Número de Expediente 3506/05

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Falco , Luis

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Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
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(S-3506/05)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo, en ocasión de la celebración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, a fin de solicitar, por intermedio del área que corresponda, informe sobre las acciones llevadas a cabo por Argentina en cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ¿Convención de Belem do Pará- ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 por Ley 24.632.

Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El 25 de noviembre se recuerda en todo el mundo la muerte de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres en la República Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Patria (1924-1960), Minerva (1927-1960) y María Teresa (1935-1960) Mirabal nacieron en Ojo de Agua, provincia de Salcedo, República Dominicana. Estas hermanas y sus respectivos esposos (Pedro González, Manolo Tavarez Justo y Leandro Guzmán), estuvieron profundamente ligadas a la lucha antitrujillista.

Minerva, que había sido apresada ya en 1949 y 1951, lo fue también en Enero de 1960 junto a su esposo, Manolo que era líder del Movimiento político "14 de Junio") y a sus cuñados. Ese mismo año fue liberada y vuelta a apresar pero junto a su hermana María Teresa.

Este tire y afloje político y torturante terminó un día de noviembre. El 25 de noviembre de 1960, mientras las tres hermanas Mirabal regresaban de Puerto Plata, donde se encontraban sus maridos encarcelados fueron detenidas en la carretera, en un lugar denominado "La Cumbre", y asesinadas a palos por agentes del SIM (Servicio de Inteligencia Militar) del gobierno de Trujillo. La tiranía en ese momento simuló un accidente.

Este horroroso asesinato produjo el rechazo general de la comunidad nacional e internacional hacia el gobierno dominicano, y aceleró la caída del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

En honor a estas valientes hermanas, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer; esta fecha fue establecida en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá, Colombia, en el año 1981.

A las hermanas Mirabal también se las conocen y se las representan como las Mariposas. Este era el nombre secreto de Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía de Trujillo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994, ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y convertida en Ley 24.632, ha sido significativa para los derechos humanos de las mujeres pues tiene características que la distinguen de otros convenios o tratados internacionales. Puede decirse que es uno de los textos jurídicos que más ha ayudado a esclarecer que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos, y que todos los sectores sociales y también los Estados son responsables de que no siga ocurriendo. Por tanto, rompe con el manido concepto de que los actos de violencia y abuso contra las mujeres constituyen hechos del ámbito privado, y que por ende se los considera de natural ocurrencia.

Sin embargo, los grupos de mujeres manifiestan un nivel de desconocimiento del potencial intrínseco de protección de los derechos humanos de las mujeres que caracteriza a la Convención de Belem do Pará. Por ende, no se ha realizado en el curso de la última década una vigilancia ciudadana efectiva y permanente de su implementación en los países, ni se ha planteado con suficiente fuerza a los Estados ratificantes la urgente necesidad de que la apliquen en toda su extensión y promulguen leyes contra la violencia en los contextos nacionales. O bien, si esas leyes existen, no se ha exigido que se constituyan en instrumentos realmente efectivos para la denuncia de la violencia contra la mujer y para la sanción de los agresores.

La realidad de la región ¿y de todo el mundo- es que la violencia hacia las mujeres y las niñas es un fenómeno grave, frecuente y con profundos efectos en la vida y salud de las afectadas. Las cifras nos dicen que tanto en la vida privada como en el ámbito público se producen distintas formas de violencia (abuso, castigos físicos, acoso sexual, violación, torturas, maltrato psicológico y económico, tráfico sexual, etc.), que se explican principalmente por razones de género, es decir, por una construcción social del género femenino que se caracteriza por la subordinación, la dominación, la subvaloración. Por lo tanto, no hay perfiles únicos de mujeres agredidas, cualquiera puede serlo: jóvenes y ancianas, mujeres casadas o solteras, mujeres de sectores populares o pertenecientes a clases acomodadas. Su riesgo se explica por el sólo hecho de ser mujer en una sociedad aún dominada por un modelo patriarcal y excluyente, donde las relaciones de poder son completamente desiguales y jerárquicas.

Especialmente grave es el panorama en aquellos países afectados por situación de conflicto armado, ya que se ha comprobado que en estos contextos las mujeres y niñas/os constituyen el mayor porcentaje de las víctimas y frecuentemente se ven obligadas a desplazarse de sus territorios de origen, lo que aumenta el riesgo de abusos y violencias. Asimismo, los conflictos sociales que se han recrudecido en la región con un aumento de la pobreza, desempleo, migración, tráfico de personas, etc., son otros fenómenos que inciden en la profundización de la violencia de toda índole, incluyendo la violencia con sesgo de género.

Ante este desolador panorama, es necesario apoyar las actividades de las organizaciones de mujeres tendientes a lograr que los contenidos de esta Convención histórica pasen a formar parte no sólo del acervo intelectual de las personas, sino que se constituyan en elementos claves en la defensa de la integridad de las mujeres y niñas, y en la reafirmación de sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad.

Asimismo, y como se trata de un instrumento jurídico de carácter vinculante que obliga a los Estados que la han ratificado a tomar acciones en el espíritu de la Convención, esto refuerza la necesidad de trabajarla desde las organizaciones de mujeres para hacer uso de ella. Pues no hay que olvidar que las omisiones que violen el articulado de la Convención puede ser motivo para que las personas o instituciones acudan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para presentar denuncias o quejas.

La Organización de Estados Americanos aprobó en el año 2004 el estatuto del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, único instrumento jurídicamente vinculante que existe a nivel internacional en esta materia. La falta de información y de registros, no ha permitido evaluar la magnitud del problema, ni tampoco los resultados concretos que se han alcanzado en cada uno de los Estados Parte.

Los objetivos son dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte; analizar y promover el logro de los mismos e implementar un sistema de cooperación técnica para el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre los gobiernos.

En Argentina como en los países de América Latina, el 25 de noviembre es un día de acción que tiene como protagonistas a las mujeres reclamando por justicia, por un no a la impunidad, y por el fortalecimiento de las instituciones de mujeres que atienden a la violencia. El reclamo se centra en que las políticas públicas atiendan como corresponde, según lo indican las distintas leyes, a las mujeres víctimas, y sobre todo se haga efectiva de una vez por todas la prevención que tanto se necesita.

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del Proyecto de Comunicación que pongo a consideración.

Luis A. Falcó.