Número de Expediente 3430/03

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Falco , Luis

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-3430/03)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación,

DECLARA

Su más enérgico rechazo a los recientes aumentos de las tarifas de los
servicios públicos de gas y energía eléctrica anunciados por el Poder
Ejecutivo nacional, los cuales no se condicen con la situación
económica actual por la que atraviesan los hogares argentinos.

Luis A. Falcó.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Recientemente, el Gobierno Nacional anunció el aumento de las tarifas
de gas y energía eléctrica. Además de la gravedad que implica el
aumento de las tarifas de los servicios públicos en sí mismo, otra vez
más se vuelve a castigar a los argentinos en las actuales
circunstancias económicas por las que atraviesan.

Aunque el Poder Ejecutivo Nacional trate de explicar lo contrario,
estos aumentos generarán un impacto directo sobre los gastos familiares
ya que, indudablemente se producirá el encarecimiento de los productos
de consumo masivo debido a los mayores costos industriales de energía y
gas, todo lo cual redundará en un incremento inflacionario.

El Secretario de Energía de la Nación anunció la semana pasada un
aumento significativo de las tarifas de gas y electricidad que
alcanzan, en principio, sólo a medianos y grandes usuarios industriales
y comerciales.

En el caso del gas se ha sostenido que primero las autoridades
acordarán los nuevos precios con las compañías productoras y que luego
se llevará a cabo una audiencia pública.

Estos incrementos se llevan a cabo a fin de mejorar los ingresos de las
empresas productoras de gas y electricidad, lo que significa dar
satisfacción a un "viejo" reclamo de las mismas en sintonía con las
presiones de los organismos financieros internacionales.

Resulta difícil de entender que estos aumentos no se trasladen -al
menos en parte- a los precios de bienes y servicios impactando
finalmente, sobre el bolsillo de la ciudadanía. Pero lo que más
preocupa es que estos incrementos no afecten las tarifas del servicio
domiciliario, y que generen conflictos con las compañías distribuidoras
de gas, agudizando la escasez o falta de suministro en la Patagonia y
en determinadas regiones de las áreas concesionadas de la Provincia de
Buenos Aires.

En la región patagónica el suministro de este combustible es vital
durante el invierno debido al rigor de las bajas temperaturas. Desde
hace años, sus habitantes vienen padeciendo tanto la escasez por baja
presión como la ausencia total de suministro por la imposibilidad
-esgrimida por las empresas- de realizar nuevas conexiones.

En la provincia de Río Negro la red de distribución de gas domiciliario
es deficitaria; condición que se agudiza más al suroeste de la misma.
Es por ello que resulta fundamental, que todo fondo fiduciario que se
institucionalice apunte a llevar gas a las poblaciones que aún no lo
tienen, asegurando niveles de suministro dignos para todos los
habitantes de la región.

Desde de la devaluación, la inflación golpeó fuerte el bolsillo de los
argentinos. En el transcurso de la misma, la capacidad del poder
adquisitivo descendió a niveles inadmisibles y a una velocidad
dramática. Así fue como se ensanchó sustancialmente la base social de
los denominados "nuevos pobres", la clase media se pauperizó a un ritmo
sin precedentes y la pobreza estructural se volvió aún más indignante.

En este marco de salarios devaluados, ausencia crónica de trabajo y
falta de posibilidades nuevas, lo único que ha aumentado es la
violencia, el precio de los insumos básicos necesarios para vivir, las
enfermedades y la miseria.

Toda nuestra sociedad ha sido agredida y se encuentra a la defensiva.
La rebelión civil en materia fiscal es clara muestra de ello. Y esto no
ocurre porque exista una cultura del "no pago", sino porque el dinero
no alcanza.

Luchando contra todas estas nuevas dificultades, llegamos a la actual
situación en la que el gobierno acaba de anunciar que, muy pronto, se
autorizarán subas de las tarifas servicios públicos como el gas y la
energía eléctrica, que prestan las empresas privatizadas durante la
década pasada.

Estas empresas, que puntualmente giraron dividendos a sus casas
matrices y lograron evadir a tiempo buena parte del efecto nefasto del
"corralito financiero", argumentan hoy que sus tarifas se han desfasado
y que es necesario un reajuste que les permita operar para mantener
niveles de ganancias que aseguren su rentabilidad.

Luego de más de 10 años de ganancias extraordinarias, al lado de las
inversiones significativas pero mínimas realizadas, es de un cinismo de
mercado repudiable tener que tolerar que sea el propio gobierno el que
cargue sobre los hombros de la gente todo el peso de "bancar" el riesgo
empresario. En efecto, parece ser que las empresas privatizadas de
servicios públicos sólo están dispuestas a prestar normalmente sus
servicios mientras se les garantice pingües márgenes de ganancias; por
el contrario, cuando les toca enfrentar un año "malo" amenazan con
retiros, recortes en sus prestaciones, bajar la calidad del servicio y,
por supuesto, suspender sus magros programas de inversiones.

No hace falta viajar mucho por el país para advertir que el pueblo se
encuentra bajo la presión de un estado de emergencia social sin
precedentes. En virtud de ello, el Poder Ejecutivo debería ser menos
contemplativo a la hora de autorizar aumentos y exigirle a las empresas
que soporten por su cuenta el riesgo empresario.

Es por ello que rechazamos estas medidas que no hacen más que
pauperizar a nuestra gente, excluyéndola del acceso a los servicios
esenciales para llevar una vida digna.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del Proyecto
de Declaración que pongo a su consideración.

Luis A. Falcó.-