Número de Expediente 849/04

Listado de Autores
Ochoa , Raúl Ernesto

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-0849/04)

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación.

Vería oportuno, que el poder ejecutivo nacional evaluara de
manera inmediata, la necesidad y viabilidad de declarar en estado de
emergencia nacional el sistema de seguridad, para posteriormente dar,
dentro del termino que se establezca, respuestas adecuadas, de fondo e
integrales a dicha problemática.

Raúl E. Ochoa.-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Dentro de la crisis social que atraviesa nuestro país, encontramos lo
referido a la inseguridad, que a partir del horrendo asesinato del
joven Axel Blumberg, ha rebalsado la contención que tenía el poder
político con algunas soluciones puntuales y coyunturales que iba dando,
ante distintos acontecimientos delictivos que la profundizaban.

Pero hoy, humildemente entiendo, que tales soluciones no son posibles.
En efecto, existe una opinión pública demasiado sensibilizada y en
ejercicio pleno del derecho de peticionar a sus representantes, que
está articulando una presión inconveniente a los poderes públicos, toda
vez que "exige respuestas inmediatas y efectivas". Ello obligaría en
consecuencia a trabajar sobre la base de procedimientos superficiales,
tomados con ligereza y con dudoso debate y consulta. Una excesiva
aceleración de respuestas, podría conducir a riesgos de injusticias y
malas soluciones.

Que resulta imprescindible, una abordaje progresivo de todas las
cuestiones involucradas en la presente situación de emergencia,
preservando una acción equilibrada que contemple las necesidades de
ordenamiento legal y fáctico, por cuanto el Estado Nacional, debería
merituar una política clara, precisa, contundente, que satisfaga las
necesidades primordiales de contar en la sociedad con fuerzas
policiales y de seguridad que cumplan con la finalidad para las cuales
han sido concebidas. Estas políticas podrían estar dirigidas a modo de
ejemplo: a una reeducación y entrenamiento de los miembros que integran
las fuerzas, a fin de que se pueda volver a restablecer una relación de
confianza entre la sociedad argentina y los integrantes que ofrecen
velar por el bienestar de la comunidad.

También merecería consideración del Poder Ejecutivo Nacional un plan de
mejoramiento del sistema penitenciario federal a fin de que la letra de
la Constitución Nacional Argentina no sea muerta y se cumpla con el
principio de nuestra carta fundamental sostenido en el art. 18 "...las
cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para
castigo de los reos detenidos en ellas, ...". Políticas destinadas a
terminar con el hacinamiento, el ocio, y comenzar con la elaboración de
medidas que produzcan una efectiva y visible resociabilización del
condenado.

No debería dejar de considerarse una política nacional relacionada con
el uso de armas de fuego, ya que esta utilización es determinante del
grado de letalidad de los delitos, y el fácil acceso a ellas en algunos
casos puede ser condición para que estos ocurran. La proliferación
ilegal de las armas de fuego, pone en riesgo los derechos de las
personas, facilita la comisión de delitos y los hechos de violencia, es
un factor de inestabilidad política y social, y puede implicar un
desafío al monopolio de la fuerza del Estado, con el consecuente riesgo
para el personal de las fuerzas de seguridad. En razón de ello, y con
el fin, de por un lado, combatir la criminalidad y la violencia y por
el otro, cumplir las obligaciones internacionales que nuestro país
asumiera el estado nacional debe diseñar un plan nacional sobre la
tenencia y portación de armas de fuego.

Hace falta en consecuencia, tomar toda la problemática que ha
desencadenado la inseguridad y dar soluciones no solo de fondo, sino
que también de manera integral y coordinada de todas las áreas
involucradas. En un rápido análisis de la situación, encontramos que
aparte del Poder Legislativo y del Poder Judicial, son muchas las áreas
pertenecientes al Poder Ejecutivo involucradas de manera directa en la
misma. Con ello se quiere significar que sería conveniente que el Poder
Ejecutivo fuera el que evaluara minuciosamente desde su perspectiva, la
conveniencia y necesidad de declarar una emergencia nacional sobre
política de seguridad, para que en el tiempo que estime oportuno
proceda a considerar como un todo e integral la problemática, y encarar
soluciones de fondo y definitivas, de manera totalmente coordinadas.

Es necesario destacar, que la iniciativa que se le está sugiriendo al
Poder Ejecutivo, de ninguna manera significa instalar en la opinión
pública que le corresponde la misma de manera excluyente, sino de
considerar responsablemente que es el Poder Ejecutivo el que cuenta con
toda la información y estadísticas para ser el conductor de esta
problemática, y elaborar las soluciones más idóneas a la misma.

Este Poder Legislativo, con esta sugerencia no está de forma alguna
dejando de lado la responsabilidad que le compete en la problemática,
ni tampoco la responsabilidad que debe asumir en el futuro inmediato al
tener que acompañar la actividad del ejecutivo, con la sanción de las
leyes que deberán sustentar las soluciones.

Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento
en el presente proyecto.

Raúl E. Ochoa.-