Número de Expediente 389/07

Listado de Autores
Salvatori , Pedro

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-389/07)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría del Interior y demás organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:

1_ Acerca de la tarea desarrollada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. A tales efectos es necesario saber:

1.a) Cuáles han sido las medidas tomadas por la autoridad nacional competente en materia de prevención y control del delito en todo el territorio nacional.

1.b) Si la red Unificada de Inteligencia Criminal, instituida en el ámbito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal se encuentra en funcionamiento. En caso afirmativo, solicito informe acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde las provincias del interior del país.

2_ Especifique las clases de delitos que sufren los sujetos que actúan en toda la cadena comercial del transporte de cargas. Asimismo detalle:

2.a) Cuáles son los rubros sobre los que existe mayor incidencia delictiva.

2.b) La gravedad del delito e indique el porcentaje delictual.

3_ Si la AFIP o los organismos fiscales provinciales poseen algún mecanismo tecnológico que permita controlar y registrar el origen, destino y empleo de las mercaderías.

Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El sector del transporte de cargas no es ajeno a la inseguridad que nos afecta, sino por lo contrario es una víctima de la modalidad delictiva de la piratería del asfalto por lo que es necesario tomar todas aquellas medidas que tiendan a prevenir esta forma del delito que incide en un sector muy amplio de la sociedad ocasionando pérdidas millonarias a la economía argentina y sobre todo causando un riesgo en la vida de los trabajadores.

Tal es el grado de preocupación que empresarios, trabajadores, fuerzas de seguridad y autoridades de la justicia han coincidido en trabajar en forma conjunta a fin de mejorar las medidas de seguridad para evitar que males mayores puedan ocasionarse en la integridad de los trabajadores. Es por ello que debemos acompañar e impulsar todas aquellas disposiciones que tiendan a lograr la seguridad en la actividad del transporte de cargas.

Debemos considerar esta modalidad del delito como fundamental pues este sector es motor de la economía ya que, como he señalado más arriba, ocasiona pérdidas millonarias por más de quinientos millones de pesos anuales y existe un número considerable en camiones robados, de acuerdo a lo declarado por los propietarios de camiones de todo el país los cuales han denunciado el robo de unos 3.000 vehículos del transporte de cargas por parte de los llamados "piratas del asfalto".

Entre el 70 y el 80 por ciento de los casos se registran en la Provincia de Buenos Aires y el 16 por ciento en Capital Federal, sin perjuicio que también se ha registrado un fuerte crecimiento de este delito en el interior del país. Las bandas son muy profesionales y pagan hasta cinco mil pesos por información precisa de un camión con una buena carga que, a su vez, siempre fue vendida antes de dar el golpe.

Las bandas, llamados "cañeros" o "gatilleros" actúan por un pago de entre 5.000 y 10.000 pesos, interceptan el camión y lo entregan a los que van a reducir la mercadería. Se estima que existe una media docena de bandas de primer nivel que hacen golpes con 16 personas actuando coordinadamente.

La mercadería robada es vendida y generalmente se deposita en un galpón de acuerdo a lo que anuncian las distintas fuentes de información. Además desde el sector privado admiten que, a veces, los propietarios pagan rescate por lo robado como si se tratara de una persona.

En esta clase de delito se ven implicados no solo los empresarios, sino también el dador de la carga, las compañías de seguros, las fuerzas de seguridad, la justicia, los trabajadores y el estado, siendo los únicos beneficiados las organizaciones delictivas, que luego introducen las mercaderías en el mercado dando origen a una cadena de ilícitos con el correspondiente perjuicio económico.

De esta manera, el fisco nacional y/o provincial también se ve afectado debido a la gran evasión que esta clase de delito genera, es por ello que deben instrumentarse un conjunto de disposiciones que tiendan al más alto grado de fiscalización posible, mediante la implementación de operativos en las distintas rutas nacionales o provinciales, exigiendo la documentación que identifique indubitablemente a la mercadería y en caso negativo confeccionar el acta respectiva; como así también implementar un sistema de multas e infracciones considerables a efectos de intimidar a aquél que no sea el legítimo propietario como modo de disuasión.

Es por todo esto que debemos bregar por la operatividad de todas las medidas tendientes a alcanzar el control del origen y destino de las mercaderías mediante medios tecnológicos que permitan intercambiar información entre las diferentes administraciones provinciales y entre éstas y la administración nacional, con el único objetivo de fiscalizar la circulación de las mercaderías en toda la cadena comercial.

Como representantes del pueblo, es nuestro deber responder a las demandas sociales, garantizando la seguridad de las personas y sus bienes. Está en nosotros tomar las medidas conducentes a este respecto, pues la seguridad no puede ser un concepto abstracto, la seguridad tiene que ver con la integridad personal, con las personas y sus bienes y cuando ella es vulnerada por medio de este delito, el bien jurídico afectado no es más que el derecho a la propiedad, derecho inalienable y fundamental del cual el hombre no puede ser privado.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Pedro Salvatori.