Número de Expediente 358/06

Listado de Autores
Perceval , María Cristina
Giustiniani , Rubén Héctor

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-358/06)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación

DECLARA

Su más profundo repudio por los graves maltratos sufrido por oficiales y suboficiales en la base naval de Puerto Belgrano, hecho ocurrido en diciembre de 2004, y que dejara como consecuencia serios daños físicos a cinco integrantes de la Agrupación de Comandos Anfibios.

Su enérgico rechazo a todo ejercicio aberrante de la autoridad en manos del Estado, que atente contra la integridad física de las personas y vulnere la vigencia de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Nacional y reafirmados por el manifiesto compromiso de nuestro país en esta materia.

María C. Perceval.- Rubén Giustiniani.-


FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El 9 de diciembre de 2004 una decena de oficiales y suboficiales de la Agrupación Anfibios de Infantería de Marina sufrieron un duro ¿baile¿ en la base naval de Puerto Belgrano (la más importante de la Armada Argentina), durante lo que se considera la tradicional bienvenida a los uniformados recién llegados. Los mismos fueron víctimas de una malteada para luego verse obligados a sentarse en una zanja por la que corría agua termal hirviente, lo cual dejó a cinco de ellos internados en el hospital naval de Puerto Belgrano, con quemaduras en piernas, glúteos y testículos.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa Nacional no sólo ha manifestado públicamente su rechazo respectos de estos aberrantes hechos, sino que ha detallado las acciones implementadas desde diciembre de 2004. Por medio de un pormenorizado comunicado de prensa se informó que este episodio está siendo investigado por el Juez Instructor Militar Nro. 3 Capitán de Navío (retirado) Rafael Molini; y que la investigación comenzó en el mismo mes de diciembre a los pocos días de ocurrido el episodio. Asimismo, se especifica que el juez militar ha tomado más de 50 declaraciones testimoniales, estimándose que el 70% de la instrucción sumarial está realizada y que la misma concluirá en aproximadamente dos meses.

Recientemente y luego de recibir un informe del juez de instrucción castrense competente en la causa, el Ministerio de Defensa decidió presentarse como denunciante de los hechos ante la Justicia Federal para que sea ésta quien tome a su cargo el tema, fundamentando tal decisión en la necesidad de resguardar los derechos de las víctimas y de los posibles responsables de las acciones denunciadas, así como también por considerar que en este caso estaríamos en presencia de la posible comisión de delitos de acción pública.

Esta enumeración de acciones implementadas desde el Poder Ejecutivo a partir que se desarrollaran los hechos, no hacen más que demostrarnos que se han tomado las medidas correspondientes para investigar y sancionar a los responsables; pero nada nos dicen respecto de la imperiosa necesidad de avanzar en la prevención, es decir en el diseño de medidas de tiendan a erradicar definitivamente estas prácticas aberrantes que no hacen más que desprestigiar a la institución militar, reabriendo viejas heridas en nuestra sociedad.

Pensábamos que esta cultura del maltrato y del atropello a los derechos humanos en el ámbito castrense encontraría su fin a mediados de los noventa, cuando la muerte del soldado Omar Carrasco puso de manifiesto la necesidad de reveer algunas prácticas tradicionales de la disciplina militar en nuestro país.

En marzo de 1994 Carrasco fue golpeado brutalmente en el tórax, al tiempo que recibió una mala asistencia médica que no pudo evitar ni una agonía de casi 60 horas ni su muerte. Su cuerpo fue escondido durante un mes en el cuartel de Zapala. Recordemos que su muerte fue "blanqueada" en abril de ese año por los militares de Zapala, después de haberlo acusado de desertor durante 30 días.

Este asesinato no solo sacudió a la opinión pública, sino que dio el puntapié inicial para poner fin al servicio militar obligatorio argentino, eliminado por decreto en agosto de 1994, pero evidentemente no provocó la necesaria revisión de los contenidos esenciales de la formación e instrucción militar que constituyen la clave para avanzar en una verdadera reforma que apunte a eliminar estas lamentables prácticas.

La bienvenida que recibieron los oficiales y suboficiales en la base naval de Puerto Belgrano nos demuestra que, a más de 10 años del caso Carrasco, los cambios no fueron suficientes. Será este el momento para producir un profundo debate y reflexión en el ámbito civil que nos permita definir no sólo que fuerzas armadas queremos para nuestro país, sino también cual es la formación y capacitación necesarias para alcanzar ese fin.

Es por todo lo expuesto que solicito a los Señores Senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.

María C. Perceval.- Rubén Giustiniani.-