Número de Expediente 3408/03

Listado de Autores
Giustiniani , Rubén Héctor

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-3408/03)

PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

DECLARA:

Rechazar los condicionamientos e imposiciones del Fondo Monetario
Internacional sobre las políticas económicas y el proceso de
renegociación de la deuda externa que lleva adelante el Gobierno
Nacional, ya que determinan un deterioro permanente de la calidad de
vida de la inmensa mayoría de la población y ponen en riesgo el
incipiente proceso de reactivación de la economía argentina.

Rubén Giustiniani.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente

El Fondo Monetario Internacional está llevando adelante el proceso de
revisión de las metas surgidas del último acuerdo celebrado el año
pasado con nuestro país, de cuya aprobación depende la refinanciación
del pasivo que la Argentina mantiene con dicho organismo. Lejos de
centrarse en la verificación del cumplimiento de los parámetros
objetivos (metas fiscales, monetarias), el organismo utiliza una vez
más este proceso con el objeto de imponer condiciones sobre distintos
aspectos de la política económica y social del gobierno,
particularmente en esta oportunidad sobre el proceso de renegociación
con los acreedores privados que debe iniciar el país.

Este accionar demuestra la clara intencionalidad del Fondo de utilizar
todas las instancias posibles para imponer sus recetas de ortodoxia
fundamentalista de mercado que signaron nuestro destino en la década
pasada. A pesar de las dimensiones que tomó la crisis económica y
social de nuestro país y en el resto de las economías del tercer mundo,
el FMI, actuando como agente de los sectores políticos y económicos más
poderosos a nivel internacional, no asume la cuota de responsabilidad
que le cabe en el desarrollo de dicho proceso e ignora el malestar
creciente de las sociedades por las permanentes demandas insatisfechas.

Durante la década del noventa, nuestro país, así como la mayoría de los
países latinoamericanos, siguieron con estricto esmero las políticas
surgidas del Consenso de Washington e impuestas a lo largo del tiempo
por el FMI. En Argentina la resultante económica del modelo es una
deuda externa que creció de 60.000 millones de dólares en 1989, a
145.000 millones a finales del 2001, con la consiguiente pauperización
de nuestra economía.

La deuda externa y su impacto sobre la economía nacional.

La deuda pública Argentina, y las consecuencias que la misma ha tenido
en las cuentas fiscales, ha sido uno de los factores determinantes del
colapso sufrido por nuestra economía, cuyo punto culminante se
manifestó a fines del 2001 y comienzos del año 2002 con la devaluación
del peso y la declaración de cesación de pagos de la deuda.

Sin duda la viciosa espiral ascendente del endeudamiento externo -en
gran parte de orígenes ilegítimos de la época de la dictadura militar-
ha sido y es una de las principales causas de la postración de la
economía. Particularmente, uno de los importantes cambios estructurales
de los últimos tiempos, ha sido el peso cada vez mayor de los
servicios de la deuda externa, que exige por una parte transferencias
masivas de recursos al exterior y, por la otra, condiciona hasta el
límite las políticas económicas y sociales a la asignación de recursos
para esas transferencias.

Como problema crónico, acumulativo y creciente la cuestión de la deuda
se instala en nuestro país con el golpe de estado del ´76 donde se
impuso una política anticipatoria de lo que sería después el Consenso
de Washington, particularmente con la liberación financiera, la
desregulación, la reforma financiera del ´77, la liberación del mercado
financiero, de las tasas de interés y una política explícita de aumento
del endeudamiento externo sin ninguna conexión con la expansión de la
capacidad productiva y mucho menos con la capacidad exportadora. A
partir de allí, la Argentina en su conjunto, (sector privado y sector
público), ha quedado en una posición cada vez más dependiente del
financiamiento externo, y en consecuencia de extrema vulnerablidad a
las decisiones y opiniones de los mercados internacionales de capital y
sus representantes institucionales públicos y privados.

Durante los años 90 la Argentina, luego de la cesación de pagos
declarada en el año 88, retoma el acceso al mercado internacional de
capitales fundamentalmente con posterioridad al Plan Brady implementado
a comienzos del 93. A partir de ese año, y con la implementaciòn de
dicho plan surge un cambio estructural con relación a la composición de
los acreedores externos. Anteriormente el grueso del endeudamiento
estaba contraído con un grupo de bancos comerciales del exterior, y a
partir del año 93 se reconvierte esa deuda en títulos públicos,
atomizándose el pool de acreedores. Si bien Argentina retoma la
posibilidad de acceso voluntario al mercado de capitales, se enfrenta
a un mercado sumamente especulativo, volátil, susceptible de sufrir un
efecto contagio lo que la hace sumamente vulnerable a cualquier cambio
o shock externo.

La situación financiera internacional favorable a comienzos de los
noventa, de acceso fluido al mercado de capitales, así como el fuerte
ingreso de recursos producto de las privatizaciones (durante el período
92/94 significaron entre el 1% y el 2% del PBI), no fueron aprovechados
para consolidar un patrón de crecimiento de la economía sustentable en
el tiempo, y lograr superar así el patrón de comportamiento
caracterizado por una sucesión de lapsos pasajeros de euforia y
crecimiento del producto, seguidos por períodos recesivos más o menos
prolongados; sino por el contrario se utilizaron para financiar una
política fiscal de aumento irresponsable del gasto corriente sin una
contrapartida equivalente en la obtención de recursos genuinos.

Así, el Gasto Primario en el período 92/99 se duplicó, y a pesar del
incremento del nivel de recursos anuales del orden de los $ 10.000
millones, en lugar de producirse un saneamiento de las finanzas
públicas , las mismas se vieron fuertemente deterioradas.

Por otra parte, a partir del año 95, por el efecto de la crisis del
tequila, el entorno financiero internacional favorable se revierte, y
se experimentan fuertes restricciones para el acceso al crédito
internacional, debiéndose pagar tasas de interés cada vez más elevadas.

También ese año empieza a tener plena vigencia la reforma del régimen
previsional, y disminuyen sensiblemente para el Estado los ingresos
extraordinarios producto de las privatizaciones.

Esta combinación de restricción al acceso al crédito y aumento de la
tasas de interés que debía afrontar para finaciarse, sumada a la
disminución de los ingresos por privatizaciones y a la reforma
previsional que restó importantes recursos al fisco, derivó en el
agravamiento de la problemática de la deuda a partir del año 95.

Entre otros indicadores podemos señalar que la deuda bruta total del
Sector Público Nacional creció casi más de un 100% entre 1992 y 2001,
pasando de $ 70.000 millones a $ 144.000 millones (29.4% al 53% del PBI
respectivamente). Este aumento de la deuda, en conjunto con la venta
masiva de activos del Estado es una buena aproximación del deterioro
del patrimonio estatal ante la ausencia casi total de inversiones
públicas.

Resulta oportuno aclarar que más del 30% del incremento de la deuda
pública verificado en los años noventa se debe a la forma como se
implementó el sistema de jubilación privada. En el año 94, al decidirse
la reforma previsional se subestimó el costo fiscal que tendría la
misma, y hoy estamos pagando sus consecuencias. De no haberse
verificado la transferencia de fondos a las AFJP, la deuda (a fines del
2001) representaría un 35% del PBI, en lugar del 53% que significaba en
dicho momento. No solo se terminó por destruir un esquema previsional
basado en la solidaridad intergeneracional, reemplazándolo por otro que
hoy, a 9 años de su implementación ya está en terapia intensiva, sino
que atentó contra toda la solvencia fiscal del Estado Nacional.

Pero más allá del valor absoluto de la deuda, lo preocupante fue la
evolución perversa que se comenzaba a evidenciar. Así, los intereses de
la deuda alcanzaron los U$S 13.200 millones (año 2001); U$S 5.000
millones más que el promedio del período 1991/1994. Por lo tanto, desde
el punto de vista fiscal teníamos un presupuesto público en el cual los
intereses de la deuda representaban más del 20% del gasto total y
venían creciendo a una razón del 25% anual y por otra parte, una
recaudación tributaria que se manifestaba claramente insuficiente.

Un dato patético que evidencia esta situación es el programa financiero
del gobierno nacional en el cual se detallan las necesidades de
financiamiento que corresponden para atender el déficit fiscal y las
amortizaciones de capital de la deuda pública. El mismo, para el año
2001 era de 25.000 millones de pesos/dolares. Un estado que recaudaba
$45.000 millones anuales, necesitaba adicionalmente pedir prestado para
cumplir sus obligaciones con $25,000 millones.

Así, se llegó al colapso del año 2001, la devaluación y declaración de
cesación de pagos de la deuda. En todo este proceso descrito, el rol
del FMI ha sido central, proponiendo, apoyando e incentivando todas y
cada una de las acciones que deterioraban nuestro patrimonio público y
aumentaban nuestro endeudamiento.

La última renegociación con el Fondo

El actual Gobierno Nacional firmó el último acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, en el mes de setiembre del 2003 con el objeto
de refinanciar la deuda existente con dicho organismo, y abrir la
puerta para la renegociación con otras entidades internacionales de
crédito y con los acreedores privados. Entre los términos principales
del acuerdo, figura el compromiso argentino de obtención para el año
2004 de un superávit presupuestario primario del 3% del PBI.

Desde las altas esferas nacionales se difundió este acuerdo como un
logro del gobierno, pues se impuso una pauta de superavit inferior a la
primariamente exigida por el Fondo. Sin embargo, debemos tener presente
la magnitud del esfuerzo que significa la consecución del superávit
previsto. Conforme a las estimaciones del Producto para el año 2004, la
meta prevista implica la obtención de un ahorro de $12.500 Millones, de
los cuales $10.000 Millones corresponden a la Nación y $2.500 Millones
al conjunto de las provincias.

Por otra parte se alegó como positivo el hecho de no asumir
compromisos expresos en cuanto al aumento de tarifas de servicios
públicos ni forma de renegociación de la deuda actualmente en cesación
de pagos; cuando en realidad estos aspectos no habían tenido aun una
resolución positiva, sino más bien continuaban en la indefinición. y
sin señales precisas del gobierno acerca del rumbo definitivo por el
cual se las iba a encauzar. Hoy vemos que esta indefinición juega a
favor de la presión que está ejerciendo el Fondo en dichos aspectos.

Por otra parte, el problema de la deuda sigue siendo inconsistente en
el mediano plazo, aun en la hipótesis de considerar una renegociación
exitosa que no implicara pagos de servicios y amortización de la deuda
declarada en default en los próximos años. Solo por la deuda que no se
encuentra en default el país deberá pagar por servicios y amortización
los siguientes importes

Año Intereses Amortizaciones Capital Total U$S Total
Pesos
2004 2828 1350 4178 12116
2005 2803 5064 7867 23601
2006 2800 5950 8750 26250


Es decir que para el 2004, el 3% de superávit primario deberá ser
destinado al pago de intereses y amortizaciones por deuda que no entra
en la reprogramación (boden, préstamos garantizados, prestamos
provinciales, préstamos con organismos internacionales de crédito).
Pero siguiendo el mismo esquema de refinanciación y acuerdo con el
Fondo (que en caso de aprobar la revisión no exigirá amortizaciones que
serán refinanciadas, pero sí pago de intereses completos y ausencia de
nuevos préstamos), para honrar la deuda antedicha, y con las
proyecciones de crecimiento establecidas en el mensaje presupuestario,
para el año 2005 y 2006, el superávit primario deberá crecer a más de
un 5% s/PBI, volviendo a niveles ajustes insostenibles ya
experimentados.

Por lo antedicho resulta evidente que el ultimo acuerdo con el fondo le
permite al organismo ejercer su presión sobre el gobierno argentino y
condicionar su estrategia de política económica interna (entre ellas
las políticas de aumento tarifario de los servicios públicos) y el
proceso de renegociación con los acreedores.

Así, se mantiene la postura del organismo, insistiendo en la
imposición sin discusión de medidas que han demostrado ser ineficaces,
a la vez que se niega a reformular su rol en la nueva economía
globalizada, y subordinar su accionar a las decisiones políticas de los
órganos de las Naciones Unidas.

Resulta imperioso que el país reafirme su autonomía en el diseño de sus
políticas públicas, y a la vez se debe reclamar la subordinación del
accionar de los organismos financieros internacionales a las decisiones
políticas de los órganos de las Naciones Unidas, por cuanto resulta
inadmisible que instituciones de esa naturaleza se conviertan en
mecanismo de opresión de los poderosos contra los débiles.

Para contribuir a esos objetivos, para cambiar el rumbo que el
neoliberalismo imprimió en la década pasada al país, para que nuestro
gobierno no siga imposiciones del FMI, se solicita al Sr. Presidente la
aprobación del presente Proyecto de Declaración

Rubén Giustiniani.