LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL PARLATINO ANALIZÓ CÓMO MEJORAR LOS SISTEMAS DE SALUD Y LA CONECTIVIDAD EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La Comisión de Servicios Públicos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), sesionó de manera virtual, moderada por la diputada Jenny Martínez Gómez de Nicaragua. En ella se discutieron, con la presencia de prestigiosos especialistas, los temas de la agenda de la comisión, que incluían los cuidados del adulto mayor en América Latina y el Caribe ante el impacto del COVID 19, el fortalecimiento de los sistemas de salud, y la conectividad y acceso a Internet en la región. Sobre este último tema, habló el investigador argentino del Conicet y profesor universitario, Dr. Martín Becerra.

El Dr. Enrique Vega, Jefe de la Unidad de Curso de Vida y especialista en envejecimiento saludable y salud del adulto mayor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), habló sobre cuidados de los adultos mayores en América Latina y el Caribe ante el impacto del COVID-19. Mencionó que en la región, el grupo poblacional de mayores de 75 años, es el grupo que crece más rápido, repercutiendo de manera importante en los sistemas de salud, y que en cuanto a los cuidados de los servicios de salud a largo plazo, se proyecta que en el 2025, en la región habrá 100 millones de personas mayores de 60 años, y que, de éstos, un porcentaje importante requerirá atención especializada, para lo cual se requiere un manejo estructurado a largo plazo. El Dr. Vega enfatizó que "estamos en un momento fundamental para buscar las alianzas para que la región sea capaz de responder a las necesidades de salud que la población va a requerir en el futuro."

Por su parte, el Dr. Ernesto Báscolo , especialista en políticas, rectoría y gobernanza de los sistemas de salud de la OPS, habló sobre cómo fortalecerlos, e hizo un análisis del acceso y cobertura en la región. Sobre ello remarcó que "el análisis de las barreras de acceso resulta crucial, pues no podemos hablar de fortalecer los sistemas si no incluimos el tema de acceso como una dimensión fundamental".

En cuanto a la transformación del modelo de atención, el especialista de OPS aseguró que se requiere fortalecer la rectoría y la gobernanza, y destacó que el derecho a la salud es un valor fundamental asociado a la equidad en el acceso. Y, concluyó, que existe una necesidad de fortalecer las capacidades críticas de las autoridades de salud para mejorar la capacidad de evaluación de las brechas para generar políticas, y que hay que hacer reformas con mayor impacto para responder a las necesidades y expectativas de la población.

Finalmente, el Dr. Martín Becerra, especialista argentino en medios de comunicación e industrias culturales, dio un análisis sobre la conectividad y acceso a Internet en América Latina y el Caribe, indicó que los bancos de acceso a la conectividad de diferentes servicios expresan una correlación con las desigualdades de la región.

Remarcó que hay territorios que tienen servicios caros y de baja calidad, lo que incluye no sólo el costo, sino el acceso a la conectividad y la velocidad de conexión. Y aclaró que si bien este es un problema previo a la pandemia, es una tendencia que atraviesa la región y que se acentuó durante la crisis sanitaria.

El especialista aseguró que como primer diagnóstico, en la región, durante la pandemia, se destaca la resiliencia en relación a las redes de conectividad, y que se observan respuestas bastante adecuadas para contener la demanda de tráfico y conexión. Estas estrategias de contención, respondieron al aumento de de datos y las redes no colapsaron. Hubo un aumento de tráfico y de patrones de consumo del servicio de comunicaciones, a lo que se respondió efectivamente, en la mayoría de los casos resaltó Becerra. Pero estas acciones han sido hasta ahora defensivas, aclaró.

El argentino aseveró que ha habido una migración en cuanto el patrón de consumo, ya que se redujo el consumo de datos móviles y aumentó el consumo de redes wifi residenciales, "a lo que los operadores y los estados respondieron rápidamente", y que ha habido un refuerzo a nivel normativo del carácter esencial de la conectividad para atender la demanda al acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a los afectos.

De todos modos, Becerra aclaró que, a pesar de la buena respuesta para atender las necesidad de conectividad y acceso, la brecha digital permanece y no tiene que ver sólo con los que tienen acceso y los que no, sino que hay que profundizar y atender las diferencias en la conectividad de quienes la tienen limitada o deficiente; así como también atender las diferencias de costos. Y comentó que en la región hay más de 187 millones de personas casi sin acceso a internet, así como grandes diferencias en cuanto al acceso, el precio, la calidad y la velocidad de conexión. "En ALC se combina la fractura socio económica con las brechas de conectividad y asequibilidad manifiesta en la región. Es necesario trabajar para garantizar acceso integral, cobertura más amplia y mejores y más baratos servicios, esto representa un desafío para crear nuevas políticas públicas para estimular el despliegue de redes, el acceso y la cobertura", aseveró.

Becerra comentó que cerca del 70% de la población latinoamericana y caribeña tuvo conexiones que no han sido totalmente satisfactorias y que se han dado en malas condiciones. Y que no se puede esperar que el mercado provea por sí solo soluciones, porque básicamente nunca lo ha hecho. El desafío ahora es el de imaginar y crear políticas públicas que atiendan esta situación y sean eficaces, remarcó.


El especialista mencionó como ejemplo de políticas públicas eficaces a los fondos de servicio universal. Se trata de una contribución de las empresas para alcanzar el servicio universal, fondos que en principio están destinados a cubrir lo que el mercado no cubre. Y reconoció como buenas medidas tomadas durante la pandemia la garantía de conectividad llevada a cabo por el Estado argentino en los barrios populares; y el plan de Perú llamado Internet para todos financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Confederación Andina de Fomento (CAF).