Número de Expediente 3588/06

Listado de Autores
Perceval , María Cristina

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-3588/06)

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

Manifiesta su repudio por las amenazas ejercidas contra testigos y funcionarios judiciales que tienen a su cargo las investigaciones por violaciones a los derechos humanos perpetradas por la última dictadura militar.

Asimismo, declara su preocupación por las reiteradas acciones intimidatorias que intentan socavar el derecho al conocimiento histórico y a la verdad sobre lo sucedido durante el último golpe militar en nuestro país, afrentas a la lucha contra la impunidad y el olvido, como así también a la búsqueda constante de la verdad para construir la Argentina que todos y todas nos merecemos.

María C. Perceval.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

A partir del juicio contra el represor y ex comisario de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, y en el marco de la reactivación de numerosos juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidos durante la pasada dictadura militar, en casi todo el país, una numerosa cantidad de jueces, fiscales y testigos han recibido amenazas, en lo que podría interpretarse como una operación deliberada y llevada a cabo con información precisa sobre las causas judiciales.

Las amenazas intentan imponer un clima de intimidación y son una afrenta a la libertad y la seguridad de las personas, al derecho a la expresión, a conocer la verdad y al libre funcionamiento de instituciones claves de la vida democrática.

Uno de los funcionarios judiciales amenazados es Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1, quien tuvo a su cargo el juicio contra Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de Ramón Camps. Para el Juez, las cartas intimidatorias que recibieron en sus despachos los distintos jueces y fiscales que están investigando los delitos de lesa humanidad no pueden detener los juicios por los crímenes de la dictadura: ¿El Estado argentino y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es irreversible. No se modifica con amenazas¿, señaló a Página 12 (Diario Pagina 12, El juicio fue la suma de la historia, 01/10/06)

La carta con las amenazas que recibió Rozanski guarda similitud con el resto de las amenazas a jueces y fiscales. Y si bien afirma que éstas son una realidad, señala que se producen ahora porque ¿acaba de terminar el primer juicio en 25 años por estos temas y comienzan los otros. En el caso de los jueces, debemos mantenernos en contacto con lo cotidiano y las amenazas son una realidad, pero tenemos que poder establecer la distancia que permita que sigamos con nuestra actividad. El punto de inflexión es ése: si la amenaza logra que uno no trabaje, entonces está haciendo efecto. No significa que no las sienta. Es doloroso, pero se debe buscar ponerla en el lugar que corresponde como un delito calificado en un contexto específico y darle la dimensión que tiene. Ni más, ni menos¿ (Diario Pagina 12, El juicio fue la suma de la historia, 01/10/06)

En la provincia de Mendoza, quien también recibió intimidaciones fue el Juez Walter Bento (titular del Juzgado Federal Nº 1), quien tiene a su cargo 60 causas ligadas con violaciones a los derechos humanos que se tramitan en la provincia. Bento investiga, entre otras causas, el asesinato de Francisco ¿Paco¿ Urondo, ocurrido en la provincia de Mendoza en junio de 1976. Uno de los procesados es Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del III Cuerpo del Ejército.

El Juez Bento recibió las amenazas en una carta donde se le ¿sugiere¿ que ¿no ceda ante las presiones del Gobierno nacional para actuar en función de los intereses de quienes agredieron a la Nación¿. La nota tiene como remitente el ¿III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo¿, encuentro realizado el pasado mes de febrero en la ciudad de Valencia, España, y su texto también advierte que: ¿Hoy, desde los cargos del poder, no buscan justicia sino venganza contra quienes defendieron a la Nación de tal agresión¿ (Diario Los Andes, Amenazaron al juez mendocino que investiga la represión militar, 29/09/06)

En la carta también le reclaman ¿que todos sus actos se ajusten a derecho¿, tras lo que le recuerdan que ¿nuestro deber como ciudadanos es controlar que cumpla acabadamente con las funciones para las que fue designado y, -remarcan- si no tiene las virtudes necesarias para ello, ¡¡renuncie!!¿. Finalizan señalando ¿¡Con esto hemos cumplido con nuestro deber de advertirlo! ¡Volveremos a tomar contacto con usted!¿ (Diario Los Andes, Amenazaron al juez mendocino que investiga la represión militar, 29/09/06)

Esta amenaza es similar a la denunciada por el Juez Rozanski, y con un tenor similar a las cartas que se recibieron en despachos oficiales de funcionarios judiciales de las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Chaco, Santa Fe y Formosa. Las misivas fueron enviadas por Correo Argentino y despachadas desde dos sucursales ubicadas en la ciudad de Buenos Aires (Página 12, Hay que garantizar la protección, 30/09/06)

Tras el incremento de las amenazas a fiscales y jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema de la Nación instó al Gobierno que proteja a los testigos de los juicios y les otorgue las garantías de la debida protección. El pedido de la Corte remarca ¿la profunda preocupación de los participantes por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas¿. Asimismo, el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, ordenó a los fiscales que elaboren un listado de las personas convocadas a declarar en los próximos juicios orales contra el terrorismo de Estado, con el objetivo que se les aplique los programas especiales de protección de testigos (Página 12, Hay que garantizar la protección, 30/09/06)

El Presidente Kirchner, en un reciente acto celebrado en la Casa Rosada (27/09/06) expresó su profundo dolor por estos acontecimientos, señalando que ¿si realmente el hecho es para amedrentar, que sepan aquellos que quieren amedrentar que quienes estamos llevando adelante esta política de justicia, verdad y lucha contra la impunidad no tenemos derecho a tener miedo por lo que ha pasado en la Argentina¿. Y se solidarizó con los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la responsabilidad de investigar los delitos de lesa humanidad al afirmar ¿que toda la estructura del Estado está al servicio para pedir toda la protección necesaria para todos los testigos¿.

Desde que el Presidente Kirchner asumió la presidencia de la Nación, el Gobierno Nacional reafirma cotidianamente su compromiso de hacer de los derechos humanos el eje transversal de sus políticas. La adhesión de la Argentina a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU, paso previo a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (2005), y la presentación por nuestro país ante las Naciones Unidas de un proyecto solicitando la aprobación de la Resolución E/CN.4/2005/L.84 sobre el Derecho a la Verdad (resolución que finalmente fue aprobada por el Consejo Económico y Social de la ONU), consagran -en este sentido- el derecho que posee toda sociedad, y en especial, los familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido en el pasado y a que los culpables reciban condena conforme a derecho.

El derecho a la verdad, principio fundamental del derecho internacional, reviste carácter colectivo, en la medida en que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático; y, al mismo tiempo, es un derecho particular de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que da lugar a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y otorgamiento de garantías de no repetición.

Es en este sentido que las amenazas a jueces, fiscales y testigo se enmarcan en una violación al derecho a la verdad, que en términos del jurista francés Louis Joinet es ¿el derecho inalienable que tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones¿.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que ¿¿toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres más cercanos (¿) Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de expresión¿.

En este sentido, considero oportuno traer en consideración lo que expresé durante el debate que tuvo lugar en este Honorable Congreso de la Nación, al momento de declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y al otorgarle jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (agosto de 2003): ¿Frente a la tentación del olvido, frente a las intimidaciones del silencio, contra el rechazo pragmático de perder el tiempo recuperando nuestra historia como sentido, y contra la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, defendemos el deber de la memoria como arquetipo de los derechos humanos, como paradigma de la responsabilidad, como suelo y horizonte de la dignidad¿.

A treinta años del golpe militar, aún perdura la voluntad de memoria y verdad, persiste la necesidad vital e impostergable de abrir espacios de evidencias para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y construir una historia con justicia y dignidad. Pero, principalmente, también resulta imprescindible formar a las nuevas generaciones en la toma de conciencia y la práctica democrática, así como en la memoria, la defensa de los derechos humanos y el fomento de la libertad, la justicia, la verdad y la paz.

¿El pasado no está ni derrotado ni vencido, al contrario, cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que está presente. Estemos atentos, (¿) los argentinos no podemos dejar que se vuelva ni siquiera por asomo a repetir ninguna de las circunstancias de ese pasado oprobioso. Por eso tenemos que estar todos los sectores de la sociedad, porque la defensa de los derechos humanos, de la justicia y la memoria es patrimonio de todos los argentinos (¿). Entre todos debemos encontrar el camino de consolidar definitivamente la defensa irrestricta de esa verdad, de esa justicia y de la no impunidad¿, señaló el Presidente Kirchner (27/09/06)

Por los motivos expuestos, el Congreso Nacional debe manifestar su repudio por las amenazas ejercidas contra testigos y funcionarios judiciales que tienen a su cargo las investigaciones por violaciones a los derechos humanos perpetradas por la pasada dictadura militar. Y declarar la preocupación porque estas reiteradas acciones socavan el derecho a la verdad, y son una afrenta a la lucha contra la impunidad y el olvido, como así también a la construcción de la Argentina que todos y todas nos merecemos.

Porque la reconstrucción de la memoria es un trabajo cotidiano en una sociedad democrática y porque la sociedad argentina está dispuesta a luchar por una democracia plena, una democracia real y a oponerse con fortaleza a la impunidad, solicito a las señoras Senadoras y a los señores Senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.

María C. Perceval.