CIRCULARON PARA LA FIRMA DE LOS SENADORES LOS DICTÁMENES SOBRE EL TRASPASO DE COMPETENCIAS JUDICIALES A CABA

Durante el encuentro se analizó el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores y la transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional a CABA. En particular, se consideró el Expediente PE-243/26, por el cual la Jefatura de Gabinete comunicó el "Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores del Ámbito Nacional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", celebrado el 3 de julio de 2026. Asimismo, se abordó el Expediente PE-244/26, referido al "Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", suscripto en la misma fecha.

Al respecto, el senador Gonzalo Guzmán Coraita destacó la importancia de los acuerdos en el marco del proceso de transferencia de competencias y sostuvo que "significa la cuarta etapa de un proceso de transición para hacer realidad el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus facultades de legislación y jurisdiccionales".

La jornada contó con la participación de diez expositores provenientes del Ministerio de Justicia de la Nación, la Justicia Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de CABA, organizaciones representativas de magistrados y trabajadores judiciales y especialistas en materia constitucional.

Al inicio, expusieron el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Rivas, y el asesor de esa Subsecretaría, Martín Monedero. Rivas centró su exposición en la procedencia y justificación de la aprobación de ambos convenios y planteó tres ejes para fundamentar su posición: "En primer lugar, la necesidad de avanzar en el traspaso de competencias y funciones judiciales a la Ciudad. En segundo término, la metodología de estos acuerdos es la que establece nuestro ordenamiento jurídico y también la que, exitosamente, se aplicó en casos anteriores. Por último, la Ciudad cuenta con disponibilidad y capacidad para hacerse cargo de estas nuevas competencias". A continuación, Monedero brindó detalles sobre el contenido de los acuerdos y las mejoras que, según explicó, implicarán para el sistema de administración de justicia.

También expusieron el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Andrés Basso; la secretaria de Ministerio Público Fiscal de la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Rocío Herrera; y el secretario general de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN), Gonzalo Martínez Salum.

Pinto cuestionó el traspaso de la Justicia Nacional de Menores a CABA por la "incertidumbre e inestabilidad" que genera para jueces, funcionarios y empleados, al no definir sus funciones y competencias y disponer el cierre de los juzgados. Advirtió que quitarles la competencia "de un día para el otro" podría afectar la independencia y estabilidad de los magistrados y cuestionó la falta de especialidad del nuevo esquema, ya que los juzgados penales juveniles "juzgan a mayores y menores". Como alternativa, planteó que los actuales juzgados nacionales de menores mantengan una función jurisdiccional definida: "Para dar estabilidad a los funcionarios y jueces es necesario que los juzgados nacionales de menores obtengan jurisdicción de índole federal o pasen a tener competencia criminal y correccional de forma tal que no queden en este limbo jurídico".

Por su parte, Martínez Salum cuestionó que los convenios no contemplen la situación de los trabajadores judiciales y sostuvo que "nuestra posición institucional es que ambos acuerdos deben ser rechazados por este Congreso o por lo menos suspenderse hasta que se vea qué se va a hacer con los trabajadores". En la misma línea, Basso explicó que la postura institucional que la Asociación ha sostenido "de manera inalterable" es "la del rechazo al traspaso", y señaló que esta posición "tiene sólidos argumentos y un anclaje exclusivamente en lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley 24.588".

A su turno, Herrera advirtió sobre las consecuencias institucionales y presupuestarias de los convenios y sostuvo: "No estamos acá frente a un simple reordenamiento administrativo de competencias judiciales; estamos frente a un ataque directo al federalismo argentino y frente a un vacío legal en cuanto a que la Ciudad no tiene las condiciones para hacerse cargo de las competencias y en un aumento de la brecha presupuestaria que existe entre CABA y el resto de las provincias".

Por otro lado, expuso el abogado constitucionalista Daniel Reimundes, quien aportó consideraciones vinculadas con los aspectos constitucionales e institucionales de ambos convenios y se manifestó a favor de su aprobación. En representación de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial porteño, Javier Buján, quien, en representación del cuerpo que preside y acompañado por los doce jueces de Cámara, manifestó que la Justicia porteña "está en condiciones de asumir el presente convenio" y exhortó a la aprobación de ambos acuerdos.

También expuso la secretaria general de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bárbara Moramarco Terrarossa, quien solicitó el cumplimiento de los convenios en todo lo referido a infancias y juventudes. El subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eloy Aguirre Rébora, abordó los aspectos presupuestarios vinculados con el proceso de transferencia.

Concluidas las exposiciones, y luego de que los senadores realizaran sus preguntas a los invitados, Guzmán Coraita puso en circulación para la firma de los senadores los dictámenes correspondientes a los dos acuerdos de transferencia de competencias.