EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY LA MODERNIZACIÓN LABORAL Y EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL

En primer término, el Senado convirtió en ley el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil, con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. La iniciativa había sido tratada previamente por la Cámara de Diputados. La norma reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo marco normativo, fundamentado en principios como la legalidad, la proporcionalidad, la especialidad, la excepcionalidad de la privación de la libertad, la celeridad procesal y la resocialización.

Durante el tratamiento, el senador Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), en su carácter de miembro informante, calificó la reforma como "una jornada histórica", al proponer la derogación de la Ley 22.278, vigente desde 1980. Sostuvo que el nuevo régimen permitirá adecuar la normativa a la reforma constitucional de 1994 y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, garantizando el debido proceso, los derechos de los adolescentes y el rol de las víctimas y sus familias.

Asimismo, cuestionó el modelo tutelar vigente al señalar que se basa en la doctrina de la "situación irregular", que no reconoce al adolescente como sujeto pleno de derechos dentro de un proceso penal acusatorio, y advirtió que bajo el esquema actual "puede no haber condena, pero sí privación de la libertad". En ese sentido, consideró que la derogación del régimen vigente y su reemplazo por una nueva normativa constituye "un acto de responsabilidad institucional" y una deuda pendiente con la sociedad argentina.

Por su parte, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) sostuvo que el presupuesto asignado por el Gobierno a la reforma penal juvenil "es insuficiente" y advirtió que un contexto de menor actividad económica y recaudación impacta negativamente en las capacidades estatales para abordar estas problemáticas.

A su turno, la senadora Beatriz Ávila (Independencia) destacó la importancia de avanzar con la reforma y afirmó que el "fracaso del Estado" en la prevención de la delincuencia juvenil "no puede convertirse en impunidad".

Finalmente, la senadora Gabriela Valenzuela (UCR) expresó su respaldo a la iniciativa y sostuvo: "Este régimen no solo moderniza un sistema, sino que afirma algo más profundo: creemos en nuestros jóvenes, en su capacidad de comprender, de cambiar y de construir un futuro distinto".

Durante los cierres de bloques, el senador Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social) apoyó la baja la edad de imputabilidad a 14 años y señaló que "estamos debatiendo una reforma largamente postergada, por lo que actualizar este marco normativo es una obligación moral, institucional y constitucional" y aclaró que "no es un proyecto punitivo, sino formativo".

En sentido contrario, el senador Fernando Salino (Justicia Social Federal) calificó la medida de "inconstitucional" y advirtió que "Argentina no estaría cumpliendo obligaciones asumidas internacionalmente". También sostuvo que "el oficialismo tiene un notable desapego a la norma y está destruyendo el tejido social".

Por último, en representación del bloque PRO, el senador Martín Goerling Lara adelantó el apoyo de su espacio político al nuevo Régimen Penal Juvenil y afirmó: "Es una ley de sentido común que brinda una solución a un problema real: menores que delinquen y matan en la Argentina". Añadió que varios países de América y Europa ya aplican medidas similares, por lo que la norma busca equipararse, " asumir la responsabilidad de nuestra realidad y hacer justicia", concluyó.

A continuación, el recinto aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y se convirtió en Ley de Modernización Laboral enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. La iniciativa había obtenido media sanción en el Senado el 12 febrero pasado y regresó a la Cámara alta luego de que Diputados eliminara el artículo 44 del texto original, referido a las licencias médicas, entre sus principales cambios.

Al iniciar el debate, el senador y miembro informante Juan Cruz Godoy (LLA) destacó que el tratamiento del proyecto contempló aportes de trabajadores, empresas, gremios y otros actores sociales. Señaló que la norma mantiene los derechos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo e incorpora definiciones sobre la naturaleza laboral, el salario y los beneficios sociales, con el objetivo de reducir la litigiosidad.

A su turno, el miembro informante por la oposición, senador Mariano Recalde (Justicialista) ratificó el rechazo de su bloque a la ley, tras advertir que la norma "aumentará la litigiosidad" y vulnerará derechos. El legislador denunció anomalías en el tratamiento legislativo, calificándolo de "trámite exprés". Asimismo, señaló que la Ley es "gigante por su contenido", ya que modifica 28 leyes y deroga otras 11.

En contraposición, la senadora Andrea Cristina (PRO) defendió el proyecto, adelantó su voto afirmativo, y destacó que el mismo busca crear condiciones para fomentar el empleo formal. Respecto a la modificación del artículo 44, aclaró que en su momento dejó constancia de su rechazo. "Esta ley surge como una respuesta a un problema estructural: casi la mitad de los trabajadores en Argentina están en la informalidad", señaló. "Según el Indec, el 43% de los asalariados (casi 6 millones de personas) carecen de derechos laborales básicos".

Durante el cierre del bloque, el senador José Mayans (Justicialista) cuestionó el "tratamiento exprés" del proyecto y sostuvo que: "Esta ley va derecho al conflicto judicial; nació mal y termina mal". También denunció una violación al reglamento del Senado durante el debate: "Nos quitaron dos senadores en las comisiones para poder tratarlo. Esta ley va a afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino", finalizó.

Previo a la votación y al culminar el debate, la senadora Patricia Bullrich (LLA) expresó que: "Con esta ley vamos a intentar darle certeza y previsibilidad a las empresas y a los trabajadores", y justificó: "Queremos desarmar una falsa moral e ir a una verdadera moral donde se crea empleo si protegemos a las empresas, si se facilita la inversión, si se bajan impuestos, si hay seguridad jurídica y normas laborales que respondan al mundo en el que vivimos".