LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE ANALIZÓ EL NUEVO SISTEMA DE CONCESIONES VIALES

Al comenzar, Campoy realizó un repaso de la situación en la que se encontraban las concesiones viales al inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese sentido, explicó que en 2023 existían aproximadamente: "6.700 kilómetros de rutas nacionales concesionadas sobre una red vial nacional de unos 40.500 kilómetros". Recordó que entre los corredores concesionados se encontraba el denominado Corredor Vial Nacional N° 18, que incluía el puente Rosario-Victoria y cuya concesión finalizó en 2025. También mencionó los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires, cuyos contratos cuentan con renegociaciones hasta 2030 y comprenden aproximadamente 175 kilómetros. Asimismo, hizo referencia a la denominada Red de Corredores Viales, conformada por rutas que habían sido transferidas del sistema de concesiones a medida que vencían los distintos contratos.

El funcionario compartió imágenes del estado en que fueron recibidas algunas de las rutas nacionales y aseveró que algunas se encontraban:"totalmente destruidas y en un estado deplorable". También informó sobre la existencia de "muchos contratos vencidos y judicializados". A partir de ese diagnóstico, el Administrador General de Vialidad Nacional explicó que se diseñó un nuevo sistema de concesiones basado en criterios diferentes a los utilizados anteriormente y en línea con la política de la actual gestión. Según detalló, uno de los principios centrales consiste en transferir al sector privado la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de los corredores, procurando que las concesiones sean autosustentables y no requieran subsidios estatales.

Además, señaló que se estableció como premisa que los procesos de licitación sean públicos y abiertos, tanto a empresas nacionales como internacionales. A esto se sumó la fijación de una tarifa máxima, con el objetivo de evitar incrementos que puedan perjudicar a los usuarios. Otro de los criterios centrales del nuevo esquema está relacionado con la obligación de realizar tareas de mantenimiento y puesta en valor de las rutas. Campoy explicó que durante el primer año de la concesión se prevé que: "Los corredores alcancen determinados estándares de calidad, que incluyen la eliminación de baches, el acondicionamiento de banquinas y la renovación de las demarcaciones", entre otros. En este sentido, explicó que las cabinas de peaje pueden comenzar a cobrar las tarifas una vez cumplidas las condiciones de puesta en valor establecidas para cada corredor.

El funcionario también informó que actualmente existen litigios con algunas empresas concesionarias y explicó que, bajo el nuevo esquema, se transfirió al sector privado la responsabilidad sobre la gestión del pavimento. En cuanto al rol del Estado señaló que el estado de las rutas será evaluado mediante distintos índices y parámetros de calidad, con el objetivo de garantizar que los corredores se mantengan permanentemente en condiciones adecuadas de circulación. Respecto del régimen de actualización de las tarifas, explicó que los ajustes se realizarán trimestralmente o cuando, dentro de ese período, la variación de los índices de referencia supere el 15 por ciento, tomando como base indicadores provenientes del INDEC. Asimismo, detalló que se estableció un límite para el valor de los peajes. "La tarifa no puede superar los tres dólares cada 100 kilómetros", precisó

Campoy señaló que el límite tarifario establecido guarda relación con la distancia aproximada entre las estaciones de peaje previstas en los corredores. Asimismo, indicó que el nuevo modelo contempla la posibilidad de que los concesionarios exploten las áreas de servicio ubicadas a lo largo de los corredores viales, a fin de generar ingresos adicionales que contribuyan a la sustentabilidad económica de las concesiones. Finalmente, detalló las distintas etapas previstas para el proceso de otorgamiento de las concesiones y precisó cuáles serán los organismos estatales responsables del control, seguimiento y fiscalización de los contratos, entre otros aspectos.

Posteriormente, los senadores formularon preguntas al funcionario sobre el estado de situación y las perspectivas de avance en materia de rutas, puentes, conexiones viales y concesiones. También reiteraron pedidos de informes relacionados con el impuesto a los combustibles líquidos y el mantenimiento de determinados corredores. Asimismo, plantearon inquietudes respecto de las funciones de Vialidad Nacional y de los mecanismos de control destinados a garantizar las condiciones de seguridad en las rutas concesionadas. Durante el intercambio, los legisladores también informaron sobre inversiones realizadas por distintas provincias en pasos fronterizos y en rutas nacionales y provinciales, además de plantear otras cuestiones vinculadas con la infraestructura y el transporte.

Antes de finalizar el encuentro, Ávila informó que, a la brevedad, tendrá lugar una reunión para avanzar sobre diversos proyectos de ley, de declaración y de comunicación referidos a modificaciones de la Ley de Tránsito y a condiciones de seguridad para transporte de escolares, entre otras iniciativas.