24 de
junio de 2026
LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESCUCHÓ DEFINICIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE TIERRAS
Investigadores del Conicet y otros invitados expusieron sus conclusiones sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se tratará en el Senado.
La Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el senador Eduardo de Pedro (Justicialista), llevó a cabo una reunión de carácter informativo, desde las 17hs en el Salón Azul del Palacio Legislativo, a propósito del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El objetivo fue dar a conocer el cuarto informe del Observatorio de Tierras del Conicet, así como las definiciones de otros invitados.
El presidente de la Comisión abrió la reunión refiriéndose a "los riesgos de la aprobación del proyecto" que busca, en parte, modificar la Ley de Tierras de 2011. De Pedro pidió que las exposiciones sirvieran "para aquellos senadores que todavía tienen dudas sobre este proyecto de ley", que se tratará mañana miércoles en la cámara alta.
La reunión fue dividida en bloques, el primero se tituló "El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos" y, entre otros, lo integraron investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) quienes volcaron las conclusiones del mencionado informe, dependiente del Programa de Investigación sobre Historia Agraria (PRIHA-FCE-UBA), titulado "El proyecto de ley de extranjerización de tierras del Gobierno nacional, un nuevo estatuto legal del coloniaje".
Primeramente, Matías Oberlin, historiador miembro del Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), aseveró que la iniciativa "atenta contra la soberanía nacional". "Si uno mira los datos, tan solo el 5% de tierra están extranjerizadas, el equivalente a la provincia de Santa Fe, y el proyecto permite hasta un 15% de extranjerización, esto significa que todavía 26 millones de hectáreas más se podrían vender, el equivalente a la Provincia de Buenos Aires", expresó el investigador.
En esa línea, Florencia Gómez, directora de relaciones institucionales del CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo), expresó que "la Ley de Tierras lo que hacía era correr el velo jurídico para saber quién está detrás de la nacionalidad de la tierra, saber quiénes son los socios de las sociedades que controlan esos territorios".
Por su parte, Ernesto Alonso, ex combatiente de Malvinas, y secretario de Derechos Humanos de CECIM (Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas) también se mostró en contra del proyecto: "Evaluamos esto como un plan sistemático de entrega de la soberanía nacional, el problema es que está en riesgo la gobernanza del territorio nacional".
Seguidamente se continuó con el segundo bloque: "Límites al interés público y la defensa nacional: control fronterizo, narcotráfico e impacto sobre la soberanía y la geopolítica de la Argentina" y se finalizó con el panel "Defender nuestro territorio: una causa nacional." En este último Jorge Sola, Secretario General de la CGT, reclamó que "sin control nacional de la tierra no hay proyecto productivo; la propiedad tiene que tener una función social, lo dice la Constitución Nacional".
Los demás invitados que expusieron fueron: Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados; Lic. Lucía Yáñez, coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales (UBA); Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina; Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y ex presidente de Cámara de Diputados; Jorge Capitanich, senador y ex Gobernador de Chaco; Tamara Basteiro, subsecretaria de Políticas Ambientales de la Provincia de Buenos Aires; Fabián Brown, General de Brigada (R) y académico de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa); Marcelo Bergman sociólogo y doctor por la Universidad de California en San Diego; Martín Paleo, Teniente General (R), ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y monseñor Juan Liébana, obispo de Chascomús.



