MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, AHORA Y SIEMPRE
El 24 de Marzo de 1976, las fuerzas militares del Estado encabezadas por Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y Orlando Agosti tomaron el poder por la fuerza dando inicio a la dictadura cívico - militar más oscura y sangrienta de la historia argentina. Este hecho marcó un antes y un después en la vida de nuestro país.
La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva e instauró el terrorismo de Estado, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.
El terrorismo de Estado impulsó las bases del neoliberalismo configurando un país socialmente injusto que destruyó la industria nacional y favoreció la concentración de la riqueza en pocas manos y eliminó toda forma de organización popular.
Las voces se silenciaron por medio del terrorismo instalado - acallando a grupos de estudiantes, militantes, sindicalistas, docentes, intelectuales y trabajadores - quienes fueron perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos.
Con la llegada de la democracia en 1983, cinco días después de asumir la presidencia, Raúl Alfonsín sancionó el decreto 158 por el cual ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Los demás acusados tuvieron severas penas y todos fueron destituidos de sus cargos. Este juicio fue único en la historia mundial y colocó a la Argentina a la vanguardia en el tema de derechos humanos.
Sin embargo poco después se dictaron las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), que junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990) y conocidas como las leyes de impunidad, marcaron un retroceso en el camino hacia la verdad y la justicia.
A partir de 2003, el Presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner comenzó a implementar políticas que tuvieron como eje la protección y promoción de los Derechos Humanos y es en el año 2004 que marcó un hito histórico cuando ordenó descolgar los cuadros de los represores del Colegio Militar. El Presidente Kirchner expresó: "Vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad".
En esa oportunidad se dispuso el traspaso de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a organismos de Derechos Humanos y la creación en su lugar del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que indultaban a los responsables de delitos de lesa humanidad, permitiendo el desarrollo de juicios orales y públicos contra quienes cometieron los crímenes de la dictadura; estos juicios continúan investigando los hechos que se llevaron a cabo entre 1976 y 1983 en los distintos centros clandestinos de detención, paralelamente se lleva adelante el juzgamiento de los civiles colaboracionistas o partícipes del terrorismo de Estado.
El Gobierno Nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner avanza en la consolidación de la memoria colectiva de la sociedad, generando políticas públicas acordes a la promoción y protección del Estado de Derecho y a la plena vigencia de los Derechos Humanos.
El Observatorio de Derechos Humanos del Senado adhiere a nuevo este Día de la Memoria y celebra los logros de esta etapa de construcción y afianzamiento de la democracia argentina.
