Número de Expediente 4151/04

Listado de Autores
Pichetto , Miguel Ángel
Conti , Diana Beatriz
Salvatori , Pedro
Capitanich , Jorge Milton

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-4151/04)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ESTADO JUDICIAL DE MAGISTRADOS

Artículo 1°.- El ejercicio de la magistratura previsto en los Artículos
108 y 120 de la Constitución Nacional, implicará la sujeción al estado
judicial, conforme los términos de la presente ley.

Artículo 2° .- Denomínase estado judicial a la situación jurídica
resultante del conjunto de derechos, deberes y obligaciones que surgen
de las normas vigentes para el desempeño de los cargos de los
magistrados, guardando directa correspondencia con las situaciones de
actividad, coadyuvancia o retiro, quedando excluidos los casos de
remoción o invalidez.

Artículo 3° .- El estado judicial traerá aparejada la posibilidad, para
aquellos magistrados que se encontraren en situación de retiro, de ser
convocados, temporalmente, para el cumplimiento de funciones inherentes
a un magistrado en actividad, cuando las necesidades del servicio de
justicia así lo requieran.

Artículo 4°.- Dicha convocatoria podrá ser realizada no sólo en casos
de suspensión, licencia, o vacancia, sino también para el cumplimiento
de funciones de coadyuvancia, es decir, de colaboración en la
resolución de las causas radicadas en tribunales inferiores o en las
respectivas fiscalías o defensorías, o bien para funciones de
asesoramiento, esto último en la medida que la complejidad de las
causas y/o de los procedimientos lo justifiquen.

Artículo 5° .- El estado judicial inherente a situaciones de
coadyuvancia o retiro, implicará sujeción a las mismas normas
disciplinarias a las que están sometidos los magistrados en actividad,
y a los procedimientos de remoción establecidos en la Constitución
Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten.

Artículo 6° .- El estado judicial de los magistrados en actividad
acarreará también la obligación de prestar colaboración en funciones de
su misma jerarquía, ante situaciones de urgencia judicial o de tal
envergadura que hicieren dificultoso el normal desarrollo del servicio
de justicia, o tornaren imposible la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Artículo 7° .- Formará parte de las atribuciones del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público, fijar por reglamentación las
causales que podrán invocar los magistrados como justificación a su
incomparecencia; las excepciones al deber de asistir, y todas aquellas
normas que hagan a las necesidades de desplazamiento territorial que
pudieren presentarse dentro de una misma jurisdicción y competencia,
sin perjuicio de las disposiciones sobre actuación conjunta o
alternativa existentes.

Artículo 8° .- Todo llamamiento realizado en los términos de la
presente ley, será efectuado -en sus respectivos ámbitos- por el
Consejo de la Magistratura -en cumplimiento de la facultad acordada
por el Artículo 114, inciso 6° de la Constitución Nacional-, y por el
Ministerio Público -conforme los términos de la Ley N° 24.946-.

Artículo 9° .- Las compensaciones establecidas en el Artículo 110° de
la Constitución Nacional y que son inherentes al estado judicial
regulado por la presente ley, serán percibidas por los magistrados en
situación de actividad, coadyuvancia o retiro, y solventadas y
sufragadas por el Poder Judicial de la Nación, con los siguientes
recursos: a) con el presupuesto asignado al Poder Judicial o al
Ministerio Público; b) con los aportes personales que ingresaren al
presupuesto del Poder Judicial de la Nación, cuyo monto se fija en el
quince por ciento (15 %) sobre las compensaciones imponibles; c) con
las contribuciones a cargo del Poder Judicial ingresadas a su
presupuesto, cuyo monto se fija en el dieciséis por ciento (16 %) sobre
las compensaciones imponibles.

Se entiende por compensación imponible, aquella contraprestación que
percibiere el magistrado por todo concepto, excepción hecha de los
siguientes rubros: a) viáticos, incluidos los pagos de gastos de nafta
y/o gas, con o sin rendición de cuentas; b) gastos de representación,
con o sin rendición de cuentas.

Artículo 10° .- Agregase como inciso f) del Artículo 3° de la Ley
23.853 -de Autarquía Judicial-, el siguiente:

"f) Todo otro recurso proveniente de sumas por aportes y contribuciones
establecidas en la legislación vigente."

Artículo 11°.- La Administración Nacional de la Seguridad Social
transferirá al Poder Judicial de la Nación, los montos acumulados en el
Sistema Nacional de Previsión por los agentes que se desempeñan
actualmente en la actividad, y los recursos correspondientes a quienes
se encontraren percibiendo los beneficios previsionales de acuerdo a la
Ley 24.018.

Artículo 12° .- Derógase el Artículo 16 de la Ley N° 24.018.

Artículo 13° .- Invítase a las Provincias y al Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, a adherir a los términos de la presente ley.

Artículo 14° .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel A. Pichetto. - Pedro Salvatori. - Diana B. Conti. - Jorge M.
Capitanich.-

FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

La necesidad de afianzar la justicia, nos ha sido impuesta por el
Preámbulo de la Constitución Argentina, como requisito ineludible de
nuestra esencia y de nuestra subsistencia como Nación.

Ese afianzamiento de la justicia no puede hacerse de otro modo más que
a través de un servicio de justicia independiente, idóneo y eficaz, que
asegure a cada uno de nosotros el acceso irrestricto a ella, y su
intervención hasta componer los intereses de las partes y poner a
debido resguardo sus derechos.

El ejercicio de la magistratura en el ámbito judicial, se encuentra
garantizado por los Artículos 109, 110, 113, 114, 115, 120 y
concordantes de nuestra Constitución Nacional, como parte inescindible
del sistema republicano que adoptamos como gobierno.

Tal es la importancia del sistema judicial para cualquier sociedad, que
nuestra propia Constitución ha obligado a las provincias, ya en l853 y
a través de su Artículo 5, a asegurar la administración de justicia en
sus respectivos territorios.

Y en concordancia con ello, los criterios de selección de magistrados
se han vuelto severos a la hora de asegurar la idoneidad, la ética y
las condiciones personales que deben regir esta actividad, no
comparable con ninguna otra función pública o privada.

La institución del Consejo de la Magistratura, y la existencia del Jury
de Enjuiciamiento previsto en la Ley del Ministerio Público, son
instancias superadoras del quehacer judicial, en pos de una mejor
administración de justicia.

También lo es la autolimitación del Poder Ejecutivo Nacional para la
propuesta y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, el que, por Decreto N° 222, del 19 de Junio de 2003,
incluyó en el procedimiento de selección, entre otras previsiones, la
convocatoria a la ciudadanía en general, a las organizaciones no
gubernamentales, a los colegios y asociaciones profesionales y a las
entidades académicas y de derechos humanos, para que formulen todas
aquellas observaciones y circunstancias que, de manera fundada, hagan a
la elección de los candidatos.

Ello implica que, en nuestro derecho, la función judicial se encuentra
lo suficientemente jerarquizada y a resguardo de cualquier
acontecimiento que pueda afectarla.

Ello implica también, que se ha venido realizando un saneamiento de la
institución judicial, que posibilita contar con mejores hombres.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer la situación de desborde y
colapso que sufren nuestros tribunales, a la hora de hacer frente a los
reclamos de los ciudadanos, ávidos de su intervención dirigida,
fundamentalmente, a materializar la garantía de una efectiva prestación
del servicio de justicia.

El ejercicio de la magistratura, requiere total y exclusiva dedicación,
habiéndose creado limitaciones funcionales e incompatibilidades
específicas, que aseguran honestidad e independencia y posicionan a la
judicial entre aquellas carreras que exigen una consagración vital.

Existe, más allá de toda norma, un estado judicial al que los
magistrados no pueden sustraerse, pero que por falta de disposiciones
legales adecuadas, no es reconocido suficientemente como tal.

Ese estado judicial, expuesto en toda su amplitud, será sinónimo de
derechos, deberes y obligaciones, algunos ya contemplados en la
legislación vigente, y otros creados como herramienta para acercar a la
Justicia, en forma definitiva, a todos y cada uno de los ciudadanos.

Hacen a la esencia del estado judicial, no sólo las incompatibilidades
a que están sometidos nuestros magistrados, sino también un estar a
disposición en forma permanente, que debe ser reglamentado en todos sus
alcances.

Pues ni el mejor esfuerzo personal puede arrasar con el déficit en el
que la justicia argentina se encuentra inmerso.

Ni jueces, ni fiscales o defensores oficiales, pueden sustraerse de sus
obligaciones para con el servicio de Justicia, ni ésta puede
desprenderse, ni aún después de haberse retirado y ante circunstancias
insuperables, de hombres que ofrecen y han ofrecido todo en pos de la
paz social y de la seguridad jurídica, y a quienes se ha capacitado con
el esfuerzo de toda la sociedad.

Los magistrados constituyen una reserva moral de la sociedad, y deben
ser llamados a acudir en defensa y como garantía de nuestro sistema
judicial, toda vez que éste los requiera en virtud de las especiales e
insuperables circunstancias a las que me he referido.

El estado judicial que ahora propongo, permitirá continuar los lazos
entre instituciones y hombres, como otra forma del bien público.

Y es por ello que la previsión del Artículo 16 de la Ley N° 24.018,
resulta escasa, por compartir la filosofía de un régimen de vacancia,
prácticamente automático.

Entiendo que esa disposición debe ser sustituida en la medida que, en
el estado judicial -como aquél estado inherente a la persona del
magistrado-, debe encontrarse asegurada la continuidad de una justicia
eficaz y de acceso irrestricto para la población, ante un sin número de
causales que nada tienen que ver con un régimen de licencias, sino con
la subsistencia de esa justicia como Poder del Estado, y como garantía
última del sistema democrático.

En ese contexto, también se ponen a disposición del Poder Judicial las
herramientas económicas necesarias para llevar adelante, en toda su
amplitud, el estado que esta ley confiere, solventándo sus erogaciones
con recursos propios, administrados en forma directa.

Por todo lo expuesto, solicito la urgente sanción del presente
proyecto.

Miguel A. Pichetto. - Pedro Salvatori. - Diana B. Conti. - Jorge M.
Capitanich.-