FINALIZÓ LA QUINTA JORNADA SOBRE EL PROYECTO DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, fue presidido por la senadora por La Pampa, Norma Durango (FdT).

La doctora Cecilia Ousset especialista en ginecología inició su exposición diciendo que "todas las mujeres abortan, las que no usan el método anticonceptivo y las que les falló el método. Las diferencias siempre están en qué condiciones abortan. En este punto están las desigualdades sociales. Jamás vi a una mujer con plata morir por un aborto. Vengo de la provincia de Tucumán declarada pro-vida por la Legislatura. Esto es confuso, porque se impulsa a las mujeres a practicar el aborto por fuera de la ley". La doctora Ousset destacó que "en mi consultorio jamás derivé a la policía a una mujer que abortó. En el hospital público atendía con una mujer policía al lado mio".  Señaló que "el hecho de obligar a parir niñas no es inocente. Si dominamos el cuerpo de las mujeres dominamos el futuro". Concluyó sus argumentos diciendo que "no alcanza con despenalizar el aborto; hay que legalizar el aborto". 

En segundo término habló la doctora María Cecilia Ávila, doctora en tocoginecología en Andalgalá, Catamarca. Sostuvo que su hospital en 2018 se proclamó a favor de la vida y se proclamaron objetores de conciencia. Destacó que en su formación profesional siempre "fuimos educados con la premisa de que teníamos dos vidas a nuestro cargo". La doctora Ávila cuestionó el proyecto oficial porque "el mensaje que se le da a la juventud es no hacerse cargo de sus decisiones. Está en juego la vida y la salud de muchas mujeres que pueden ser inducidas a tomar una decisión". 

La doctora Gabriela Luchetti, médica obstetra, recordó que su práctica médica la realizó en un hospital público. Cuestionó "la mal llamada objeción de conciencia". Dijo que detrás de muchas de esas objeciones hay "creencias religiosas que establecen para las mujeres el rol de reproductoras". Defendió la iniciativa que cuenta con media sanción, destacando que "la penalización es sólo para quienes obstruyen la práctica". 

A su turno, el doctor José Jalil Colomé, médico alergista de la provincia de Catamarca, cuestionó que "las muertes por aborto sean un problema de salud pública". Dijo que "los abortos ilegales son la causa número 72 de muerte entre las mujeres" y vaticinó que de aprobarse la iniciativa, "la Argentina ingresará en una noche demográfica por el descenso de la natalidad". 

La profesora Ruth Zurbriggen señaló que "el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una deuda de la democracia". Subrayó que se presentaba en su condición de activista, de profesora y que "acompaña la decisión de quienes quieren abortar". Destacó que "cada aborto es un mundo" y dijo que "hay cierta dificultad de escuchar cuando se repite que aprobada esta ley se difundirá la práctica del aborto. Una ley como esta no va a multiplicar los abortos". 

A su turno, la doctora Graciela Moya, docente e investigadora genetista, explicó su oposición a la iniciativa en tres puntos: criticó las estadísticas que dicen que el aborto es un tema de salud pública, pidió respeto moral al ser humano y defender la dignidad de las mujeres. Enfatizó que "el aborto genera una política de desemparo de la mujer en situación de vulnerabiliad, de falta de protección y contención, tanto para la madre como para el niño. Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida humana en todas las fases y circunstancias".

Concluyó su exposición diciendo que "cuando hablamos del derecho al aborto, hablamos del derecho a eliminar una vida frágil". 

Luego de estas exposiciones hubo un intercambio de preguntas y respuestas entre los senadores participantes del plenario y los invitados. 

En la segunda tanda de exposiciones, la doctora Yolanda Bertazzo, médica en ginecología y jefa del programa de salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la provincia de San Luis, destacó que "los equipos de salud somos los que estamos todo el tiempo al lado de las mujeres y las personas en capacidad de gestar". La doctora resaltó las diferencias del sistema de salud pública a medida que "nos alejamos de los centros urbanos".  Destacó que "la interrupción del embarazo es una práctica ancestral que ha existido, existe y existirá por más sanción moral, social o legal que le impongamos. Nadie debe obligar a maternar, como tampoco a abortar. Solo pedimos tener el derecho a decidir". 

Posteriormente hizo uso de la palabra la doctora María Angélica Gelli, profesora en derecho de la Universidad de Buenos Aires. Destacó que sus opiniones se atenían al ordenamiento jurídico. En ese punto, dijo que "el Código Civil y Comercial, recientemente sancionado, sostiene que la existencia de la persona humana comienza con la concepción y que el proyecto de ley aprobado en Diputados soslaya la dimensión de los deberes convencionales que establecen varios tratados de DDHH". Cuestionó la utilización del nombre "interrupción en el proyecto y dijo que se debía hablar de supresión". 

Posteriormente expuso el doctor Daniel Tepaz, médico ginecólogo y docente de posgrado de la Universidad de Rosario, Santa Fe. Desde su experiencia, dijo que "más del 90 por ciento de las situaciones de aborto se resuelven en edades tempranas y cerca del 80 por ciento de estos se resuelven con medicamentos". Destacó que "pensar la salud en derechos exige más que tratar bien a quienes deciden abortar en la clandestinidad, somos profesionales que acompañamos y tenemos la disposición de seguir acompañando a las mujeres, varones trans y personas no binarias con capacidad de gestar".

El doctor José Luis Moussatche inició su presentación diciendo que "el aborto divide a la sociedad". Destacó que "el aborto no es un proceso natural. Tiene muchas complicaciones". Afirmó que "entre las complicaciones que podemos tener frente al aborto, tenemos las perforaciones, las infecciones, las cicatrices uterinas llamadas síndrome de Asherman, que hacen casi imposible que una mujer pueda quedar embarazada",

La doctora Susana Chiarotti, abogada argentina, especialista en derechos humanos, recordó el caso de una niña Wichi con retraso madurativo que fue forzada a ser madre de un feto anencefálico que murió a poco de nacer. "La salida hipócrita que se ofrece de que la mujer lo tenga y luego lo de en adopción; esa salida que considera a la mujer incubadora, es brutal porque no tiene en cuenta ni los riesgos, ni los sentimientos de las niñas y consolida el estereotipo de mujer procreadora", opinó. 

Por último, expuso el doctor  Nicolás Laferriere, abogado y director de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, dijo que "el proyecto que aquí está en discusión, se esfuerza en eliminar todo vestigio de la idea de considerar al aborto como último recurso".