SE CONVIRTIÓ EN LEY INOCENCIA FISCAL II Y EL NUEVO RÉGIMEN DE BIOCOMBUSTIBLES OBTUVO MEDIA SANCIÓN

PLIEGOS JUDICIALES

Tras varias cuestiones de privilegio planteadas por diversos senadores, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, dio lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando prestar acuerdo para designaciones del Poder Judicial y Ministerio Público.

Posteriormente, la Cámara alta trató y aprobó por unanimidad (66 votos afirmativos) tres acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en tribunales nacionales. Se trata del pliego de Juan Manuel Mejuto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal. También fueron considerados los pliegos de Alejandro Javier Catania, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, y de Pedro Galván Greenway, como vocal de la Sala A de ese tribunal.

TRASPASO DE COMPETENCIAS PENALES A LA CIUDAD

A continuación, el Senado le otorgó media sanción, con 44 votos afirmativos y 21 negativos, a los convenios para la transferencia progresiva de determinadas competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los acuerdos establece el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores. La Ciudad asumirá la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aun cuando al momento del juicio ya sean mayores de edad.

El convenio también comprende a los adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, con el objetivo de preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del convenio permanecerán en la Justicia Nacional, incluida la ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas.

Asimismo, el Parlamento trató el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales, que comprende delitos no federales contra el honor, la integridad sexual y la libertad, además de figuras vinculadas con el transporte y las comunicaciones, la propiedad intelectual, el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre. En ambos casos, la entrada en vigencia quedó prevista a los 120 días corridos de la aprobación de los convenios por el Congreso y la Legislatura porteña y de la suscripción del acuerdo específico de transferencia de recursos.

Al respecto, el senador Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), en calidad de miembro informante, explicó los alcances de los convenios destacando que en la reunión plenaria se recibió a funcionarios, representantes de empleados y organizaciones, en un ámbito plural en el que, según remarcó, "se escucharon todas las voces". En ese sentido, sostuvo que se trata de "una cuestión de gran relevancia institucional" y recordó que el proceso comenzó en el año 2000 y que el Congreso lo convalidó en distintas oportunidades. Con una referencia directa a la continuidad de esta política, Guzmán Coraita afirmó que lo que se encuentra en tratamiento constituye "una política de Estado sostenida en el tiempo por gobiernos nacionales y locales de distinto signo político". De este modo, el sanador dejó implícito que la discusión actual no debería interpretarse como una iniciativa aislada de una determinada gestión, sino como la continuidad de un proceso institucional que atraviesa diferentes administraciones.

Por su parte, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) mostró su desacuerdo y adelantó que votarán en contra de los dos expedientes destacando que "desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera".

INOCENCIA FISCAL II

Con 44 votos positivos y 23 negativos, el pleno aprobó y convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de procedimientos tributarios y establece una modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. La propuesta modifica los criterios para determinar la existencia de una discrepancia significativa y establece nuevas condiciones para acceder y permanecer en el régimen simplificado.

Entre otros aspectos, la iniciativa amplía el universo de contribuyentes alcanzados, modifica las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y establece mecanismos vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones. Además, dispone una reducción automática del 25% de determinadas multas por incumplimientos formales para mipymes, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales; incorpora disposiciones para regularizar determinadas obligaciones fiscales y crea un régimen especial de reducción de multas para ciertos incumplimientos anteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Al respecto, el senador y miembro informante Bruno Olivera Lucero (LLA), luego de repasar los principales artículos de la medida, explicó que el proyecto busca que los argentinos que mantuvieron sus ahorros fuera del sistema financiero, por temor a controles o sanciones del Estado, puedan reincorporarlos al circuito bancario. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es brindarles la seguridad necesaria para disponer de esos fondos "sin temor de que el Estado los va a perseguir".

Olivera Lucero remarcó además que la incorporación de esos recursos al sistema permitiría dinamizar la economía, generar empleo y ampliar el acceso al crédito. "Lo que nos sirve es que ese dinero esté en el sistema bancario, que eso genere trabajo y crédito y que esa plata escondida deje de ser plata muerta", afirmó. Según señaló durante su exposición, se estima que unos 170 mil millones de dólares se encuentran actualmente fuera del sistema, por lo que consideró que el ingreso de una parte de esos ahorros podría representar "una luz para nuestra economía". Al finalizar, les solicitó a sus pares el acompañamiento a este proyecto: "Para que hoy se convierta en ley".

Del mismo modo, la senadora Silvana Schneider (UCR) defendió la iniciativa argumentando que el objetivo principal es "mejorar la aplicabilidad de la Ley de Inocencia Fiscal Nº 27.799 aprobada a fines del año 2025". Asimismo, sostuvo que: "Esta ley no pretende ser solo un renglón técnico sino un puente para recuperar la confianza y construir un país donde la buena fe del contribuyente sea la regla y no la excepción". En contraposición, el senador José Mayans (Justicialista) expresó su rechazo a la propuesta al señalar que: "Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados".

Al finalizar, la senadora Patricia Bullrich (LLA) defendió la iniciativa y afirmó: "Conozco muy bien los mecanismos del lavado de activos y hemos luchado permanentemente contra el lavado proveniente del narcotráfico y de la corrupción". En ese marco, sostuvo que el proyecto concentra su atención en quienes "han ahorrado de buena fe" y permite "brindarle confianza al ciudadano".

DESIGNACIONES CONSULARES

El Senado acompañó por unanimidad con 64 votos los 12 acuerdos que designan cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios de distintos países en ciudades argentinas. Entre ellos, se encuentran Oscar Enrique Martín, como vicecónsul honorario de España en General Pico; Flavia Lorena Seage, como vicecónsul honoraria de España en Puerto Iguazú; y Raúl Enrique Burgos, como vicecónsul honorario de España en San Salvador de Jujuy.

También se consideró la designación de José Carlos Arcagni como cónsul honorario de Letonia en la Ciudad de Buenos Aires; Juan Luis González Landa como vicecónsul honorario de los Estados Unidos Mexicanos en Mendoza, con jurisdicción en San Juan y San Luis; Javier José Calviño como cónsul honorario de la República Democrática de Timor-Leste en San Isidro, con circunscripción consular en todo el territorio nacional; y Rodolfo Ernesto Caffaro Kramer como cónsul honorario del Reino de Camboya en la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, fueron tratados los acuerdos para Daniel Amado, como cónsul honorario de Portugal en Comodoro Rivadavia; Carolina Patricia Kahr Pira, como cónsul honoraria de Austria en Mendoza; Germán Enrique Böttger, como cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Miguel de Tucumán; Oriana Laura Fossati, como agente consular adjunta del Consulado de la República Italiana en Mar del Plata; y Jorge Luis Pérez Alati, como cónsul honorario de la República de Singapur en la Ciudad de Buenos Aires.

HÉROES NACIONALES Y DÍA NACIONAL EN HONOR A GUILLERMO BROWN

La Cámara alta también avaló proyectos vinculados con el reconocimiento y la conmemoración de figuras de la historia nacional. De esa manera, dio media sanción a la declaración como Héroe Nacional post mortem al general Manuel Eduardo Arias, memoria a su actuación en las guerras por la independencia. Asimismo, convirtió en ley la declaración de Héroe Nacional al brigadier Estanislao López, denominado "Patriarca del Federalismo Argentino", en reconocimiento a su trayectoria y a su participación en la defensa de los ideales federales y republicanos.

Por otra parte, el Senado acompañó, con media sanción, la medida que establece el 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown, en reconocimiento a su trayectoria como creador, fundador y comandante de la Escuadra Naval de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La norma dispone la incorporación de la efeméride al calendario escolar y la realización de actividades educativas y oficiales destinadas a difundir la figura y el legado histórico del almirante.

PARQUE INTERJURISDICCIONAL MARINO MONTE LEÓN

A continuación, el cuerpo aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto que ratifica el Convenio de Creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, suscripto entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Cruz. El área protegida tendrá una superficie marítima de 1.023 kilómetros cuadrados frente al Parque Nacional Monte León y será administrada conjuntamente por ambas jurisdicciones, con el objetivo de preservar el ecosistema marino, proteger especies y hábitats, promover la investigación y el monitoreo ambiental y habilitar actividades sostenibles. La gestión estará a cargo de una Comisión Ejecutiva integrada por representantes de la Administración de Parques Nacionales y de la provincia, mientras que el financiamiento será asumido en partes iguales.

BIOCOMBUSTIBLES

El último de los temas abordados en la sesión de hoy fue el nuevo marco regulatorio para las actividades de elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles, que reemplaza el régimen establecido por la Ley 27.640, el cual alcanzó la media sanción con 41 votos positivos y 25 negativos.

La senadora Flavia Royón (Primero los Salteños), miembro informante, destacó que el dictamen puesto a consideración era resultado de un amplio proceso de construcción legislativa, en el que las comisiones analizaron siete proyectos de distintos senadores, provincias y espacios políticos, con el objetivo de compatibilizar sus aportes en un régimen común. En este sentido, señaló que la diversidad de iniciativas refleja el interés de distintas regiones y sectores por los biocombustibles, una actividad que involucra intereses productivos, energéticos y federales. Asimismo, sostuvo que el dictamen busca "preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes", al tiempo que procura avanzar hacia un marco "más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías".

La iniciativa, presentada por Royón, establece una vigencia de 15 años y designa a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. El nuevo esquema fija un corte obligatorio mínimo de biodiesel del 7,5% del volumen final del gasoil o diésel oil comercializado en el país, que aumentará al 10% a los 12 meses de la sanción de la ley.

Para el bioetanol, establece un corte mínimo del 12% de las naftas, que se elevará al 15%, también a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen, reserva un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz. Incorpora un sistema de subastas en un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y establece la publicación de precios de referencia para biodiesel y bioetanol.

También habilita la incorporación de biocombustibles por encima de los mínimos establecidos, regula la producción y comercialización de biometano y del combustible sostenible de aviación —SAF o Biojet— y contempla la posibilidad de importar biocombustibles ante situaciones de escasez de abastecimiento. El régimen prevé, además, un período de transición para el mercado de biodiesel hasta el 1° de enero de 2036 y deroga la Ley 27.640 y su normativa reglamentaria y complementaria.

Por último, durante los cierres de los bloques políticos, el senador Flavio Fama (UCR) se manifestó a favor de la iniciativa. En su intervención, sostuvo que la ley incorpora "una visión diferente de apertura para la construcción de un mercado más competitivo" y señaló que, a largo plazo, busca generar condiciones de mayor competitividad. En ese sentido, destacó que el funcionamiento del mercado podría contribuir a reducir los precios de los biocombustibles que consume la población.

A su turno, el senador José Mayans (Justicialista), expresó preocupación por las empresas de diferentes provincias que van a sufrir la modificación del corte "ya que perjudica a los pequeños productores y éstos quedan en manos de los grandes". A su vez resaltó que van a votar a favor "por unanimidad si vemos que hay sensatez en este aspecto" pero que en caso de no modificar el cálculo de corte, "no podemos acompañar por solidaridad a estas provincias que, sin distinción de banderas políticas, nos están advirtiendo que se les mueren las empresas del lugar".

Al finalizar las alocuciones, la senadora Patricia Bullrich (LLA) destacó que gracias a la ley antimonopolio "ninguna empresa puede superar el 20% de bioetanol comercializado para el corte obligatorio. Por eso es que acá se busca más jugadores y más competencia". "Esto es una transición, no un salto al vacío. Estamos dando tiempo, volumen y previsibilidad para competir en el mercado que viene. No los estamos dejando tirados y planteamos una capacidad de transformación en una cantidad de años", manifestó al referirse a los reclamos sobre una posible pérdida de puestos de trabajo.