05 de abril de 2021

LA ONU Y LA UIP REUNIERON A PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS CON EXPERTAS PARA TRATAR EN LÍNEA LOS MECANISMOS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS SOBERANAS

Bajo el título "La creación de un mecanismo de reestructuración de deuda soberana. ¿Una promesa rota?", la ONU y la UIP reunieron a expertas para analizar si los principios impulsados por Argentina y aprobados por el grupo de los 77 + China en 2015, se han plasmado en acciones concretas. La reunión llevada a cabo el pasado 31 de marzo, contó con la participación de María del Carmen Squeff, embajadora argentina ante la ONU.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Unión Interparlamentaria (UIP), reunieron el pasado 31 de marzo a destacadas especialistas para debatir en línea sobre los mecanismos de reestructuración de deuda soberana, si éstos han sido efectivos, han generado mecanismos concretos, o bien, la declaración de principios adoptada por el organismo en 2015 ha quedado sólo en eso. Participaron del mismo, la embajadora argentina en la ONU, María del Carmen Squeff, Iolanda Fresnillo, de la Dirección de políticas de promoción de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) y Stephanie Blakenburg, Directora de Deuda y Financiamiento del Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como gran cantidad de parlamentarias y parlamentarios de todo el mundo. El evento estuvo moderado por Alessandro Motter, asesor en temas sociales y económicos para la UIP.

Según María del Carmen Squeff, "la Organización de las Naciones Unidas no ha logrado plasmar el compromiso la mayoría de los poderes financieros, los cuales se han opuestos sistemáticamente a implementar un marco jurídico de renegociación de deuda, sumado esto a la oposición de poderosos acreedores privados que utilizan recursos y experiencias mediante el lobby".

Los principios aprobados en 2015 para la reestructuración de deuda soberana de los países son: que si esta fuera aprobada por "una mayoría cualificada" debe ser acatada por el resto de los tenedores; el Estado es soberano y tiene derecho a ejercer su facultad discrecional, que no puede ser obstaculizada por medidas abusivas, la reestructuración debe ser último recurso; la buena fe, que implica negociaciones constructivas, con el fin de restablecer la sostenibilidad y de tener apoyo de una masa crítica de acreedores; la transparencia; la imparcialidad de las instituciones y agentes involucrados; el trato equitativo a los acreedores; la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva; la legitimidad al establecer instituciones con respeto del estado de derecho, los términos y las condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración; y la sostenibilidad, preservando los derechos de los acreedores y promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.

Según la embajadora argentina, la relevancia del principio de soberanía está dada por minimizar la posibilidad de litigio en el extranjero, los cuales suelen tornarse muy adversos para los países en desarrollo como hemos observado en las experiencias de situaciones de fallos que tuvieron lugar en tribunales de como Londres o Nueva York.

Asimismo, la diplomática expresó que "otro principio importante es la Imparcialidad de un mecanismo amparado en la ONU que colabore con una necesaria imparcialidad institucional, las Naciones Unidas puede considerarse imparcial en la medida que no está implicada en los préstamos, no es parte en los intereses como lo son el FMI o Banco Mundial". "Un ente u organismo imparcial podría evaluar cuando los estados tienen que renegociar ante acreedores privados", agregó.

Para concluir, Squeff sostuvo que resulta evidente la necesidad de crear nuevos mecanismos, bien diagramados que puedan contribuir a la transparencia y que brinden soluciones sostenibles, es decir que permitan que las economías de los deudores puedan ser capaces de responder en la medida de su verdadera capacidad.

Por su parte, Iolanda Fresnillo, remarcó la importancia del marco jurídico común, y coincidió con la embajadora argentina en que los procesos de reestructuración de la deuda "no han sido efectivos por la oposición de países acreedores y por el contrario a lo deseable, los niveles de deuda han subido y los datos lamentablemente así lo demuestran".

La funcionaria, aseguró que los instrumentos actuales no son suficientes, y resultan limitados, por lo que sería necesaria la reforma de la arquitectura de la deuda, ya que la arquitectura actual no puede hacer frente a la crisis, lo que nos demuestra la importancia de conseguir soluciones sistémicas.

Según Fresnillo, el proceso debe impulsar un litigio soberano y de cumplimiento sostenible para frenar el accionar de los fondos especuladores o buitres.

Cuando se menciona la transparencia en las negociaciones, debe ser teniendo en cuenta el abanico de Derechos Humanos ya consagrados en los instrumentos internacionales.

Por último, Stephanie Blakenburg, última en exponer, expresó que los principios básicos de restructuración de deuda soberana de la ONU tienen mucho en común con los principios desarrollados por la UNCTAD, dado que tienen como objetivo la financiación y el otorgamiento de préstamos responsables con objetivo de prevenir.

Blakenburg explicó que existe un proyecto con cinco países en desarrollo para evaluar y ver cómo operan ciertos principios, con el objetivo de respaldar y conseguir cambios jurídicos en el procedimiento, para lo cual debe haber un cambio de los países más avanzados, ya que es allí donde se radican los centros financieros.

Según la especialista, desde la pandemia la realidad de las crisis económicas no han sido para nada alentadoras y es por esto que el mecanismo no sólo debe ser de reestructuración, sino también de cooperación y debe resolver preguntas que puedan surgir para hacer frente a problemas de deuda y países en desarrollo.

En la ronda de preguntas que los parlamentarios y parlamentarias les hicieron a las especialistas, la embajadora Squeff comentó que "en el marco de la crisis económica generada por la pandemia se realizaron análisis muy necesarios, sobre los giros no utilizados y la posibilidad de la suspensión de pagos de la deuda hasta 2022 para los países vulnerables y endeudados con riesgos causados por la pos pandemia".

Por su parte, Iolanda Fresnillos aseveró que la resolución de deuda intenta un nuevo marco, una campaña global de legislación contra los fondos buitres y otros agentes, fundamental para el desarrollo de los países.

Para cerrar, Stephanie Blakenburg enfatizó sobre el papel clave de los parlamentarios para crear conciencia y reformas legales internas en sus países que posibiliten que las reestructuraciones de deudas soberanas sean una realidad en el futuro.