Número de Expediente 3332/03

Listado de Autores
Latorre , Roxana Itatí

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-3332/03)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de solicitarle, de
manera urgente que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados ( P.A.M.I. ), la Superintendencia de
Servicios de Salud y/o los organismos correspondientes, informe sobre:

1. Actual endeudamiento existente entre las Obras Sociales y los
Prestadores Privados de Salud (PPS).

2. En caso de existir reprogramación de los pagos de las deudas
vencidas existentes entre las instituciones mencionadas en el punto
anterior, cómo se instrumentaría la misma.

3. Si se está cumpliendo con la asistencia implementada a través de la
Resolución 559/02 sobre Programa de Recuperación de las Obras Sociales
en Crisis. Proporcionar un detalle de las operaciones realizadas.

4. Detalle de la deuda de la Administración de los Programas Especiales
y estado de situación del mecanismo de cancelación de su deuda con los
PPS.

5. Si existen precisiones acerca del rol que cumplirán los PPS dentro
del Plan Federal de Salud.


Roxana I. Latorre.-
FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Queda claro que lo político debe convertirse en accionar transformador,
en sostén del funcionamiento democrático; encontrándose al servicio de
un proyecto nacional, cuyo potencial vital sea índice válido de
soberanía; que genere una nueva disposición hacia la población más
desposeída, dando prioridad a su cuidado y desarrollo.

Estamos ante una nueva oportunidad promotora de hechos que,
dejando de lado las declamaciones, está concretando compromisos y
legitimando su poder al ponerlo al servicio de la transformación de la
realidad. Gobernar exige integrar realidades, transformándolas por
medio de métodos elaborados con ese fin y no a través de un
conjuro de deseos voluntaristas.

Para ello, ha sido indispensable cambiar la óptica y adoptar una
perspectiva sistémica. Para estar a la altura de las circunstancias, y
resolver el conflicto social que genera la agudización de la inequidad,
no ha alcanzado sólo con las buenas intenciones. Se está intentando
llevar adelante un proyecto que está permitiendo que la democracia se
exprese en las áreas más permeables de la sociedad a través de la
construcción de un sistema de políticas sociales sólidas. Esto está
expresando no sólo nuestra sensibilidad sino, también, nuestra
responsabilidad al intentar superar la falta de credibilidad en las
instituciones.

Específicamente, en el área de salud, siempre ha sido y es necesario
que se focalicen los gastos articulando los planes de contingencia con
un plan maestro, para que el derecho a la salud deje de ser una mera
expresión de deseos y se convierta en un concreto acceso equitativo y
oportuno a un sistema integral.

Debería producirse un enérgico cambio de
rumbo y asumir la decisión de elaborar una herramienta que articule
los recursos y los movilice en forma armónica. La situación de
emergencia económica, financiera e institucional obliga a trabajar en
una estrategia sincrónica que incluya el corto, el mediano y el largo
plazo.

Frente a un espacio sanitario en permanente emergencia, sobresale la
problemática de las obras sociales sindicales y de dirección, el
financiamiento de esas entidades y el futuro rol del Estado, de los
hospitales públicos y las empresas de medicina prepaga en un nuevo
modelo sanitario.

Así, es necesario crear un ámbito de discusión constructivo que
interprete los cambios que se vienen produciendo en el sistema de salud
y que trace los lineamientos de una visión sectorial futura. Esto será
posible si tenemos en claro que los problemas actuales sólo pueden ser
resueltos entre todos los actores del sistema: es importante conocer la
situación de todas las organizaciones dedicadas a prestar servicios de
salud ampliando los debates en torno a la financiación, la cobertura y
la provisión de servicios de las mismas.

Queda claro que los intereses de la gente, en materia de salud, se han
ido postergando a raíz de la mala situación de las organizaciones de
salud y eso no se puede arreglar con medidas cosméticas. Se deben
introducir cambios construyendo nuevas estructuras funcionales y
logrando un nuevo ordenamiento de todos los actores en busca de la
calidad y de la accesibilidad a los servicios para toda la población.

De esta manera, el tiempo coyuntural de la emergencia debe dejar de
perpetuarse y obligarse a ser transformado en el tiempo de la
transición con el fin de dotar al sistema de una nueva organización y
de políticas de gestión que le permitan niveles crecientes de
eficiencia y productividad, capaces de garantizar a largo plazo su
viabilidad económica; hacer efectiva la prevención y la promoción de la
salud en la práctica diaria de los servicios sanitarios asistenciales y
de mejorar sustancialmente la atención de acuerdo con las necesidades,
expectativas y demandas que indique el mapa sanitario.

Debemos superar corsés ideológicos, impericias y falta de idoneidad por
medio de políticas encaminadas a transformar la configuración sanitaria
mediante una estrategia que contenga los cambios necesarios en la
producción de servicios asistenciales orientados a vencer una
organización obsoleta, por momentos perversa, que incrementa la
injusticia social y que agudiza las desigualdades creadas por la peor
de las formas de la violencia: la pobreza.

Sabemos, asimismo, que la coyuntura ha
conducido a la pérdida de cobertura de salud por parte de miles de
habitantes y que los niveles de empobrecimiento de la población han
llevado a la aparición de enfermedades propias de esa situación social,
generando fuertes demandas sobre la estructura pública de servicios de
salud; a la vez que los canales de contención natural, como son la
familia y los espacios sociales, se han fracturado en un alto grado por
la misma causa.

Así, se ha dado que hay más población sin cobertura y con escasa o nula
capacidad de pago que se dirige a los prestadores públicos (centros de
salud y hospitales) que arrastran fuertes retrasos de inversión y
deficiente capacidad de gestión, en tanto que se ha agigantado la
disminución del uso de los servicios privados de salud que crecieron en
su momento al ritmo de las obras sociales, las prepagas y el INSSJP.

Históricamente, y en el pasado inmediato, la oferta de servicios de
salud ha venido creciendo en algunos rubros (alta complejidad o
servicios más sofisticados, medicamentos, recursos humanos), en tanto
que en otros factores, si bien no han crecido desde el punto de vista
cuantitativo en los últimos años como el caso de las camas, la
sobreoferta actual es consecuencia de los cambios en el modelo de
atención y en las nuevas demandas y necesidades de la población.

Por el lado de la oferta pública, las limitaciones de las cuentas
públicas provinciales hicieron cada vez más difícil invertir recursos
suficientes para introducir nuevas tecnologías, a menudo más costosas
que aquellas que sustituyen. La relación en este sentido entre público
y privado sigue dándose entre un sector público que paga mal en cuanto
a tiempos (y muchas veces no paga) y un sector privado que, ante el
riesgo de una contratación finalmente impaga, incrementa el precio para
protegerse de la incobrabilidad.

En este sentido, la posibilidad de alcanzar un estadio de regularidad
en la financiación permitiría, sin duda, mejorar los precios de
contratación de servicios además de disminuir los costos de la
imprevisibilidad.

La crisis actual no es, en sí misma, una oportunidad para gestar
idealmente las transformaciones necesarias, ya que en salud los cambios
deben hacerse en un entorno de consenso, diseño y gestión prolijos y
con un horizonte de largo plazo. Pero es preciso hacer todo lo
necesario para avanzar conforme desde el necesario marco macro de las
políticas nacionales, hasta los aspectos de gestión de las áreas
organizativas, institucionales y clínicas.

Según un informe presentado en el mes de noviembre del presente año por
la ASCES (Argentina Salud - Comunidad Económica Social), una entidad
que agrupa a prestadores de salud de todo el país, actualmente el
Estado, las obras sociales y las prepagas le deben a los prestadores de
salud (clínicas, sanatorios, laboratorios) dos mil setecientos cuarenta
y seis millones de pesos. El sector, que está básicamente integrado por
PyMEs y cuyas inversiones suman seis mil millones de pesos, ofrece
ocupación directa a seiscientas diez mil personas y a otras doscientas
mil de manera indirecta, está al borde del colapso.

Así, se hace necesario dar a los prestadores de servicios de salud, a
los usuarios y a la población en general una respuesta que abarque la
responsabilidad que nos cabe para comenzar a sanear y delimitar las
obligaciones de todos los actores que conforman el universo sanitario
de nuestro país.

Señor Presidente: por lo expuesto
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Roxana I. Latorre.-