Número de Expediente 3781/06

Listado de Autores
Morales , Gerardo Rubén
Sanz , Ernesto Ricardo

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-3781/06)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, informe en general sobre los subsidios o transferencias de fondos destinados a las organizaciones sindicales o federaciones gremiales y su efectiva aplicación, y en particular:

¿A cuánto ascienden las sumas otorgadas por Subsidios, Transferencias, Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y cualquier otro concepto a cada una de las organizaciones sindicales de base o federaciones gremiales, con detalle, para el período 2003-2006?
¿Cuál ha sido el control ejercido sobre la efectiva aplicación de dichos fondos a los fines que determinaron su asignación?
¿Cuál es la evaluación sobre la eficacia de asignación de los mismos a los fines previstos?
Toda otra información que amplíe o complete el presente tema.

Gerardo R. Morales.- Ernesto Sanz.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

No salimos del asombro que nos han causado las imágenes de los momentos previos al traslado definitivo de los restos del ex Presidente Juan Domingo Perón, ayer, martes 17 de Octubre, al mausoleo de la quinta 17 de Octubre en la localidad de San Vicente en la provincia de Buenos Aires, acto organizado directamente por el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) y las 62 Organizaciones Peronistas.

Asistir a la violencia más descarnada por las peleas, piedrazos y hasta balazos que dejaron medio centenar de heridos entre inconfundibles militantes de gremios, quienes acompañaban a sus referentes sindicales, que vestían camisetas y pecheras identificatorias de su filiación, no nos deja margen para el análisis político.

Similares actos escandalosos entre impunes grupos armados, lamentablemente, también hemos visto la semana pasada frente al Hospital Francés de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las fuerzas legales del Estado no intervinieron cumpliendo órdenes o sólo lo hicieron cuando las víctimas alcanzaban el número suficiente para llamar la atención ante la opinión pública. ¿Quizás debemos hallar en
la actividad de los medios de comunicación la razón de su definitiva, aunque tardía, respuesta?

Sin embargo, otro tipo de violencia, quizá tan brutal como ésta, la constituye la feroz concentración de poder -en manos del Presidente Néstor Kirchner- que viabiliza actos impetuosos y atropella la libre expresión democrática. No podemos esperar menos de una gestión intolerante, prepotente y violenta, que cuando hay una marcha convoca a una contramarcha o cuando hay una acción política que le disgusta genera su re-acción inmediata.

Ha sostenido recientemente el constitucionalista Andrés Gil Dominguez: ¿un estado constitucional de derecho así caracterizado se basa, asimismo, en tres principios esenciales: la tolerancia, el pluralismo y la participación. La tolerancia presenta como requisito la conciencia de la propia identidad: sólo quien está seguro de su biografía puede aceptar que cada persona alcance la trascendencia por medio de la fe, la razón, o por cualquier otro camino. El pluralismo implica una visión del mundo basada en la creencia de que la diferencia, el contraste, la disidencia y el cambio contribuyen a lograr la integración democrática, mucho más que la unanimidad. La participación permite la constante redefinición del contrato de representación popular¿.

Estos tres elementos del Estado constitucional de derecho, la tolerancia, el pluralismo y la participación deben ser el camino que encause la acción de gobierno. Exigirlos es un deber de la oposición.

La transparencia en la asignación de los fondos públicos en un deber republicano. Lo es también el control del resultado de dicha aplicación, ya que los destinos de los mismos no siempre coinciden con una respuesta efectiva en su aplicación. Además, debe ser permanente dicha evaluación, para justificar una nueva asignación; y al efecto, exigir la rendición de cuentas con la correspondiente evaluación de las responsabilidades de los actores intervinientes.

Desde que comenzó su mandato, este Gobierno, ha hecho del (oscuro) reparto de subsidios su principal arma para su manejo del poder, pero no sólo podría sostenerse lo antedicho, inclusive el propio Presidente ha manifestado en los medios de comunicación, meses atrás, el resultado de le habría dado dicha actitud: ¿Me quieren extorsionar algunos legisladores, porque quieren prebendas¿. Oportunamente, hemos presentado proyectos de comunicación solicitando informes sobre esta grave denuncia, sin haber logrado aún el tratamiento en el recinto, a pesar de la gravedad institucional que la misma contiene.

Hechos como los citados, nos permitirían vislumbrar que dichos apoyos no son destinados a lo que sus títulos indicarían.

Tomemos por ejemplo el caso de los más de cuatrocientos millones de pesos que ha recibido el gremio de los Camioneros (uno de los grupos identificado en el enfrentamiento en San Vicente) para una supuesta ¿Profesionalización¿ del sector.

¿Cuán ¿profesionalizados¿ estaban los conductores del camión que colisionó de frente a un micro que transportaba estudiantes en una ruta de la provincia de Santa Fe, cuando sus cadáveres evidenciaron sendos restos de alcohol?, nos preguntamos con indignación.

Señor Presidente, ¿son los montos destinados por el Presupuesto nacional para fortalecer la acción gremial y mejorar la capacitación de los trabajadores -principales víctimas de las crisis socio económicas- utilizados para fomentar la patota y vivificar las confrontaciones?

Reclamamos, una vez más, una respuesta a conciencia del Gobierno nacional.

Ya lo hemos hecho en sendos pedidos de informes al Poder Ejecutivo y en nuestra participación en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración hemos exigido que se auditen tanto la entrega como el uso de los fondos otorgados por el Estado a los gremios o empresas privadas.

También en denuncias a la Oficina Anticorrupción, donde hemos solicitado la intervención del fiscal de control administrativo frente al arbitrario e irregular manejo de los recursos de los Fondos Fiduciarios y la evidente falta de controles de los funcionarios del más alto nivel del Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de este Pedido de Informes al Poder Ejecutivo, hemos remitido nota en el mismo sentido al secretario de Hacienda de la Nación.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Gerardo R. Morales.- Ernesto Sanz.