Número de Expediente 4195/05

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Falco , Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-4195/05)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Industria y Comercio, instrumente a la brevedad los mecanismos que considere necesarios para fiscalizar la atención a usuarios y consumidores por parte de las Asociaciones de consumidores o usuarios registradas en el Registro Nacional creado a tal fin.-

Luis A. Falcó.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada en septiembre de 1993 y posteriormente actualizada, tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios.

En la misma, quedan legitimadas las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas, que pueden accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en la misma ley.

Las mismas cuya finalidad será la defensa, información y educación del consumidor, deben requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Luego de detallar los fines de las mismas, se enumeran los requisitos necesarios para obtener dicho reconocimiento y el procedimiento para la promoción de reclamos.

Sin embargo en algún aspecto la legislación vigente queda demorada en algunos aspectos que hoy día se pueden observar: algunas de estas asociaciones civiles, entre la más de doscientas que se encuentran registradas, no estarían cumpliendo con los fines para los que fueron creadas.

Existen sospechas públicas de que en algunos casos estarían jugando a favor de algunas empresas más que defender a usuarios, mientras que en otros estarían funcionando como "cáscaras vacías" en las que no hay un verdadero trabajo de defensa del consumidor, sino un aprovechamiento de los mismos para luego cobrar juicios y recibir subsidios estatales.

Las denuncias no sólo son dadas a conocer por parte de otras asociaciones o de usuarios en sí, sino por algunos funcionarios de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, lo que torna al escenario más preocupante aún.

El presente proyecto pretende que la autoridad de aplicación nacional de esta ley, que es quien cuenta con los recursos necesarios, evalúe y lleve a la práctica todo accionar que permita controlar más de cerca a las asociaciones civiles, ya que su mano hoy día llega sólo hasta los balances, pero no posee las herramientas para fiscalizar si cumplen acabadamente con sus fines.

Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del presente.-

Luis A. Falcó.-