Número de Expediente 4404/04

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Curletti , Mirian Belén

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Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-4404/04)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1°: Créase la "Agencia Nacional de Control Electromagnético" como
órgano dependiente de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con el objeto
de supervisar en todo lo relativo a los efectos de las radiaciones
electromagnéticas provenientes del montaje de torres de telefonía celular
móvil.

Artículo 2°: Serán sus funciones: a) analizar el impacto de dichas ondas en
la salud de las personas; b) determinar áreas exclusivas para la instalación
de las torres de telefonía celular móvil; c) controlar en forma permanente
el estado de conservación de las torres de telefonía celular móvil; d)
efectuar mediciones periódicas de las radiaciones de radiofrecuencia que
emiten las antenas; e) realizar informes de impacto ambiental, y toda otra
función relativa a las emisiones electromagnéticas provenientes a de torres
de telefonía celular móvil y su impacto en la calidad de vida de la
población urbana y rural.

Artículo 3°: La "Agencia Nacional de Control Electromagnético", estará
integrada por representantes del Ministerio de Salud de la Nación,
representantes de las áreas de salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y será coordinada por el presidente de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. La Agencia podrá conformar en su seno un comité asesor
técnico integrado por universidades nacionales, el CONICET, e invitar a
participar del mismo a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la
problemática del ambiente.

Artículo 4º: El Poder Ejecutivo Nacional procederá a reglamentar la presente
ley en el término de los ciento ochenta -180- días desde su promulgación.

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mirian Curletti.-


FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La comunidad científica internacional coincide en que la emanación de ondas
electromagnéticas de las antenas de telefonía celular constituye un riesgo,
cuyo impacto para la salud de los habitantes es difícil de determinar en el
mediano y largo plazo, por lo que aconseja a la población mantenerse
alejada del contacto directo con ellas.

En la mayoría de los países desarrollados el estado regula y reglamenta la
instalación de estas estructuras, formulándose recomendaciones sobre el
efecto nocivo que provoca el contacto o la exposición a las ondas de radio
producidas por las antenas de estaciones base de telefonía celular móvil.

Las normas más aceptadas fueron las establecidas por organismos
estadounidenses: el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el
Instituto Nacional de Normativa de Estados Unidos, y la Comisión Nacional
sobre Radiación No Ionizante, entre los más destacados.

Científicos especialistas en el tema vienen afirmando que "La exposición a
campos electromagnéticos está altamente asociada con efectos en la salud.
Estos efectos incluyen: cáncer de muchos tipos, alteraciones del sueño,
síndrome de fatiga crónica, abortos, defectos de nacimiento, alteraciones
del ritmo cardíaco en seres humanos y otros efectos dañinos." En los
informes puede leerse también que "la radiación de radiofrecuencia de baja
intensidad tiene efectos en el sistema nervioso", y que "la exposición a
radiofrecuencias esta íntimamente ligada con mutaciones, malformaciones
congénitas y cáncer."

La precipitación con que se desarrolló esta actividad en nuestro país, obvió
establecer las precauciones en cuanto a las consecuencias negativas en la
salud.

A partir de la creación del organismo propuesto, de carácter centralizado
pero con participación federal, y posibilidad de ejecución descentralizada,
se pretende reducir al mínimo el impacto comentado, recuperando el Estado
Nacional la responsabilidad en cuanto a lo establecido en el artículo 41 de
la Constitución Nacional "Todos los habitantes gozan del derecho a ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca
la ley¿Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales¿Corresponde a la Nación dictar normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales."

Por lo expuesto Señor Presidente, solicitamos la aprobación del presente
Proyecto de Ley.

Mirian Curletti.-