Número de Expediente 4248/06

Listado de Autores
Caparrós , Mabel Luisa

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-4248/06)

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al ¿Día Mundial de la Lucha contra el SIDA¿ instituído por la Organización Mundial de la Salud cada 1º de diciembre, y receptado por la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución 45/15, en que manifiesta su profunda preocupación por las proporciones pandémicas de esta enfermedad.

Mabel Caparros

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Desde la escena mundial hasta las circunstancias más íntimas, el SIDA nos obliga a abrir los ojos y a no dejar de lado el problema por considerar que es un problema ajeno. Nos obliga a abrir nuestras mentes a soluciones comunitarias eficaces en la lucha contra el SIDA. Nos obliga a abrir los brazos para acoger a las personas que viven con la enfermedad y a brindarles nuestra solidaridad y nuestro apoyo. En la Cumbre del Milenio, los dirigentes del mundo resolvieron que para 2015 habremos detenido y comenzado a invertir la propagación del VIH/SIDA. En el año 2001 la Asamblea General convocó a un período extraordinario de sesiones para examinar todos los aspectos del problema del SIDA y forjar un compromiso mundial concertado en la lucha contra el flagelo. Ello sin duda constituyó una ocasión sin par de hacer frente a la responsabilidad de la comunidad internacional para con las generaciones futuras y de adoptar a tiempo medidas decisivas para invertir el curso de esta terrible enfermedad.

La epidemia de VIH/ Sida detectada desde la década
de los ochenta continúa avanzando a pasos agigantados con más
de 16 mil nuevas infecciones por día en todo el mundo de acuerdo con
cifras del Onsida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA). En América Latina, el número de personas que viven con VIH
Sida alcanza 14 millones, a los que se habrían de sumar 390 mil casos en el
Caribe.

A nivel mundial el Sida ha afectado a las mujeres de manera importante, ya que su condición biológica las coloca en desventaja, pues durante la relación sexual las mujeres exponen una mayor superficie mucosa durante el acto sexual, lo que hace que el virus tenga una mayor posibilidad de contagiar a la mujer. En términos sociales, las mujeres se encuentran en desventaja frente a la enfermedad al ser subordinada durante la negociación sexual, es decir, que las decisiones en este campo todavía son tomadas por los varones. Las mujeres que viven en pareja (heterosexual) se les impone la fidelidad conyugal, mientras que el hombre tiene distintas parejas sexuales.

Esta situación hace que las mujeres amas de casa tengan prácticas de riesgo con su pareja, es decir, sin protección y, en caso de contraer la infección, las mujeres seropositivas (contagiadas por el VIH sin desarrollo de la enfermedad) tienen menos posibilidades de sobrevivencia que los varones, ya que el cuidado de la familia recae sobre ellas y tienen menores probabilidades de acceder a los servicios de salud.

Al principio se creía que el Sida sólo se daba entre las personas con preferencias homosexuales, adictos a las drogas intravenosas y personas dedicadas al sexoservicio, y se les conocía como grupos de riesgo. Hoy en día los llamados grupos de riesgo han invertido el orden, presentándose loa anteriormente mencionados en el décimo tercer lugar con riesgo de contagio y las amas de casa en sexto lugar.Esta problemática no debe verse en forma aislada, ya que se propicia por el papel de la subordinación femenina a la dirección de los varones, es por ello que la prevención del Sida en mujeres sólo será posible cuando ellas tengan el poder económico y social para decir ¿no¿ a una relación sexual sin que ello implique que su vida esté en peligro por esa sola decisión.

En 1988 la Asamblea General manifestó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) hubiera adquirido proporciones de pandemia. Tomando nota de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado el 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Asamblea destacó la importancia de la observancia adecuada de esa ocasión (resolución 43/15). Actualmente hay unos 22 millones de personas que viven con el VIH/SIDA, mientras el número total de defunciones debidas a esta enfermedad en todo el mundo ha llegado a 6 millones.

Las condiciones en que el Sida se extiende y sus devastadores efectos, nos brinda la oportunidad de reflexionar profundamente respecto del mundo en que queremos vivir y de la herencia que queremos legar a generaciones futuras. En nuestra reflexión, ningún asunto puede ser más importante que el SIDA. ¿Haremos cargar a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, con la pandemia mundial del VIH/SIDA? ¿O podemos ahora adoptar medidas decisivas para invertir el avance de esta enfermedad?

En algunas partes del mundo, durante el pasado año ha habido una propagación explosiva del SIDA. En otras partes del mundo, hay indicios de que la epidemia se ha estabilizado, pero, muchas veces, sólo después de que la infección afectó a un porcentaje intolerablemente elevado de la población. Muchas naciones han demostrado que se puede controlar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, incluso en los países más ricos, incluso entre los que han tenido más éxito en su combate contra la epidemia, esa empresa requiere una renovación constante de la lucha.

Las medidas que individualmente podemos adoptar son esenciales. Para ello es menester destacar el papel de los hombres, que pueden hacer una diferencia particularmente importante: pueden obrar de manera más generosa, asumir menos riesgos y encarar de frente el problema del SIDA. Hasta que comprendan que el SIDA es también su problema, no atinaran a adoptar las medidas adecuadas para protegerse y para proteger a los demás contra el SIDA y por ende se verán privados de los medios para reducir la incidencia del virus en sus vidas. Ello se aplica tanto al dirigente que planifica la asignación de los recursos nacionales, como al esposo que planea su futuro con su esposa o al padre que planea el futuro de su hijo.

En el mundo, la epidemia del VIH/SIDA ha ido acompañada por otra epidemia de miedo, estigmatización y discriminación. Esto ha significado un nuevo reto para aquellos que trabajan en salud pública, al hacerse necesaria la protección de los derechos humanos de los afectados, como parte fundamental de cualquier programa eficaz en contra de la epidemia. Las reacciones negativas ante el VIH/SIDA no son únicas en la historia de las enfermedades, y cabe recordar que la respuesta de los seres humanos a las grandes pandemias ha sido pobre y se ha caracterizado por tratar de encontrar culpables y "chivos expiatorios".

Mientras la discriminación, la estigmatización y la violación de los derechos humanos continúen, la idea de que los infectados forman parte de grupos especiales no dejará de existir, y la percepción de riesgo de quien no se considere parte de estos grupos será nula o casi nula, aumentando la posibilidad de que se infecte. Por su parte, los afectados se alejarán cada vez más de las medidas de prevención que se adopten y se volverán cada vez más renuentes a acudir a los sitios donde se les puede brindar ayuda, por miedo a ser discriminados.

El SIDA es una enfermedad con repercusiones sociales de tal magnitud y complejidad, que se han reportado violaciones relacionadas con todos los derechos humanos de la primera y segunda generaciones. Es importante señalar una característica de la definición de los derechos humanos que con frecuencia se ignora: es obligación del Estado garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, por lo que éstos sólo pueden ser violados por quienes estén bajo su responsabilidad. Es decir, las violaciones a los derechos humanos sólo las cometen las autoridades y las instituciones gubernamentales.

Todos sabemos que muchos de los actos de discriminación contra las personas que viven con VIH o tienen SIDA, e incluso contra sus parejas, familiares o amigos, son cometidos por la población civil. Sin duda uno de los grandes temas a discutir y uno de los grandes vacíos legislativos que existen, es precisamente el de las sanciones a las que se deberían hacer acreedores quienes cometen actos discriminatorios y las instancias a las que podrían acudir los afectados.

Existen otros aspectos generales que conviene señalar: el primero es que el SIDA ha puesto a prueba el respeto de los derechos humanos en la práctica. En muchos países, una cosa son las leyes y las buenas intenciones y otra muy distinta su aplicación. El segundo se refiere a que el SIDA es un problema global, por lo que cada
vez se hará más necesario que la legislación internacional de derechos humanos así lo aborde. En tercer lugar, un punto fundamental es el de comprender no sólo la trascendencia que tiene vigilar el respeto de los derechos humanos como fin en sí mismo -por cierto más que justificado-, sino como medio para lograr el control de la epidemia. Para el caso concreto del SIDA, el respeto a estos derechos y a la dignidad de los afectados no es un lujo: es una absoluta e impostergable necesidad; una necesidad para el control de la epidemia.

Mientras los infectados y enfermos continúen siendo discriminados y sus derechos violados, la idea de que forman parte de un grupo especial -el de los afectados- no dejará de existir. La percepción de riesgo de quien no se sienta parte del grupo será nula o casi nula -aumentando así su probabilidad de infectarse- provocando que los afectados e identificados con éstos, se hagan cada vez menos accesibles a las medidas que se adopten y más renuentes a acudir voluntariamente a lugares donde puedan ser ayudados, pues tendrán miedo de ser identificados y de padecer en carne propia discriminación o violación de sus derechos. El último aspecto que cabe señalar es que, aunque el SIDA es un problema de la incumbencia del Sector Salud, en la medida que se manifiesta como una problemática social diversa que se agrava por problemas de subdesarrollo, desempleo, pobreza y analfabetismo, se constituye en un problema que requiere de la intervención del conjunto de las instituciones responsables de la política social del Estado.

Los gobiernos deben asumir la responsabilidad ética de proporcionar o favorecer la salud integral de toda la población. Por ello y en cumplimiento de la Resolución que así lo informa, solicito de este cuerpo la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Mabel Caparros