Número de Expediente 694/04

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Falco , Luis

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Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
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(S-0694/04)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación:

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
decrete la "emergencia energética a través del Ministerio de
Infraestructura y Vivienda, Secretaría de Energía, conformando a la
brevedad el Consejo Asesor Energético convocando para ello, a
especialistas independientes, con el objeto de actuar en forma urgente
ante laproblemática presente y futura.

Luis A. Falcó.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Desde hace varias semanas el país en su conjunto se encuentra
inmerso en las preocupaciones que le generan una crisis energética
imposible de ocultar por parte de las autoridades del sector. A los ya
comunes, generalizados e imprevistos cortes de energía eléctrica se han
sumado en los últimos días interrupciones de suministro de gas natural
a grandes y medianas industrias, especialmente las situadas en el NOA y
las provincias de Buenos Aires y Córdoba, como también anuncios
empresarios y oficiales contradictorios, donde se hace referencias a
cortes programados de energía eléctrica.

Es justamente en la zona del NOA donde las distribuidoras de
gas han presionado a las industrias con amenazas de cortes de
suministros, obligándolas, prácticamente a pasarse de la categoría
tarifaria de servicio "interrumpible" a la de "no interrumpible",
notablemente superior. A su vez, en la Provincia de Buenos Aires, la
distribuidora zonal, Camuzzi Pampeana, desde hace tiempo ha negado la
incorporación al servicio a estaciones de GNC y también a usuarios
doméstico. Todo ello ante la pasividad de los organismos de regulación
y control.

Un sector que nos enorgullece internacionalmente, por haber
desplazado en su desarrollo cuantitativo y tecnológicamente a sus
similares de Italia, Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo, ha sido
atacado permanentemente por el oligopolio refinador. Rumores
intencionales sobre fuertes incrementos de su precio y restricciones a
sus despachos, avalados por la Secretaría de Energía, han provocado la
paralización de las inversiones. Es bueno recordar que el inicio del
GNC data del año 1984 y su posterior crecimiento debe entroncarse en el
Decreto nº 2.247/85 que estableció el primer Programa Nacional de Uso
Racional de la Energía. Sus usuarios son, en su mayoría, los
automovilistas particulares y fleteros de menor poder adquisitivo,
situación que dista mucho de camionetas 4 x 4 como irresponsablemente
han manifestado refinadores y funcionarios. Todo ello, sin olvidar una
circunstancia fundamental: la menor contaminación que origina en
relación a las naftas y el gasoil.

En estos días, con temperaturas medias de 28º y sin que se encuentre
colmada la capacidad de transporte de la red de gasoductos troncales,
los concesionarios de producción de la Ley 17.319 han disminuido el
envío de gas, generando los cortes más recientes. Existe la seguridad
de que cuando llegue la temporada invernal, la capacidad de los
gasoductos troncales no permitirá satisfacer la demanda.

Prácticamente, a partir de la sanción de la actual Ley de
Emergencia Pública Nº 25.561, que condicionó los ajustes de tarifas a
un estudio integral sobre las mismas, tanto las empresas concesionarias
de servicios públicos como los productores de gas de la Ley de
Hidrocarburos, han amenazado con futuros cortes de servicios,
originados en la suspensión de las inversiones. Sin dudas, a pesar de
que seguían ganando en pesos, querían recuperar sus niveles de
utilidades en moneda extranjera. La pasividad del Ministerio de
Economía en realizar los estudios determinados por la ley 25561 (de
Emergencia Pública vigente), coincidió con el deseo empresario de que
no sean auditados sus costos, dato esencial para determinar si
corresponde o no, un incremento tarifario. A instancias de las
asociaciones de usuarios y de los organismos constitucionales
encargados de la defensa de los derechos de los ciudadanos, la Justicia
sancionó su ilegalidad; por consiguiente, las declaraciones del titular
del Ministerio de Economía culpando a dichos fallos del problema
vigente, son, cuanto menos, erróneas y falaces.

En su aspecto gasífero, la crisis trasciende las fronteras
nacionales y genera reales inquietudes en Chile. La Ley de
Hidrocarburos establece la obligatoriedad de obtener el
autoabastecimiento con la producción de los yacimientos nacionales,
como también obtener un adecuado nivel de reservas. La Ley del Marco
Regulatorio de la Industria del Gas prioriza el abastecimiento del
mercado interno por sobre las exportaciones. La realidad nos muestra
que más del 50 % de la población no dispone de gas natural, es decir,
que la satisfacción de las necesidades de los argentinos no está
lograda. Estos compatriotas excluidos del sistema gasífero están
"condenados" a recurrir al GLP que, gracias al sistema energético
neoliberal vigente, se cotiza a precio internacional a pesar de estar
destinado a quienes ostentan un nivel socioeconómico pobre o de
indigencia.

A su vez el total de las reservas comprobadas oficialmente conocidas,
nos está indicando un horizonte muy limitado; para peor, tales datos
surgen de una sumatoria de las declaraciones juradas presentadas por
las mismas empresas, certificadas por firmas especializadas de
auditoría contratadas por ellas mismas. Este inusual proceso
desregulatorio rige desde 1991 y nunca una DDJJ fue rechazada por la
Secretaría de Energía. El mismo, nos convierte en el único país en el
mundo que carece de un dato veraz de sus reservas de hidrocarburos.
Vale recordar que las actuales guerras del Golfo Pérsico y del Asia
Central tienen como objetivo fundamental por parte de los Estados
Unidos y las grandes potencias, la apropiación de reservas
hidrocarburíferas que les aseguren a sus economías el consumo de los
próximos treinta o cuarenta años.

Los recientes decretos que autorizan los aumentos de las
tarifas de gas, solamente resguardan temporalmente a los usuarios
familiares, quienes serán los únicos que pagarán de acuerdo a una
tarifa predeterminada; en contrario a las declaraciones de los
funcionarios y a los compromisos firmados con el FMI, en lo mediato
serán divididos en segmentos de consumo y, de tal forma, solamente no
recibirán aumentos aquellos que consuman muy poco. En cuanto al resto
de los usuarios, serán obligados a adquirir el fluido en el creado
Mercado Mayorista del Gas, en el cual, la contraparte, es decir, la
oferta, estará constituida por el oligopolio productor, donde seis
grandes empresas multinacionales concentran, aproximadamente, el 88 %
de la oferta, a saber: YPF 35 %, Total Austral 21 %, Pan American
Energy 11 %, Pluspetrol 9 %, Petrobras 6 % y Tecpetrol 6% . El PEN ha
concretado la transformación de las tarifas en precios, aspiración que
no pudiera concretar en su época de Ministro del Proceso José Alfredo
Martínez de Hoz.

Las declaraciones de los funcionarios, al igual que las pocas
medidas adoptadas, son insuficientes y contradictorias. La única
resolución está referida a la limitación temporaria de las
exportaciones. Los funcionarios parecen relatores de una crisis que les
es ajena. Ninguno asume sus responsabilidades. El mismo Presidente de
la República, reclama inversiones olvidándose que las empresas
responsables de la no entrega de las cantidades de gas suficientes, son
concesionarias de producción de la Ley de Hidrocarburos y, por tanto,
pasible de ser sancionadas con la pérdida del contrato de concesión
que, en la casi totalidad de los casos, tiene un nacimiento ilegítimo,
al igual que su posterior funcionamiento. La Leyes nº 17.319 y 24.145
son claras al respecto. Quienes rodean al Presidente son responsables
de que el mismo afirmara públicamente que hasta hemos perdido la
institución llamada "Acción de Oro" de YPF, cuando en realidad el
Estado Nacional posee la cantidad de 1000 acciones Clase A, que le
permiten conservar las facultades de ser obligatoriamente consultado en
los temas más importantes que hacen a la vida empresaria, como también
designar un Director y un Síndico Titular y sus respectivos suplentes.

La complejidad y gravedad de los temas rápidamente abordados y
la importancia que el tema energético tiene para el presente y el
futuro de la Argentina, hace necesario que el PEN decrete la Emergencia
Energética Nacional, poniendo en funcionamiento también una Comisión
Asesora integrada por técnicos y especialistas no vinculados a los
intereses empresarios en juego.

Señor Presidente, los argumentos expuestos y la envergadura de
la crisis energética, son lo suficientemente elocuentes para solicitar
de mis pares la aprobación del presente proyecto.

Luis A. Falcó.-