SE REALIZÓ UNA NUEVA REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Participaron Lucía Spagnolo, socia del Estudio Favier Dubois y Spagnolo; Mariano Genovesi, representante de la Unión Industrial Argentina; Daniel Vitolo, profesor titular emérito de la Universidad de Buenos Aires y ex inspector general de Justicia de la Nación; Rafael Manóvil, profesor titular emérito de Derecho Comercial; Marcelo Barreiro, presidente del Instituto Argentino de Derecho Comercial y coordinador de la Comisión para la reforma integral del régimen general de sociedades; José Sala Mercado, profesor de Derecho Societario, Propiedad Intelectual, Derecho Registral, Negociación y Derecho de la Competencia; Roberto Ryan, subsecretario del Registro Público de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos de Santa Fe; Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Hernán Verly, abogado, magíster en Derecho Empresario y doctor en Derecho por la Universidad Austral; y Ricardo Olivera García, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República y profesor titular de Derecho Comercial de la Universidad Católica del Uruguay.

Al inicio de las exposiciones, Roberto Silva se refirió al impacto de la iniciativa sobre las sociedades que realizan oferta pública y afirmó que no advierte obstáculos en el texto propuesto. "No veo inconvenientes en el proyecto de la nueva ley para sociedades que hacen oferta pública", sostuvo. Además, señaló que, ante la eventual aparición de alguna dificultad, "se podría solucionar fácilmente", dado que el organismo trabaja en una nueva ley de mercado de capitales que podría contemplar los ajustes necesarios para las sociedades que cotizan en el mercado.

Por su parte, Rafael Manóvil destacó los objetivos de modernización, flexibilización y actualización del régimen societario, aunque cuestionó el enfoque general de la iniciativa. "Para modernizar la ley de sociedades, ampliar el margen de la autonomía de la voluntad, desregular aspectos innecesariamente rígidos, destacar principios y hacer lugar a nuevas tecnologías, todo lo cual comparto, no hace falta reconstruir el sistema", afirmó. El profesor titular emérito de Derecho Comercial sostuvo que las modificaciones pueden incorporarse sin alterar la estructura de la legislación vigente y recordó que varios de los principios y novedades de fondo incluidos en el proyecto tienen como antecedente la propuesta presentada en 2019 en la Cámara de Senadores.

A su turno, Daniel Vitolo manifestó reparos sobre el texto y consideró necesario profundizar el análisis antes de avanzar con su aprobación. "Este proyecto no se puede aprobar a libro cerrado como está presentado, sino que necesita mucho trabajo y modificaciones. Tiene grandes errores conceptuales y técnicos, además de inconsistencias intrínsecas. No hay ninguna urgencia para aprobar este proyecto y nada se pierde si se continúa con el debate", afirmó. El ex inspector general de Justicia de la Nación fundamentó su posición a partir de distintos aspectos de la iniciativa que, a su criterio, requieren revisión.

En una posición favorable, Ricardo Olivera García consideró que la propuesta constituye una base adecuada para actualizar el régimen societario argentino. "El proyecto tiene una muy buena base para dar la bienvenida a un nuevo régimen societario en la Argentina", afirmó. El académico de Uruguay también destacó la posibilidad de trasladar algunas de las soluciones planteadas al marco normativo de su país y valoró especialmente "la jerarquización del principio de autonomía de la voluntad", al considerar que representa un avance frente al régimen de imperatividad difusa presente en buena parte de las leyes aprobadas durante el siglo XX.

Por su parte, Mariano Genovesi, presidente del Departamento de Relaciones Parlamentarias de la Unión Industrial Argentina y profesor titular de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires, señaló que la entidad comparte, en términos generales, los objetivos planteados por la iniciativa. "La Unión Industrial Argentina comparte los objetivos declarados en el mensaje de elevación: dotar al país de un régimen societario más simple, flexible, previsible y moderno, compatible con la libertad de organización de los particulares, sin abandonar la tutela de los terceros, de los socios y de los acreedores", sostuvo. En ese sentido, informó que la UIA presentó un documento con 26 propuestas sobre inconsistencias e insuficiencias detectadas en el texto, además de observaciones y valoraciones formuladas artículo por artículo, que desarrolló durante su exposición.

Por último, Lucía Spagnolo, socia del Estudio Favier Dubois y Spagnolo, destacó la necesidad de modernizar la normativa sin que ello implique eliminar los mecanismos de control. "En realidad, lo que tenemos que modificar es la estructura para que sea más moderna, pero eso no quiere decir que tengamos que desregular. La autonomía sabemos que tiene que tener un control", afirmó. Asimismo, advirtió que el proyecto podría desaprovechar la oportunidad de incorporar un régimen de igualdad de género en los directorios. "Tenemos como referencia a Europa, que ha establecido un 40% de representación, pero no como un cupo femenino, sino como un criterio de igualdad de oportunidades y méritos para ocupar lugares de toma de decisión", sostuvo. En este sentido, recordó los antecedentes existentes en la materia, entre ellos la Resolución 34 de la Inspección General de Justicia de 2020 y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Valores.

Durante la jornada, los senadores formularon preguntas a los especialistas con el objetivo de profundizar el análisis de los distintos aspectos contemplados en el proyecto y conocer sus opiniones sobre los posibles efectos de la reforma. Antes de finalizar, la senadora Nadia Márquez anunció un nuevo cuarto intermedio para continuar con el tratamiento y debate de la iniciativa junto con los senadores.