejecutivo a determinar el alcance y las modalidades del beneficio.

En tanto, en materia eléctrica se establece un mecanismo para determinar y compensar las diferencias de ingresos que distribuidoras y transportistas dejaron de percibir como consecuencia de leyes de emergencia tarifaria. En el caso de las distribuidoras, la compensación se aplica a deudas con CAMMESA, mientras que para las transportistas se contempla la compensación de penalidades contractuales, condicionada al desistimiento de reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Además, la iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de tributos específicos, cánones o regalías sobre el acceso y la utilización de fuentes renovables de energía. En relación con el gas natural, modifica el régimen de traslado a tarifas del costo de adquisición del gas y establece su traslado automático cuando el costo surgiera de procesos competitivos conforme a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Al comenzar, como miembro informante, la senadora Flavia Royón (Primeros Los Salteños) expuso que el proyecto tiene un conjunto de medidas tendientes a dotar de mayor transparencia y ordenar el marco energético. Seguidamente enumeró los cinco puntos centrales de la iniciativa: "Primero, modifica el régimen de zonas frías; se refiere a las deudas del mercado eléctrico mayorista; después aborda criterios de las tarifas de electricidad de gas; actualiza el marco normativo para energías renovables; y por último deroga regímenes hidrocarburíferos que hoy ya fueron reemplazados por instrumentos más modernos".

Royón hizo hincapié sobre el punto más sensible y remarcó que el proyecto reconoce que "vivir en una zona fría genera una necesidad energética mayor, por eso se sigue contemplando cuestiones bioclimáticas para alcanzar condiciones adecuadas de calefacción para los usuarios". A continuación, aclaró que se distingue entre la Zona Fría original, compuestas por las regiones de Patagonia, Malargüe y La Puna y la zona fría ampliada: "El proyecto ratifica la zona fría original y para el caso de zona ampliada pasa de un criterio de región geográfica a un criterio donde se incorpora el nivel socioeconómico de la familia y un consumo razonable, es decir subsidios focalizados".

Después de explicar que los subsidios se nutren de un fondo que lo "terminan financiando todos", Royón dijo que el nuevo proyecto "es mucho más justo y equitativo. Es regresivo que una persona humilde del norte o del centro del país esté financiando indirectamente a aquel que, por estar en una zona geográfica puede pagar su factura y no lo hace".

Sin embargo, en el momento de su intervención, José Carambia (Movere Santa Cruz) se mostró en contra del proyecto: "Nosotros no podemos tolerar ni una suba del 1% de tarifas de gas, las cuales promedian como mínimo los 300 mil pesos. Debemos tener una excepción, al igual que Tierra del Fuego". También, apuntó que hay "otro error en la norma, porque no es lo mismo una canasta básica o el costo de vida de la Patagonia que roza un 20% más que la zona centro del país, entonces creo que debería aumentarse el mínimo no imponible".

Antes de la votación, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) apoyó la necesidad de revisar el esquema vigente de subsidios al gas para recuperar un criterio de focalización que contemple las particularidades de cada región del país. En ese sentido, cuestionó la ampliación de la zona fría dispuesta en 2021 y advirtió que "durante años hemos confundido en Argentina política social con populismo, solidaridad con subsidios indiscriminados, ampliación de derechos con beneficios sin criterio, y hemos confundido federalismo con ignorar las realidades de cada región". La legisladora remarcó que una política de subsidios generalizada puede comprometer tanto la eficiencia del sistema, como la continuidad del beneficio para los hogares que realmente lo necesitan.

Por último y en defensa del proyecto, Terenzi planteó que el mismo busca ordenar un régimen que, a su criterio, se fue desvirtuando: "La reforma que hoy estamos tratando acá vuelve a poner el foco en las verdaderas necesidades de cada región".