Número de Expediente 898/04

Listado de Autores
Bussi , Ricardo Argentino
Pinchetti de Sierra Morales , Delia Norma

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

S-0898/04)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación, disponga
la realización de una auditoria integral destinada a determinar la
correcta gestión del programa Jefes de Hogar, instituido por el Decreto
565/02 en el territorio de la Provincia de Tucumán, atento las
múltiples denuncias de irregularidad en la ejecución del mismo.

Ricardo A. Bussi.- Delia N. Pinchetti.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Que en cumplimiento del mandato del articulo 75 Inciso 22 de la
Constitución Nacional, por el cual se otorga rango constitucional a
todos los tratados y convenciones sobre derechos humanos y en
particular al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, se reconoció el Derecho Familiar a
la Inclusión Social

Por lo cual y dado que todas las instituciones y organizaciones
políticas, empresarias, sindicales y no gubernamentales, que
participaron del diálogo argentino, señalaron como uno de los
principales problemas que enfrenta el país, el del carácter regresivo
de la distribución del ingreso, es que en su momento el Poder Ejecutivo
Nacional, dispuso la creación del programa Jefes de Hogar a través del
Decreto de Necesidad y Urgencia N°565/02 , con el objetivo de promover
una transferencia de recursos entre quienes disponen de mejores
ingresos, hacia los sectores sociales que menos tienen, para contribuir
a una mayor equidad y promover un desarrollo económico social
sustentable.

Que, en tal sentido, es objetivo de este programa garantizar la
protección integral de la familia y asegurar el acceso de los hijos que
se encuentren en las condiciones previstas a la educación formal y
propiciar, en su caso, la incorporación de los jefes o jefas de hogar
desocupados a la mentada educación, o su participación en cursos de
capacitación, que coadyuven a su futura reinserción laboral.

Que al momento de diseñar el programa se pensó para su mayor
ejecutividad y eficiencia que el mismo debiera operar de manera
descentralizada y con activa participación de los actores sociales de
cada una de las jurisdicciones.

Ahora bien, todos estos postulados, que en el marco teórico suenan
perfectos, no siempre coinciden con la realidad, tal es el caso de lo
que acontece en la provincia de Tucumán.

Mas allá de nuestras permanentes denuncias y reclamos ante la autoridad
de aplicación, sobre diversas irregularidades que estarían aconteciendo
en la gestión del citado programa en el ámbito de la provincia, de las
cuales lamentablemente, todas cayeron en saco roto, hoy nos encontramos
con que el Señor Gobernador de la Provincia, es decir la más alta
autoridad administrativa política de la provincia, y del cual nadie
puede sospechar intenciones ocultas de oposición a este programa
implementado por el Poder Ejecutivo nacional, ha salido a denunciar por
intermedio de la prensa, (Diario La Gaceta de fecha 07 de abril del
corriente año) acerca de supuestas irregularidades en las
adjudicaciones de dicho plan.

Las supuestas irregularidades de acuerdo a los dichos del Gobernador
Alperovich, se acercarían a ojo de buen cubero a unos aproximadamente
30.000 planes mal adjudicados, es decir que habría aproximadamente
unas 30.000 personas que estarían percibiendo este beneficio, sin
corresponderles por no encuadrar en los requisitos establecidos en el
articulo 5 del citado decreto.

A los efectos de una mayor ilustración sobre la gravedad de la
situación, basta decir, que en Tucumán hay distribuidos, también según
lo dicho por el Señor Gobernador 75.000 planes sociales, con lo cual
según el calculo de la citada autoridad , el 40% de los planes sociales
estarían mal adjudicados.

Creo que con estas cifras, huelga cualquier comentario.

Ahora lo interesante es que el Señor Gobernador, sale a la palestra
denunciando este hecho, como si el no tuviera nada que ver, diciendo
lo mas campechanamente que todas estas anormalidades no surgieron
durante su administración, sino que vienen de gestiones anteriores.

Flaco favor le hace a su antecesor en el cargo, si tenemos en cuenta la
fecha del citado decreto, abril del 2002, pero parece que el señor
Gobernador se olvida, que fue Ministro de Economía y luego Senador de
la Nación gracias a su antecesor y que asumió el cargo el 29 de octubre
del año 2003.

Esto debiera llamarlo a la reflexión y pensar que los problemas no se
solucionan con solo echar culpas a los que le precedieron.

Los problemas se solucionan trabajando bien, haciendo las cosas
correctamente como marcan las normas, respetando el espíritu de las
mismas y en el caso en concreto, no solo existen irregularidades, como
venimos permanentemente denunciado en la adjudicación de los planes,
sino también en la constitución de los Consejos Consultivos, órganos
que según el articulo 9 del Decreto 565/02 tienen como misión la de
controlar la adjudicación y efectivización de los planes.

Mal entonces el Señor Gobernador, puede atribuir responsabilidades,
cuando el no cumplió con la suya, en el periodo que le toca gobernar,
cual es el de garantizar la correcta constitución y posterior
funcionamiento de los Consejos Consultivos. Organo que resulta
fundamental para asegurar la transparencia y cristalinidad en el
funcionamiento de este programa.

Pero más allá de estas disquisiciones acerca de las responsabilidades
en juego, que deberán ser determinadas por la auditoria solicitada, y
en su caso la aplicación de las sanciones previstas en el articulo 17
del citado decreto, entiendo que por sobre todas las cosas, lo
fundamental es mandar un mensaje a la sociedad, del compromiso sincero
del gobierno de la nación de asegurar que todos aquellos que
lamentablemente por su situación económica, pueden ser sujetos activos
de este programa, sientan, vean que sus derechos no son defraudados en
aras del clientelismo político patrocinado por aquellos actores
políticos, que no entienden que los tiempos han cambiado.

Es fundamental en la democracia el asegurar el principio republicano de
publicidad de los actos, mas aun cuando se disponen de fondos públicos
y cuando lo que esta en juego es el derecho básico de todo ser humano
de gozar una vida digna.

Es por las razones aquí expuestas que se solicita la pronta aprobación
del presente proyecto.-

Ricardo A. Bussi.- Delia N. Pinchetti.-