INFORME DE GESTIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA ANTE LA BICAMERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA NACIÓN

Durante el encuentro, Langevin destacó el rol estratégico de la Defensa Pública y señaló que desarrolla "una labor silenciosa que pocas veces genera reconocimiento público", pero que resulta esencial para el funcionamiento del sistema de justicia. En ese sentido, explicó que el organismo "está en todos aquellos lugares donde el acceso a la justicia puede verse afectado por una situación de vulnerabilidad" y remarcó que su función ya no se limita al ámbito penal, sino que es "multipropósito", con intervención en distintas áreas y un abordaje integral orientado a garantizar la igualdad real ante la justicia.

Asimismo, advirtió sobre "un problema y una realidad que no podemos ignorar" en materia de estructura institucional. Al respecto, señaló que la ley orgánica establece que, cada vez que se crea un juzgado, debe crearse también una defensoría, un mandato que calificó como "largamente incumplido". En este sentido, precisó que actualmente existen 615 órganos jurisdiccionales frente a 273 defensorías, lo que representa una relación cercana a tres órganos jurisdiccionales por cada defensoría. En este contexto, destacó que la Defensa Pública asiste a alrededor de 800.000 personas en todo el país con solo 205 magistrados, una situación que, según remarcó, demuestra "la eficacia de nuestra institución en el acceso a la justicia". También puso en valor el trabajo del personal que acompaña a los defensores: "Aparte de los defensores hay 797 coadyuvantes, que son jóvenes con gran conocimiento, ganas, compromiso y vocación".

En materia de recursos humanos, reclamó avanzar en la cobertura de las vacantes necesarias para fortalecer la integración del Ministerio Público de la Defensa. Al mismo tiempo, destacó los criterios de "austeridad y eficiencia" aplicados en la administración del organismo, que incluyeron una revisión integral de su estructura y funciones y la reasignación de recursos hacia nuevas unidades operativas. En este sentido, Langevin sostuvo: "No nos interesa crear nuevos cargos ni responder a una lógica burocrática, sino satisfacer necesidades concretas de la gente, o sea, atender a la capacidad real del Estado para garantizar el derecho de defensa".

Al referirse a la ejecución presupuestaria, explicó que "la mayoría de los recursos van destinados a salarios y cargas sociales, que representan un 97 o 98 por ciento", por lo que el margen de decisión sobre los recursos operativos es reducido, de entre un 2 y un 3 por ciento. "No hay recursos inutilizados, sino que son usados en su totalidad", afirmó. Asimismo, aclaró que la situación presupuestaria "nunca va a ser utilizada por nosotros para justificar inacción" y señaló la existencia de un déficit estructural que requiere una respuesta para garantizar el crecimiento y el funcionamiento adecuado del organismo. En este marco, aseguró que continuarán administrando los recursos "correctamente y responsablemente".

Implementación del Código Procesal Penal Federal

Otro de los ejes de la exposición fue la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal, respecto de la cual Langevin repasó los avances alcanzados, la planificación prevista y las adecuaciones institucionales necesarias para afrontar la puesta en marcha del sistema acusatorio. "El desafío es la implementación del sistema acusatorio en los grandes centros urbanos. Estamos ante una transformación profunda del sistema de justicia penal y la Defensa Pública debe anticiparse, planificar, capacitarse y reorganizarse sin interrumpir la prestación cotidiana del servicio", sostuvo.

Régimen Penal Juvenil

La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil fue otro de los temas centrales abordados durante la reunión. Langevin destacó la necesidad de adecuar la estructura y las capacidades de la Defensa Pública frente al nuevo marco normativo y sostuvo que "la entrada en vigencia de este régimen es el mayor desafío institucional en materia de especialización y protección de derechos que debemos afrontar para los próximos años".

Asimismo, consideró que la nueva legislación "debe ser recibida con beneplácito" y constituye "una respuesta muy importante del Estado argentino con parámetros modernos". En este contexto, remarcó el papel de la Defensa Pública: "Somos los guardianes del interés superior del niño en cualquier clase de proceso en el que intervenimos".

Langevin también planteó interrogantes respecto de las condiciones necesarias para implementar adecuadamente el nuevo régimen, particularmente en relación con la capacidad de alojamiento y la infraestructura disponible para atender a la nueva población alcanzada por la normativa. Señaló que buena parte de los desafíos se encuentran en las jurisdicciones locales y destacó "la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos provinciales para abordar las situaciones de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal".

Capacitación, proyectos e innovación

Finalmente, el defensor general detalló las capacitaciones y cursos de especialización desarrollados por el Ministerio Público de la Defensa, a los que calificó como "secuenciados, continuos e inmersivos", como parte de una estrategia destinada a fortalecer la preparación de los equipos de trabajo. Entre los proyectos en curso, informó sobre el trabajo destinado a conformar "una red de protección de niños, niñas y adolescentes, mediante la creación de una oficina que pueda recibir sus presentaciones y derivarlas a las defensorías locales correspondientes". Asimismo, anunció su intención de impulsar un "programa de tecnología aplicada a la defensa pública", en particular frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial y su incorporación al ámbito de la administración de justicia.

El encuentro, también permitió a los legisladores y a las autoridades del Ministerio Público de la Defensa intercambiar información y perspectivas sobre la situación institucional del organismo, sus principales desafíos y las políticas y proyectos previstos para el año en curso.