Número de Expediente 3596/06
| N° | Origen | Tipo | Extracto |
|---|---|---|---|
| 3596/06 | Senado De La Nación | Proyecto De Comunicación | ESCUDERO : PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO INFORMES SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL Y A TESTIGOS , EN LAS CAUSAS JUDICIALES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS . |
| Listado de Autores |
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Escudero
, Sonia Margarita
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Fechas en Dir. Mesa de Entradas
| MESA DE ENTRADAS | DADO CUENTA | Nº DE D.A.E. |
|---|---|---|
| 03-10-2006 | 04-10-2006 | 161/2006 Tipo: NORMAL |
ENVIADO AL ARCHIVO : 18-10-2006
Resoluciones
| SENADO |
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| FECHA DE SANCION: 04-10-2006 |
| SANCION: APROBO |
| COMENTARIO: SOBRE TABLAS |
| APROBADO COMO: Proyecto de Declaracion |
| NOTA:SE AP. TEXTO UNIF. CONJ. S. 3500,3583,3588,3590,3600/06 |
En proceso de carga
Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-3596/06)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar para brindar protección a los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación y sustanciación de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, así como a los testigos ofrecidos en dichos procesos.
Sonia Escudero.-
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Como es de público conocimiento, la desaparición de Jorge J. López -quien fuera testigo de la causa penal sustanciada contra el ex comisario Miguel Etchecolatz-, ha provocado honda preocupación tanto en autoridades públicas como en la sociedad civil.
A este grave hecho, que lamentablemente hasta la fecha no ha podido ser esclarecido, se agregan otras circunstancias de suma gravedad susceptibles de poner en riesgo el normal desarrollo de otras causas que, como la instaurada contra Miguel Etchecolatz, tienen como objeto la investigación y obtención de una sentencia justa contra las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar.
Me refiero, por supuesto, a las amenazas que en los últimos días han recibido magistrados y fiscales encargados de impulsar estos procesos.
Según es de público conocimiento habrían recibido amenazas el Camarista platense, Carlos Rozanski -miembro del Tribunal Federal nº 1 de La Plata que recientemente condenó a Miguel Etchecolatz-, el juez federal Sergio Torres -titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 12 de la Capital Federal-, el juez federal Guillermo Montenegro -titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 7 de la Capital Federal-, el juez federal Marcos Bruno Quinteros -titular del Juzgado Federal nº 1 de Formosa-, el juez federal Miguel Medina -titular del Juzgado Federal nº 2 de Salta-, el juez federal Walter Bento -titular del Juzgado Federal nº 1 de Mendoza-, el Camarista Mario Portela -miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata- y el juez federal Alcindo Alvarez Canale -titular del Juzgado Federal de Bahía Blanca nº 1-; así como los fiscales Carlos Dulau Dumm, Eduardo Taiano, Francisco Sosa, Nery López, Santos Reinoso, Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba.
Asimismo, Nilda Eloy quien participara como testigo en el proceso seguido al ex comisario Miguel Etchecolatz también habría recibido intimidaciones.
En este contexto, resulta de interés de este Cuerpo conocer las medidas que el Poder Ejecutivo ha adoptado o proyecta adoptar con la finalidad de garantizar que el trámite de los procesos se desarrolle en condiciones de absoluta independencia, protegiendo la integridad física tanto de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal como así también la de los testigos ofrecidos en las causas vinculadas con violaciones de derechos humanos.
En atención a lo expuesto solicito el acompañamiento de los integrantes de este Cuerpo en la aprobación de este proyecto.
Sonia Escudero.-
