Número de Expediente 4179/04

Listado de Autores
Falco , Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-4179/04)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación,

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del
Ministerio de Salud, responda a la brevedad acerca de algunos puntos
relacionados con la atención al público con discapacidad que tramita el
Certificado Único de Discapacidad, a ser:

1.- Tiempos estimados en los cuales se vienen otorgando los turnos así
como los criterios de adjudicación de los mismos.
2.- Si existen comodidades y adaptaciones edilicias para las
necesidades especiales de los solicitantes.
3.- Relación existente entre el numero de empleados y el de
solicitantes.
4.- Si la dependencia encargada del trámite, posee adaptaciones de la
comunicación dirigidas a personas sordomudas o hipoacúsicas.-

Luis A. Falcó.-


FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Ley 22.431 que instituye el Sistema de Protección Integral de las
Personas Discapacitadas, que data de 1981, instauró en su artículo 3º
que en cada caso el Ministerio de Salud de la Nación certificará la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las
posibilidades de rehabilitación del afectado. El certificado en
cuestión llamado Certificado Único de Discapacidad, acredita plenamente
la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos
en que sea necesario invocarla, salvo en los casos de jubilaciones y
pensiones.

Numerosas denuncias y expresiones de desazón y bronca pude conocer,
desde hace ya un tiempo. Cuestiones como las siguientes, que voy a
tratar de esquematizar, hacen de dicho trámite una tarea más que
engorrosa -por parte del solicitante- y más que cruel por parte del
Estado. Podemos citar sólo algunas:

· Otorgamiento de turnos con atrasos significativos;
· Criterios de adjudicación de horarios alejados de la individualidad:
en cada turno, de diez a quince personas citadas;
· Incomodidades edilicias que imposibilitan prácticamente, por ejemplo,
el deambular cómodo de una silla de ruedas;
· Poca cantidad de empleados, en relación a la cantidad de gente que
por día se convoca en la oficina;
· Ausencia de personal capacitado para atender correcta y
fehacientemente a personas sordas e hipoacúsicas (intérprete de lengua
de señas).

Si no nos olvidamos siquiera por un momento que esta oficina fue creada
para receptar solicitudes y expedir certificados de discapacidad y que
por tal motivo, siendo el turno personal esta oficina atiende a
personas con discapacidades varias, resulta mínimamente incomprensible
que tales situaciones -que pueden suceder como en cualquier oficina
pública- no hayan sido observadas y solucionadas en la inmediatez.

La ley de protección integral fue un hito en cuanto al reconocimiento
de la necesidad de discriminar positivamente por parte de la sociedad
en su conjunto, frente a las grandes desventajas sociales -entre otras-
que implica la discapacidad en un individuo social.

Convencido estoy que el Estado debe encabezar el respeto por las
diferencias. Y mucho más aún, oficinas del Estado que tienen como
misión dar respuesta a un vasto sector de la sociedad portador de
diferencias significativas, tienen la obligación de adaptarse a dichas
necesidades demostrando con ello que, con recursos poco onerosos y
buena voluntad y respeto al prójimo, se puede sostener en lo cotidiano
una atención no discriminadora en lo negativo.

Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito
a mis pares la aprobación del presente.-

Luis A. Falcó.-