DEBATE SOBRE LAS CLAVES Y PROPUESTAS PARA EL SOSTÉN DE LAS PYMES NACIONALES

"En el marco del proyecto de ley de emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas iniciamos este espacio de intercambio, debate y participación, que continuará en las próximas semanas con representantes de las economías regionales y de distintas instituciones para analizar en profundidad la situación del sector", expresó Capitanich al presentar a los expositores del primer encuentro.

Asimismo, explicó que la iniciativa, compuesta por 45 artículos, propone declarar la emergencia tarifaria, productiva, impositiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con el objetivo de sostener el empleo, preservar el entramado productivo nacional y fortalecer la cohesión territorial. Fundamentó la propuesta al señalar que, según indicó, en la Argentina cerraron 26.448 empresas, con la consecuente pérdida de casi 350.000 empleos formales, tanto públicos como privados.

El encuentro contó con la participación de referentes del ámbito empresarial e industrial, quienes expusieron un panorama actual de las pequeñas y medianas empresas y presentaron iniciativas destinadas a su fortalecimiento y fueron: Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA); Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer; Diego Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC); y Alejandro Bertin, secretario del Movimiento Nacional PyME (MONAPY).

Al iniciar las exposiciones, Meloni señaló que las 574.000 pymes del país enfrentaron aumentos de entre el 80 % y el 100 % en los costos logísticos. En materia tributaria, repasó la carga impositiva que soporta el sector y cuestionó que, al mismo tiempo, se hayan reducido los impuestos al comercio exterior. En ese sentido, sostuvo que, mientras numerosos países debaten e impulsan políticas para fortalecer su desarrollo industrial, en la Argentina "los monopolios y el aumento de los servicios terminaron afectando el consumo". Finalmente, afirmó que el proyecto de ley en cuestión permitirá evitar el cierre de empresas y brindarles un plazo para recuperarse y adaptarse.

A su turno, Ojeda recordó que el 16 de agosto de 2024 la organización había advertido sobre el cierre de 10.000 pymes y planteó la necesidad de avanzar con urgencia en una ley de emergencia para el sector. Señaló que esa iniciativa perdió estado parlamentario en diciembre de 2025 y cuestionó la falta de respuesta de la dirigencia política frente a la situación de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, indicó que en marzo de 2026 el proyecto fue presentado nuevamente en ambas cámaras y afirmó que continúan reclamando la declaración de la emergencia pyme ante el cierre de miles de empresas. Finalmente, advirtió sobre el vaciamiento de los recursos naturales del país y la destrucción del entramado productivo e instó a que el Congreso "se reúna y lleve adelante esta ley de emergencia pyme".

A continuación, el secretario del Movimiento Nacional PyME sostuvo que casi la mitad de la población no cuenta con empleo formal y planteó la necesidad de generar las condiciones para revertir esa situación. En ese marco, afirmó que las pequeñas y medianas empresas "hace 40 o 50 años que no tienen un régimen especial para su desarrollo" y recordó que las pymes representan el 65 % del Producto Bruto Interno privado y generan cerca del 70 % del empleo, a pesar de las dificultades para acceder al financiamiento. En ese sentido, consideró que el Estado debería contar con un organismo dedicado a monitorear y promover de manera permanente el desarrollo del sector.

Antes de concluir la primera ronda de exposiciones, el empresario Daniel Rosato advirtió sobre la "crisis terminal" que, a su juicio, atraviesan la industria manufacturera y las pymes de la construcción. Señaló que, tras décadas de actividad, nunca había visto una situación similar y cuestionó que el país haga competir a la producción nacional con economías como la china, mientras otras naciones aplican medidas para proteger sus industrias. Además, actualizó las cifras mencionadas por el presidente de la comisión y sostuvo que, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 376.282 empleos formales, de los cuales 128.870 corresponden al último año. En ese marco, respaldó la declaración de emergencia por un año prevista en el proyecto, aunque reclamó una ley de carácter estructural que brinde protección permanente al sector.

Al cierre de la reunión, el senador Capitanich anunció que la comisión compartirá el cronograma de las próximas semanas, que incluirá la participación de nuevas instituciones y expositores. Además, adelantó que "tenemos convocadas a 19 economías regionales para que expongan en detalle su estado de situación".