ENARSA: FUNDAMENTO DE LA ABSTENCIÓN DE LA UCR

Se transcribe la versión taquigráfica de la intervención del senador Morales en la sesión.

"En verdad, después de escuchar a la señora senadora Liliana Negre de Alonso, debo decir que ella es bastante coherente y coincidente con lo que aprobó este Senado. Por consiguiente, me parece que debo hacer algunas observaciones al respecto.

En primer lugar, voy a reiterar cuál ha sido nuestra posición en ocasión del primer debate y voy a avanzar acerca de cuál va a ser la postura que vamos a asumir hoy frente a las modificaciones que ha introducido la Cámara de Diputados de la Nación.

Cuando esta iniciativa se trató por primera vez en el Senado nosotros la acompañamos en general porque compartimos la idea del gobierno nacional de que el Estado recupere un rol fundamental en el mercado hidrocarburífero. Esto lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo. No obstante, en función de las experiencias vividas en la década del 90, sostenemos que esa participación del Estado tiene que ser bien canalizada y concretada. O sea, que las cosas deben hacerse bien y no mal, como sucedió en la década del 90.

En el tratamiento en particular del proyecto de ley en esta Cámara planteamos una serie de observaciones puntuales a esta iniciativa, que luego se transformó en la sanción del Senado. A mí me parece que es lógico lo que acaba de sostener la señora senadora Negre de Alonso, porque lo que ha hecho la Cámara de Diputados rompe con la lógica de lo que ha votado el Senado. Si bien nuestro bloque no compartió esa decisión, la sanción tenía una lógica que ha sido pulverizada por las tres modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados. En rigor de verdad, estas modificaciones casi no agregan nada y, más aún, donde lo hacen agregan tanto que generan confusión y superposición de funciones.

Por ejemplo, la modificación del artículo 2 dice lo siguiente: *En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia...*. Esta es una obviedad tal que no tiene nada que ver con lo que debemos legislar y expresar a través de una ley, por cuanto una ley no es declarativa. Por ello, en la propuesta que hicimos a través del dictamen en minoría en ocasión de tratarse este tema en el Senado, habíamos indicado cuál debía ser el procedimiento de la transparencia: no se puede decir que la actividad del Estado tiene que ser transparente; va de suyo y cae de maduro que tiene que ser transparente, por cuanto no se puede sostener lo contrario. O sea, no se puede decir que las actividades de la empresa serán poco transparentes. Lo que hay que indicar, en orden a la transparencia, es cuál es el mecanismo a instrumentar para que ella sea viable. Entonces, en el artículo 7 nosotros propusimos que se dijera que ese procedimiento de transparencia debía ser un proceso de licitación pública nacional o internacional cuando se convoque al sector privado para determinado tipo de negocios. En consecuencia, la indicación que en todo caso debería haber hecho la Cámara de Diputados es cuál es el mecanismo que garantiza esa transparencia. No se puede proclamar declamativamente que los actos de la empresa deben ser transparentes, porque así deben serlo.

Por otro lado, también se incurre en otra obviedad en la modificación al párrafo final del artículo 2. Allí se dice lo siguiente: *...y competencias que respeten lo establecido en la ley de hidrocarburos.*. Toda ley vigente se debe respetar. Lo que tiene que hacer cada argentino y cualquier sociedad o empresa es cumplir con la legislación vigente.

En rigor de verdad, las modificaciones que ha introducido la Cámara de Diputados al artículo 2 son de una obviedad tal que lo único que hacen es empañar más la situación. Por ello, yo comparto mucho de lo que ha dicho la señora senadora Negre de Alonso, porque aunque no estemos de acuerdo en el fondo de la cuestión y yo disienta totalmente con la redacción de los artículos de la sanción del Senado, debo reconocer que, por lo menos, ella es coherente. Defiende esa posición y pone en claro las modificaciones de Diputados, que en verdad embarran la situación.

La incorporación de Diputados al artículo 4 dice: *En su actuación observará las políticas del Estado nacional...*, pero si la ley de hidrocarburos dice que el 53 por ciento del paquete accionario debe estar en manos del Estado, más vale que éste a través de algún mecanismo que ya fue indicado aquí debe asumir cuál será la política nacional.

Por lo tanto, no sé a quién han querido convencer con estas modificaciones. Tal vez dijeron: *Vamos a convencer a los giles que andan caminando por ahí, y tratemos de captar el voto de algunos legisladores para que nos acompañen en la sanción*. Pero en verdad no agregan nada. Y continúa el agregado al artículo 4: *...y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria.*

¿Qué es lo que han hecho? En todo caso era mejor nuestra propuesta. Porque lo que se está creando con estas modificaciones es un engendro societario. Pero para evitar eso está la ley 19.550. No se puede por la creación de una sociedad, crear un nuevo tipo societario sin modificar la ley de fondo. Para eso existen las leyes de fondo, y la 19.550 es de fondo y en ella está establecido el tipo societario a que se hace referencia en el Título VI C, o sea, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la cual está regida por procedimientos específicos relacionados con la naturaleza de la sociedad.

Y en cuanto al control, considero que era mejor la solución que planteábamos. Es cierto lo que dijo la senadora Negre de Alonso en el sentido de que la iniciativa establece tres controles internos, lo que no quiere decir que el control sea mejor. Están la Sindicatura, los síndicos y las unidades de auditoría interna que tendrán que incorporarse. Es decir que le estamos introduciendo una melange estatista a un esquema de sociedad privada que estaba en la lógica de lo que se había aprobado.

Pero la solución que proponía el radicalismo era mejor, ya que impulsábamos mantener a los síndicos, y que estos sean propuestos por el Congreso de la Nación. De esta manera, y en orden a este invento de la división de poderes para evitar el poder absoluto, el Congreso era el que debía designar a los síndicos para que a través de la Sindicatura se garantice el control interno.

Lo que planteábamos en el artículo 6 de nuestro dictamen era adicionar el tema del control externo de la Auditoría General de la Nación. Y respecto de esta cuestión planteo un fuerte disenso con lo expresado por los senadores Fernández y Negre de Alonso.

Está claro que existen procedimientos rigurosos de control del mercado. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que hizo el mercado en la década del 90, y asumir que la función de este no es controlar el interés público. Las normas que regulan el mercado controlan la relación entre los privados, son de tipo económico y no tienen nada que ver con el interés general.

Pero el problema es que ENARSA no va a negociar cosas, sino que se construye sobre la base de bienes que son inembargables y que no pertenecen a la propiedad privada. Por eso es que hay que salir del esquema de la propiedad privada. Estamos hablando de las reservas hidrocarburíferas, que ni siquiera son de nosotros sino de las generaciones pasadas, de las presentes y de las futuras. Se trata de bienes comunitarios que pertenecen al Estado argentino y que no pueden estar sometidos a los controles del mercado, porque lo que hace éste es fagocitarse el interés público.

Ahí radica la diferencia central y el temor que tenemos. Por eso no queremos volver a la década del 90, en la que el mercado era el que tenía todos los requisitos Cque ya han sido detalladosC respecto del control entre los privados y particulares.

Pero si hay una empresa que hará negocios con las áreas hidrocarburíferas, ahí es donde tiene que entrar la Auditoría. Por eso surge nuestra modificación al artículo 2, que había sido planteado por la senadora Escudero en oportunidad del debate en particular. Esto tiene que ver con las reservas hidrocarburíferas nacionales y también con las de las provincias. Recordemos que acá son socias Cla Nación con un 53 por ciento y las provincias con un 12 por cientoC y todavía no está reglamentado el artículo 124 de la Constitución. Al final, ese artículo expresamente establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Ahí no sólo existe un vacío legal. Hay que tener en cuenta que con la mutilateralidad, desde el Tratado de Roma Cque pone en marcha la Corte Penal InternacionalC y todo lo que se va a hacer en el futuro en orden a afianzar la sociedad de las naciones, lo que tienen que hacer los Estados que adherimos al Derecho Internacional es contar con normas claras Cno sobreabundantes, sino clarasC que digan las cosas que tienen que decir. En verdad, nosotros no estamos diciendo las cosas que tenemos que decir. Por lo menos en cuanto a la reglamentación, no somos claros respecto de qué queremos decir con el tema del dominio originario de las provincias. No somos claros respecto de hasta qué punto somos propietarios; de hasta qué punto son inembargables y no se pueden vender las reservas hidrocarburíferas que están en manos de la Nación: esto es, las reservas off shore.

Frente a este contexto internacional, lo que nosotros debemos hacer es reglamentar y dictar normas claras, que digan las cosas que tienen que decir. Entonces, esta reforma que introduce la Cámara de Diputados es un engendro. Es una cosa que le quita la lógica y en esto tiene razón la senadora Negre de Alonso a lo que el bloque mayoritario quiso hacer. No sé qué han querido inventar allá, en la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto es que desde el bloque de la Unión Cívica Radical nosotros mantenemos nuestra posición. Nosotros, inclusive, mantenemos el agregado propuesto, que consideramos Cesa es la modificación que pretendíamos en Diputados salvaguarda las reservas hidrocarburíferas, tanto nacionales como provinciales: me refiero a que el Estado mantendrá la propiedad y serán intransferibles total o parcialmente las reservas hidrocarburíferas.

No importa el negocio que haga la empresa. Estamos hablando de una corporación de fomento; de una empresa muy ágil que va a hacer todo tipo de negocios. En algunos le irá bien, en otros le puede ir mal. La idea es que cuando le vaya mal nunca CnuncaC ponga en riesgo algo que no es una cosa entre privados sino que tiene que ver con el interés general; algo que es propiedad comunitaria de todas las generaciones que han habitado el suelo argentino y de las que lo habitarán, que son las reservas hidrocarburíferas; algunas de la Nación y otras de las provincias.

Con el tema de las provincias, el texto que nosotros proponíamos en el debate en particular establece que ENARSA no alterará los derechos creados por el régimen de federalización de hidrocarburos, ratificado por el artículo 124 de la Constitución Nacional. La idea es ratificar el concepto de que las áreas de las provincias son de las provincias. Entonces, no importando el negocio de la empresa Cle vaya bien o le vaya malC nunca estarán en riesgo.

Tampoco es una empresa que podemos meter al mercado, dejando que los mecanismos de control de la Bolsa, que la oferta pública de acciones, controle, al igual que en el caso de los privados. De hecho, estamos hablando de una empresa que maneja patrimonios que naturalmente son diferentes. Eso hace que nosotros no hagamos engendros; que no hagamos inventos. Ya hay una figura jurídica inventada en la ley 19.550, que es la sociedad con participación estatal mayoritaria. El hecho de que sea una sociedad anónima le da la versatilidad que pretende el Ejecutivo en términos de una corporación de fomento.

El hecho de que el Estado vuelva a recuperar un rol; de que haya control; de que haya control interno con propuesta del Congreso, con participación del Congreso de la Nación; de que haya control externo; de que tenga versatilidad, pero no perdiendo de vista que lo que administra son bienes públicos y no del ámbito de la propiedad privada, nos parece que son los ejes centrales a garantizar, si los gobiernos provinciales tienen idea de poner en marcha este mecanismo.

En verdad, la cuestión de los privados está bien reglamentada, y la Comisión Nacional de Valores prevé rigurosos mecanismos de control. Lo que pasa es que aquí se mezcla el derecho privado con el derecho comunitario, lo cual me hace acordar al planteo que hacían los constituyentes en la reforma de 1994, quienes haciendo referencia a la titularidad de las tierras introdujeron en la Constitución el dominio comunitario de las comunidades indígenas, que todavía algunos no entienden.

Lo mismo sucede con las reservas hidrocarburíferas. Se trata de reservas que no están en el ámbito del dominio privado, sino en el ámbito del dominio comunitario. Esta mezcla de situaciones tiene que ser bien armonizada y bien articulada. No podemos hacer inventos o engendros. Nunca se deben dejar fallas en los sistemas de control ni hacer las cosas que ha hecho la Cámara de Diputados. En verdad, lo que ha hecho Diputados es nefasto. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer el bloque justicialista, pero creo que el bloque justicialista tendría que hacer lo que propone la senadora Negre de Alonso.

Dicho esto, desde la Unión Cívica Radical nosotros mantenemos nuestra posición originaria. Estamos de acuerdo con el hecho de que el Estado avance decididamente en participar en el mercado hidrocarburífero, pero creemos que lo hace mal. Ya se lo hacía mal con la sanción del Senado, y ahora con lo que viene de la Cámara de Diputados se lo hace peor. Engendros, obviedades, superposición de controles: una mezcla de situaciones que más que aclarar, oscurecen la situación.

Por lo expuesto, nosotros nos mantenemos en contra de la sanción del Senado y más en contra todavía de lo que ha remitido la Cámara de Diputados. En consecuencia, como en esta instancia se debe votar a libro cerrado, toda vez que no existe posibilidad de introducir ningún tipo de modificación, desde la Unión Cívica Radical planteamos nuestra posición de abstenernos en esta votación, porque no compartimos ninguno de los dos textos, que no constituyen el mejor camino.

Y repito: está bien que el Estado participe, pero no es este el mejor camino, ya que no se han resuelto los problemas que hemos planteado: siguen en riesgo nuestras áreas hidrocarburíferas y no están garantizados los mecanismos de control ni la propiedad comunitaria de las áreas petroleras, como nosotros pretendemos."