La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de Código Procesal Penal Federal realizó un balance sobre la implementación del Código en Jujuy y avanzó en el diagnóstico de necesidades de cara a su instauración en Rosario y Mendoza
En pos de continuar avanzando en la implementación del
Código, la Comisión recibió a miembros de la justicia penal federal de la provincia de Jujuy y escuchó el diagnóstico que el
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa realizaron
sobre Rosario y Mendoza.
Tras haber recibido la semana
pasada a las máximas autoridades del Distrito Federal Salta, la Comisión invitó
este miércoles a representantes tanto del Poder Judicial como del Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa de la provincia de Jujuy para que expongan la
experiencia de la implementación en esa provincia.
Como destacó la presidenta de la
Comisión, la senadora Anabel Fernández Sagasti, se viene trabajando en un
diagnóstico "con el objetivo de saber cuáles han sido las bondades y las
experiencias que han tenido en la aplicación de este Código y, también, por
supuesto, colaborar y ponernos a disposición de aquellos ajustes que sean
necesarios en el marco de la implementación del Código Procesal Penal. El
balance que queremos hacer es a los fines de tener una guía para las próximas
implementaciones que, según nuestra hoja de ruta, van a ser los distritos de Mendoza
y Rosario".
En primer lugar, expuso la Dra.
Alejandra Cataldi, jueza del Tribunal Oral Federal de Jujuy, quien luego de
agradecer la convocatoria y dejar en claro que las "bondades de este Código
están más que acreditadas", se refirió a las particularidades del distrito
Jujuy en cuanto a la operatividad de la implementación del Código. Remarcó que
Jujuy no tiene avalada la desfederalización del narcomenudeo, lo que significa
que deben seguir ocupándose de juicios residuales, además de estar tramitando
"la megacausa donde se juzgan, entre otras, el apagón de Ledesma y la situación
de la minera Aguilar".
En segundo lugar, se escuchó al
Dr. Esteban Hansen, juez del Juzgado Federal nro. 1 de Jujuy, quien expresó que
la experiencia de la implementación del Código Procesal Penal Federal en ese
distrito es sumamente favorable destacando que "una audiencia de treinta
minutos, aproximadamente, resuelve situaciones procesales que antes demandaban
un promedio de entre dos y tres meses". En cuanto a deficiencias técnicas, se
refirió principalmente a la falta de conectividad que tan necesaria es en la
implementación de este Código.
Posteriormente expuso el Dr.
Federico Zurueta, fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, quien celebró el
encuentro toda vez que considera que Jujuy tiene problemáticas y
características propias. Tras mencionar que nadie discute las bondades del
sistema acusatorio, agregó que hay una gran cantidad de casos que no se
judicializan y que se hace uso de todas las herramientas que el Código brinda
para no llegar a juicio. Por otra parte, definió como fundamental la
capacitación que las fiscalías recibieron antes de la implementación y comentó
que están a días de mudarse a un edificio más grande que les permitirá un salto
de calidad en su trabajo.
Por último, expuso el Dr. Matías
González Perea, defensor público oficial a cargo de la Unidad de Defensa Acusatoria
de San Salvador de Jujuy, quien detalló el cambio radical en la actuación de la
Defensoría Pública manifestando que "vemos el caso desde el inicio hasta el
juicio, y eso es un beneficio en la asistencia del caso". Por otra parte, se
refirió a la falta de actores específicos que el sistema requiere como una
desventaja indicando que lo suplen con la flexibilidad de los actores que ya
venían trabajando. Para finalizar, destacó la necesidad de crear equipos
técnicos en Jujuy.
Posteriormente, la diputada
Burgos, la senadora Sacnun, el diputado Godoy y el senador Zimmermann
realizaron breves intervenciones y preguntas que fueron respondidas por los
expositores invitados.
Seguidamente, y como segundo tema
a tratar, la Comisión debatió propuestas y necesidades de cara a la
implementación del Código Procesal Penal Federal en los distritos federales de
Rosario y Mendoza, con la exposición de los miembros del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
El Dr. Javier Lancestremere,
secretario general de Política Institucional de la Defensoría General de la
Nación, expuso en primer lugar y enumeró los criterios que se tuvieron en
cuenta para diagramar el informe en Rosario y Mendoza como, por ejemplo, la
conectividad, cuestiones edilicias, movilidad, recursos humanos y capacitación.
Por otro lado, sostuvo que la Defensoría General, bajo la gestión de la Dra.
Stella Maris Martínez, se viene preparando para este sistema acusatorio desde 2014
y aclaró que, tras la experiencia en Salta, "nos encontramos en condiciones de
encarar este desafío y, además, estamos muy, pero muy entusiasmados, de llevar
adelante este modelo de implementación en la jurisdicción de Mendoza y
Rosario".
En segundo lugar, el Dr. Juan
Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración
General de la Nación y corresponsable de la Unidad Especial Estratégica para la
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del Ministerio
Público Fiscal, destacó que, a partir de su experiencia en la implementación de
Salta y Jujuy, hay tres factores fundamentales que considera que se deben aplicar
para que la implementación sea exitosa: "uno, es la decisión política; otro, la
disponibilidad presupuestaria y, finalmente, la voluntad de los operadores. Creo que esas circunstancias están dadas. Esta
reunión me dice que sí", puntualizó.
Por último, el Dr. Juan Manuel
Casanovas, secretario disciplinario y técnico de la Procuración General de la
Nación, y también corresponsable de la Unidad Especial Estratégica para la
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) del Ministerio
Público Fiscal, expuso que la UNISA realizó informe en Salta y Jujuy al
cumplirse un año de la aplicación del Código, y eso les sirvió como punto de
partida para realizar el diagnóstico en Mendoza y Rosario. En ese sentido
sostuvo que "ello, teniendo en cuenta que ambas, como habrán visto en el
diagnóstico, presentan entre sí características bastante disímiles, significa
que va a llevar un tiempo hacer las adaptaciones que son necesarias para la
implementación del sistema". Además, destacó la importancia de la capacitación
de los actores judiciales para desterrar ciertos "ritualismos" como, por
ejemplo, la eliminación del papel por el legajo electrónico, o el paso al
litigio oral. En cuanto a la implementación de Mendoza y Rosario precisó que
desde la Procuración realizarán entrevistas con todos los fiscales y empleados
de los distritos para relevar sus requerimientos y profundizar los informes ya realizados.
Luego de agradecer la
participación de los expositores, la senadora Fernández Sagasti sostuvo que
desde la Comisión se está trabajando con los informes enviados y que servirán
para finalmente establecer una fecha de implementación del Código en Mendoza y
Rosario. A su vez, comentó que se formalizarán solicitudes para avanzar en la
recopilación de la información con la que áun no se cuenta, cuyo contenido fue
definido en las reuniones de asesores. Puntualizó que, por ejemplo, se
solicitarán datos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE),
para "poder identificar edificios del Estado Nacional, tanto en la provincia de
Mendoza como en la ciudad de Rosario y las demás jurisdicciones, donde podamos ubicar,
en consenso con los operadores locales y las defensorías y fiscalías, y podamos
readecuar las salas de audiencias".
Finalmente, el diputado Enríquez,
tras solicitar la palabra, comentó que junto a otros diputados presentarán una
reforma del artículo 366, inciso f). Luego, la presidenta de la Comisión realizó
algunas aclaraciones en relación a las resoluciones 1/2020 y 1/2021, refiriendo
al finalizar que serán bienvenidas todas las sugerencias e iniciativas para
trabajar que propongan quienes integran la comisión.
Participaron de la reunión las senadoras Anabel Fernández
Sagasti (Pta.), Carmen Lucila Crexell, María Inés Pilatti Vergara, María de los
Ángeles Sacnun, el senador Víctor Zimmermann; y los diputados y diputadas María
Gabriela Burgos, Marisa Uceda, Lucas Godoy, Albor Cantard, Jorge Enríquez,
Ramiro Gutiérrez y Martín Soria. También participaron de la reunión las
senadoras Beatriz Graciela Mirkin y Stella Maris Olalla y los senadores Ernesto
Martínez y Guillermo Snopek.