Número de Expediente 841/03

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Falco , Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-841/03)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo Nacional para que, por medio de las
autoridades que correspondan, se sirva responder sobre las noticias
internacionales que dan cuenta de que la empresa norteamericana
ChoicePoint vendió a diversas agencias oficiales del gobierno de los
Estados Unidos de América datos personalísimos de millones de
ciudadanos de América Latina, entre los que se contarían los de la
Argentina. En tal caso, cuáles son las acciones que ha tomado o tomará
al respecto y si tales medidas contemplan la investigación acerca de
cómo podría haber llegado tan sensible información a manos de una
empresa privada.

Luis A. Falcó.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La compañía privada norteamericana ChoicePoint vendió a diversas
agencias federales del gobierno estadounidense bases de datos
conteniendo información sobre más de 100 millones de ciudadanos
latinoamericanos.

Entre los datos suministrados por la empresa se encuentran números de
documentos de identidad, de cuentas bancarias y de teléfono; títulos de
propiedad, antecedentes penales, deudas, juicios pendientes, nombres de
los hijos y familiares.

Según ha trascendido, el gobierno norteamericano le habría pagado a la
mencionada empresa 11 millones de dólares por la información que viene
utilizando con fines policiales y antiterroristas en nombre de la
"seguridad nacional".

Esta cuestión ha despertado severas críticas y protestas formales por
parte de los países damnificados en lo que, a todas luces, constituye
un acto violatorio del derecho a la intimidad de sus ciudadanos.

Los países afectados por tal vejación son México, Nicaragua, Honduras,
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Brasil y la
Argentina.

Los gobiernos de México, Nicaragua, Honduras y Costa Rica ya investigan
cómo llegó la información a manos privadas y sus principales hipótesis
apuntan a la probable connivencia entre funcionarios públicos de sus
países y agentes ChoicePoint.

Por ejemplo, de México ChoicePoint obtuvo la lista completa con datos
de todas las personas con capacidad de votar, la base de datos de todas
las licencias de su capital y los registros de todos los automóviles y
del 90 por ciento de las compañías que operan en territorio azteca.

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Argentina
habría presentado una denuncia contra la empresa norteamericana por la
supuesta venta de datos personales de ciudadanos de nuestro país al
gobierno estadounidense. De confirmarse la especie, es menester que el
gobierno arbitre todos los medios a su alcance para determinar de dónde
salieron los datos y quién o quiénes suministraron la información.

Alguien a puesto en juego irresponsablemente la intimidad de las
personas, el derecho al secreto, a la privacidad o, simplemente, al de
nos ser "estudiados" por agentes extraños tanto a nuestro conocimiento
como a nuestra voluntad.

Si la información partió de dependencias oficiales estaríamos en
presencia de un delito gravísimo cual es el de incumplimiento de los
deberes de funcionario público sumado a la violación de los preceptos
constitucionales más caros y elementales.

Consultada la empresa sobre quiénes habían sido sus subcontratistas,
respondió que se reservaba sus nombres para preservar a sus fuentes.
Llama amargamente la atención que una empresa profesionalizada en el
tráfico de información reservada se preocupe menos por defender la
privacidad de los millones de personas afectadas que la de aquellos
inescrupulosos que la sirven.

No es esta una noticia menor. No es esta una anécdota que pueda pasar
inadvertida sin que reaccione el gobierno argentino. Más allá de la
protesta formal o de las averiguaciones de carácter diplomático del
caso, debe realizarse una profunda investigación que sindique a la
"conexión local".

Nadie tiene derecho a jugar con los derechos personalísimos de los
ciudadanos; mucho menos si por "defecto" del propio Estado se
suministran datos a verdaderas agencias de espionaje.

Instamos al gobierno a poner en marcha una investigación exhaustiva que
individualice a los responsables y proceda a sancionarlos con las penas
que correspondan, así como a efectuar las readecuaciones
institucionales que considere necesarias para asegurar el resguardo de
tan vital información.

Por estas razones, elevamos este proyecto de comunicación a
consideración de nuestros pares, y les solicitamos su voto afirmativo
para su pronta aprobación.

Luis A. Falcó.-