18 de
diciembre de 2025
DICTAMEN AL PROYECTO SOBRE LEY DE GLACIARES
Durante la jornada participaron representantes de organizaciones ambientales, del sector científico, del ámbito empresario minero y gobernadores de San Juan y Catamarca. El proyecto tendrá su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación continuaron el debate del proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, en una reunión plenaria presidida por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), que se desarrolló en el Salón Arturo Illia en continuidad con el cuarto intermedio dispuesto en la jornada anterior.
Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones ambientales, del ámbito científico y del sector empresario minero, quienes aportaron distintas miradas sobre el alcance de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Entre los oradores se encontraron Andrés Nápoli (Fundación Ambiente y Recursos Naturales - FARN); Hernán Casañas y José Esaín (Aves Argentinas); Agostina Rossi (Greenpeace); Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales); Alfredo Vitaller (Cámara Argentina de Empresarios Mineros - CAEM); Manuel Benítez (Cámara Argentina de Proveedores Mineros - CAPMIN); Pablo E. Villagra (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales - IANIGLA); Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas); Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre Argentina); y Gabriela González Trilla (investigadora del CONICET, especializada en ecosistemas azules).
Andrés Nápoli, director de FARN, señaló que la Ley de Glaciares cumplió 15 años en un contexto de agravamiento del cambio climático y advirtió que el proyecto propone una modificación "por vía de la interpretación", alterando el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente. En tanto, José Esaín, de Aves Argentinas, sostuvo que la propuesta implicaría la creación de un inventario basado en un esquema de concertación nacional.
Desde el ámbito científico, Pablo E. Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), destacó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió elogios de la comunidad glaciológica internacional y que, hasta el momento, no se detectaron errores significativos. Además, indicó que actualmente se encuentra en proceso de actualización.
En tanto, Hernán Casañas, de Aves Argentinas, remarcó que los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos y advirtió que flexibilizar la ley no atraerá inversiones. Señaló que las empresas serias requieren estabilidad jurídica y no depender del "humor político de turno", y afirmó que los glaciares no frenan el desarrollo, sino que constituyen la base que lo hace posible.
Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expresó que acompañan el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua. Sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector. A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.
Por último, Agostina Rossi, de Greenpeace, sostuvo que los glaciares son aliados fundamentales frente a la crisis climática y remarcó que su protección es una prioridad a nivel internacional. Aclaró que las organizaciones ambientales no se oponen a la minería, sino a su desarrollo sobre glaciares, y reclamó un nivel de participación pública similar al que tuvo la sanción de la ley original. En la misma línea, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, cuestionó la celeridad del tratamiento del proyecto y sostuvo que responde a intereses del sector minero.
Finalmente, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el tratamiento como "un proceso exprés nunca visto" y advirtió que el proyecto, de aprobarse, generaría mayor incertidumbre jurídica, al tiempo que sostuvo que resulta "totalmente inconstitucional" y que "todos los glaciares están en peligro".
Luego de las exposiciones, se dispuso un cuarto intermedio por unos minutos y, al retomarse la reunión, expusieron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Orrego señaló que en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación.
Por su parte, el gobernador de Catamarca destacó la importancia de evaluar de manera integral el impacto ambiental, social y económico de la actividad minera, y subrayó el crecimiento del empleo formal en el sector, al señalar que en la provincia se registran cerca de 3.000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 empleos en otras actividades, lo que representa un factor clave para la economía local y la diversificación de la matriz productiva.
Finalmente, el proyecto obtuvo dictamen y se prevé su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.
