Número de Expediente 3297/03
N° | Origen | Tipo | Extracto |
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3297/03 | Senado De La Nación | Proyecto De Comunicación | ESCUDERO : PROYECTO DE COMUNICACION SOLICITANDO SE SUSCRIBA LA ADHESION A LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES , APROBADA POR LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS . |
Listado de Autores |
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Escudero
, Sonia Margarita
|
Fechas en Dir. Mesa de Entradas
MESA DE ENTRADAS | DADO CUENTA | Nº DE D.A.E. |
---|---|---|
16-12-2003 | 17-12-2003 | 196/2003 Tipo: NORMAL |
Fecha de Ingreso a Dir. Gral. de Comisiones
DIR. GRAL. de COMISIONES | INGRESO DEL DICTAMEN A LA MESA DE ENTRADAS |
---|---|
16-12-2003 | 11-03-2004 |
Giros del Expediente a Comisiones
COMISIÓN | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
---|---|---|
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
ORDEN DE GIRO: 1 |
17-12-2003 | 11-03-2004 |
ENVIADO AL ARCHIVO : 19-04-2004
Resoluciones
SENADO |
---|
FECHA DE SANCION: 18-03-2004 |
SANCION: APROBO |
COMENTARIO: SOBRE TABLAS |
NOTA:C/DICT |
Órdenes del Día
NÚMERO | DE FECHA | ESTADO | ANEXO |
---|---|---|---|
31/04 | 16-03-2004 | APROBADA | Sin Anexo |
PRESIDENCIA/OFICIALES VARIOS
ORIGEN | TIPO | NUMERO | FECHA | AR |
---|---|---|---|---|
PE | RP | 994/04 | 08-02-2005 |
En proceso de carga
Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-3297/03)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo suscriba la adhesión de la
República Argentina a la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS
FAMILIARES, aprobada el 18 de diciembre de 1990 por Resolución 45/158
de la Asamblea General de la Naciones Unidas.
Sonia Escudero.-
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Luego de varios años de arduas
negociaciones e intenso trabajo, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó en diciembre de 1990 una nueva CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, la que retoma y enriquece un conjunto
de documentos tendientes a una mejor protección de los derechos humanos
de cientos de miles de personas, que en busca de trabajo y nuevas
oportunidades en pos de una mejor calidad de vida, deben abandonar con
sus familias su tierra natal.
La preocupación por la situación de los
trabajadores migrantes fue recogida por el Parlamento Latinoamericano,
y a través de sus Comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Genero y de
Asuntos indígenas y Etnias reunidas en Panamá en mayo de este año
emitió la siguiente declaración:
Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra
el "derecho de libertad de circulación y residencia, comprendido el
derecho a salir de cualquier país y de regresar a su país"
Reconociendo: que la migración es uno de los factores fundamentales
del problema del desarrollo que enfrentamos los países
latinoamericanos.
Que la violación de los derechos humanos, sociales y económicos de los
trabajadores migrantes son y han sido desde principios del siglo XX
preocupación permanente en diferentes ámbitos internacionales, aunque
con avances poco significativos.
Que la comunidad latinoamericana a través de los representantes de sus
pueblos, se debe comprometer como un imperativo de primer orden, con la
solución de los problemas que afectan a millones de compatriotas
latinoamericanos que por diferentes razones han debido abandonar su
país.
Que los Estados deben hacer mayores esfuerzos para asegurar a los
migrantes un tratamiento equitativo humano y respetuoso, teniendo en
cuenta que el derecho a migrar en busca de trabajo es un derecho humano
fundamental
Que los procesos migratorios están determinados por la situación
política y social, por las condiciones de desarrollo de los países de
origen y destino así como por las expectativas de los migrantes de
mejorar sus condiciones de vida o de encontrar empleo e ingresos que
les permitan a ellos y sus familias mejorar su calidad de vida.
Que una de las características persistentes de los fenómenos
migratorios de escala, consiste en la polarización de la migración, ya
que por un lado emigran trabajadores altamente calificados y por otro
trabajadores de baja calificación hacia los países más desarrollados
Que producto de esta situación se ha desarrollado un "negocio" en torno
al tráfico de migrantes estimado en 7000 millones de dólares, en el
que destacan por su gravedad el tráfico de mujeres y niños para ser
incorporados a redes de prostituciòn.
Que es necesario luchar por la eliminación de políticas restrictivas
por parte de los países receptores para que medidas como las impulsadas
por el Secretario de Justicia de los EEUU de detener indefinidamente a
los inmigrantes que pudieran representar una amenaza para la seguridad
de ese país, privándoseles del derecho a proceso judicial y de fianzas,
no terminen violando, no solo derechos laborales y económicos, sino
también el respeto de los derechos humanos, más elementales.
Que la justicia ha dejado de ser un problema nacional o regional para
transformarse en una cuestión universal, a los efectos que el bienestar
de unos no se pague con la explotación de quienes están excluidos del
usufructo de los resultados del progreso mundial
Que las causas que provocan la migración forzosa se encuentran en las
debilidades y asimetrías de los marcos políticos, sociales y económicos
de los países.
Que en el marco de los derechos humanos se establece una "jerarquía" de
beneficiarios: ciudadanos que gozan de plenos derechos, seguidos de
migrantes instalados legalmente en el territorio del Estado y,
finalmente en situación irregular. Obviamente, este último grupo es el
más expuesto a abusos y a discriminación, ya que al no gozar de un
reconocimiento jurídico son, particularmente, susceptibles a la
explotación y a que se les denieguen sus derechos humanos
fundamentales. Que en ambos grupos son especialmente vulnerables las
mujeres y que son ellas quienes padecen mayores males por la migración.
Que un importante paso para extender los derechos humanos fundamentales
tanto a los trabajadores migrantes regulares como irregulares, es la
Convención de las Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Actualmente, se cuenta con las ratificaciones necesarias para su
entrada en vigor.
Que la explotación sexual en la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, se lleva a cabo con una impunidad casi absoluta y en
muchos casos acarrea sanciones mucho menos severas que las estipuladas
para el tráfico de drogas.
Que para luchar contra este tipo de delincuencia que no reconoce
fronteras ni respeta soberanías; que se requiere una atención global,
solidaria y decidida en todos los ámbitos en que se registre, así como
un enfoque amplio e internacional de los países de origen, tránsito y
destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los
traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular
amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Por lo expuesto proponemos a las Autoridades del PARLATINO y a los
Parlamentos Nacionales
1) Promover
a) la ratificación por parte de los países latinoamericanos de la
Convención Internacional de Protección de los Derechos de los
trabajadores Migrantes y sus familiares.
b) Incorporar en la agenda de las negociaciones comerciales
multilaterales, consideraciones relativas a las migraciones y los
mercados laborales en los procesos de apertura y globalización
económica.
c) el establecimiento de acuerdos explícitos sobre la materia dentro y
fuera de la región que contemplen soluciones prácticas e inmediatas a
los problemas de nuestros migrantes, relacionados con el respeto de los
derechos humanos, laborales y a la identidad étnica y la seguridad.
d) Acciones de información sobre los derechos y obligaciones de los
trabajadores migrantes, trabajando conjuntamente con las organizaciones
sociales y comunidades que nuclean a los migrantes, así como a los
potenciales migrantes.
2) Aprobar
a) políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo regional, como
vía para la superación de las debilidades y asimetrías de los marcos
políticos, sociales y económicos de los países de América Latina,
contemplando específicamente acciones de protección de las mujeres y
los niños.
b) El establecimiento de centros de desarrollo que generen
oportunidades como medio para fomentar la permanencia en los lugares de
origen de quienes puedan constituir los grupos de potenciales
migrantes.
c) Acciones que permitan realizar proyectos de desarrollo sustentable
en las fronteras comunes de los países de la región
3) Recomiendan:
Se remitan al PARLATINO, al menos dos veces al año informes relativos a
la evolución en cada país del proceso migratorio, así como el estado de
situación de la ratificación de la Convención Internacional de
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus
Familiares del 18 de diciembre de 1990 y de otros acuerdos
internacionales suscritos relativos a la migración.
Las recomendaciones del Parlamento Latinoamericano y la
protección de los derechos de las personas involucradas son las razones
por las que solicito a este H. Senado la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Sonia Escudero.-
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
(S-3297/03)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo suscriba la adhesión de la
República Argentina a la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS
FAMILIARES, aprobada el 18 de diciembre de 1990 por Resolución 45/158
de la Asamblea General de la Naciones Unidas.
Sonia Escudero.-
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Luego de varios años de arduas
negociaciones e intenso trabajo, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó en diciembre de 1990 una nueva CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, la que retoma y enriquece un conjunto
de documentos tendientes a una mejor protección de los derechos humanos
de cientos de miles de personas, que en busca de trabajo y nuevas
oportunidades en pos de una mejor calidad de vida, deben abandonar con
sus familias su tierra natal.
La preocupación por la situación de los
trabajadores migrantes fue recogida por el Parlamento Latinoamericano,
y a través de sus Comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Genero y de
Asuntos indígenas y Etnias reunidas en Panamá en mayo de este año
emitió la siguiente declaración:
Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra
el "derecho de libertad de circulación y residencia, comprendido el
derecho a salir de cualquier país y de regresar a su país"
Reconociendo: que la migración es uno de los factores fundamentales
del problema del desarrollo que enfrentamos los países
latinoamericanos.
Que la violación de los derechos humanos, sociales y económicos de los
trabajadores migrantes son y han sido desde principios del siglo XX
preocupación permanente en diferentes ámbitos internacionales, aunque
con avances poco significativos.
Que la comunidad latinoamericana a través de los representantes de sus
pueblos, se debe comprometer como un imperativo de primer orden, con la
solución de los problemas que afectan a millones de compatriotas
latinoamericanos que por diferentes razones han debido abandonar su
país.
Que los Estados deben hacer mayores esfuerzos para asegurar a los
migrantes un tratamiento equitativo humano y respetuoso, teniendo en
cuenta que el derecho a migrar en busca de trabajo es un derecho humano
fundamental
Que los procesos migratorios están determinados por la situación
política y social, por las condiciones de desarrollo de los países de
origen y destino así como por las expectativas de los migrantes de
mejorar sus condiciones de vida o de encontrar empleo e ingresos que
les permitan a ellos y sus familias mejorar su calidad de vida.
Que una de las características persistentes de los fenómenos
migratorios de escala, consiste en la polarización de la migración, ya
que por un lado emigran trabajadores altamente calificados y por otro
trabajadores de baja calificación hacia los países más desarrollados
Que producto de esta situación se ha desarrollado un "negocio" en torno
al tráfico de migrantes estimado en 7000 millones de dólares, en el
que destacan por su gravedad el tráfico de mujeres y niños para ser
incorporados a redes de prostituciòn.
Que es necesario luchar por la eliminación de políticas restrictivas
por parte de los países receptores para que medidas como las impulsadas
por el Secretario de Justicia de los EEUU de detener indefinidamente a
los inmigrantes que pudieran representar una amenaza para la seguridad
de ese país, privándoseles del derecho a proceso judicial y de fianzas,
no terminen violando, no solo derechos laborales y económicos, sino
también el respeto de los derechos humanos, más elementales.
Que la justicia ha dejado de ser un problema nacional o regional para
transformarse en una cuestión universal, a los efectos que el bienestar
de unos no se pague con la explotación de quienes están excluidos del
usufructo de los resultados del progreso mundial
Que las causas que provocan la migración forzosa se encuentran en las
debilidades y asimetrías de los marcos políticos, sociales y económicos
de los países.
Que en el marco de los derechos humanos se establece una "jerarquía" de
beneficiarios: ciudadanos que gozan de plenos derechos, seguidos de
migrantes instalados legalmente en el territorio del Estado y,
finalmente en situación irregular. Obviamente, este último grupo es el
más expuesto a abusos y a discriminación, ya que al no gozar de un
reconocimiento jurídico son, particularmente, susceptibles a la
explotación y a que se les denieguen sus derechos humanos
fundamentales. Que en ambos grupos son especialmente vulnerables las
mujeres y que son ellas quienes padecen mayores males por la migración.
Que un importante paso para extender los derechos humanos fundamentales
tanto a los trabajadores migrantes regulares como irregulares, es la
Convención de las Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Actualmente, se cuenta con las ratificaciones necesarias para su
entrada en vigor.
Que la explotación sexual en la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, se lleva a cabo con una impunidad casi absoluta y en
muchos casos acarrea sanciones mucho menos severas que las estipuladas
para el tráfico de drogas.
Que para luchar contra este tipo de delincuencia que no reconoce
fronteras ni respeta soberanías; que se requiere una atención global,
solidaria y decidida en todos los ámbitos en que se registre, así como
un enfoque amplio e internacional de los países de origen, tránsito y
destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los
traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular
amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Por lo expuesto proponemos a las Autoridades del PARLATINO y a los
Parlamentos Nacionales
1) Promover
a) la ratificación por parte de los países latinoamericanos de la
Convención Internacional de Protección de los Derechos de los
trabajadores Migrantes y sus familiares.
b) Incorporar en la agenda de las negociaciones comerciales
multilaterales, consideraciones relativas a las migraciones y los
mercados laborales en los procesos de apertura y globalización
económica.
c) el establecimiento de acuerdos explícitos sobre la materia dentro y
fuera de la región que contemplen soluciones prácticas e inmediatas a
los problemas de nuestros migrantes, relacionados con el respeto de los
derechos humanos, laborales y a la identidad étnica y la seguridad.
d) Acciones de información sobre los derechos y obligaciones de los
trabajadores migrantes, trabajando conjuntamente con las organizaciones
sociales y comunidades que nuclean a los migrantes, así como a los
potenciales migrantes.
2) Aprobar
a) políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo regional, como
vía para la superación de las debilidades y asimetrías de los marcos
políticos, sociales y económicos de los países de América Latina,
contemplando específicamente acciones de protección de las mujeres y
los niños.
b) El establecimiento de centros de desarrollo que generen
oportunidades como medio para fomentar la permanencia en los lugares de
origen de quienes puedan constituir los grupos de potenciales
migrantes.
c) Acciones que permitan realizar proyectos de desarrollo sustentable
en las fronteras comunes de los países de la región
3) Recomiendan:
Se remitan al PARLATINO, al menos dos veces al año informes relativos a
la evolución en cada país del proceso migratorio, así como el estado de
situación de la ratificación de la Convención Internacional de
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus
Familiares del 18 de diciembre de 1990 y de otros acuerdos
internacionales suscritos relativos a la migración.
Las recomendaciones del Parlamento Latinoamericano y la
protección de los derechos de las personas involucradas son las razones
por las que solicito a este H. Senado la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Sonia Escudero.-