FUNCIONARIOS EXPUSIERON SOBRE LA LEY DE ESTUPEFACIENTES

La de hoy fue la segunda jornada de debate sobre la ley de estupefacientes. La semana pasada participaron jueces y fiscales.

Ante la comisión que preside el senador por Catamarca Dalmacio Mera (Frente de Todos) expusieron tres funcionarios de la cartera a cargo de Sabina Frederic, como así también la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y otros tres miembros del ministerio público de la Defensa.

Martínez sostuvo que "es imprescindible que se reforme la ley", juzgó que "la tenencia para consumo no debe figurar en la normativa penal" y que "la tenencia simple sólo debe ser alcanzada por la norma cuando se puede insertar en un proceso de narcotráfico".

La funcionaria contó que "cuando nació la ley el consumo estaba amparado por ser una acción privada y cuando antes se preveía aplicar una sanción por vía judicial por tenencia a un adicto, después se llegó a la negativa porque no había lugares para alojarlos" y advirtió que "falta lugares de tratamiento de nivel que puedan ocuparse de esta patología". 

"Otro tema muy grave es el de las ´mulas´. El 60 por ciento de las mujeres privadas de la libertad están vinculadas al tráfico de drogas. Son mujeres en extrema situación de vulnerabilidad. Lejos de ser coautoras del delito son víctimas de trata laboral", señaló

Además, Martínez, quien abrió la lista de expositores,  dijo que de la ley de estupefacientes "hay un montón de puntos que deben ser revisados", consideró que Argentina podría tener una normativa similar a la de Uruguay par cannabis medicinal, con producción controlada y venta en las farmacias" y lamentó "carecer de un régimen penal juvenil".

En tal sentido reclamó que "el Congreso debería abordar el tema con mucha urgencia porque es una deuda que tenemos". Finalmente estimó que se debería "dictar una ley que no avance represivamente contra los que tienen que ser protegidos y no reprimidos, que sea más eficiente, más técnica y que concentre esfuerzos en la lucha contra el verdadero narcotráfico".  

Luego Ana Clarisa Galán Muñoz, coordinadora general de Defensa de la Jurisdicción Federal de Salta y Jujuy se pronunció a favor de que "se adopten políticas legales que aborden el tema género" y mencionó el hecho de que en el norte del país "de las mujeres vinculadas al proceso penal por drogas, el 50 por ciento fue por el delito tipo ´mula´ y el 30 por ciento de ellas fue engañada o involucrada por sus parejas hombres".  

De inmediato, Gabriel Ignacio Anitua, defensor público oficial ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal número 1, fue contundente en considerar que  "esta ley fue un error, un fracaso" y la vinculó con otra norma aduanera vigente. "Los que sufren las consecuencias de las dos leyes son perejiles. Las personas más vulnerables son bagayeros, ´mulitas´ o buscan las encomiendas, son apresadas y procesadas". Añadió que "la  ley es un error muy costoso, no es útil, no es justa".

A continuación Pablo Eduardo Ordoñez, defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia número 1 de La Plata opinó que "hay una clara persecución a personas que tienen vulnerables sus derechos, que terminan accediendo al pedido de grandes organizaciones por estar en total desesperación, por ser en muchos casos adictos". Además indicó que "existe persecución a las personas que están tratando de conseguir el cannabis medicinal ya que quedó solo permitido para casos de epilepsia refractaria"

El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, puso de relieve la tarea que está llevando adelante en general el ministerio comandado por Frederic, diferenciándose de lo que se venía realizando en la gestión anterior.

En tanto Valentina Novik, subsecretaria de investigación criminal y cooperación judicial, subrayó que "cuando llegamos había ausencia de indicadores para dar cuenta de la eficiencia de la tarea. Había una gran pobreza para poder evaluar lo que se hacía".

Finalmente, Silvia La Ruffa, subsecretaria de programación federal y articulación legislativa del ministerio, juzgó "necesaria la revisión de la ley porque el diagnóstico de la realidad criminal dio muestras de tener características diferentes a las que se pensaron hace 30 años" y abogó para que "las leyes sean revisadas con perspectiva de género".