Número de Expediente 3047/07

Listado de Autores
Morales , Gerardo Rubén

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-3047/07)

PROYECTO DE RESOLUCION

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, equiparada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de Naciones Unidas.

Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Las poblaciones indígenas son aquellas que han vivido en sus tierras mucho antes de la llegada de los colonizadores, quienes al convertirse en el grupo dominante, han segregado a los pobladores originarios.

Cada vez que los pueblos dominadores han ampliado sus territorios, las culturas y el sustento de los indígenas han estado en peligro. Estas amenazas evolucionaron a través de los años, sin embargo no desaparecieron por lo que las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de los grupos más desfavorecido en el mundo.

Debido a esto, las Naciones Unidas se ocupa de forma creciente en promover los derechos de los indígenas. Más de 300 millones de personas forman alrededor de 5000 poblaciones indígenas en 70 países del mundo y han estado sometidas a la opresión, exclusión en los procesos de toma de decisiones, marginación, explotación, asimilación forzosa y represión cuando tratan de pugnar por sus derechos.

Actualmente los problemas, las quejas y los intereses de los pueblos originarios suelen ser muy semejantes, especialmente en lo relacionado con mantener su identidad y patrimonio cultural.

La cuestión de las poblaciones indígenas ha sido estudiada desde 1920, cuando los pobladores autóctonos americanos se pusieron en contacto con la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, en aquel acercamiento no hubo grandes resultados. Posteriormente, ya en el seno de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas hicieron llamamientos esporádicos sin respuestas. También el Gobierno boliviano llamó la atención sobre esta cuestión al hacer un llamamiento a la ONU con el fin de crear una subcomisión que se encargara directamente del tema.

La ONU ha tratado algunas cuestiones que afectaban indirectamente a las poblaciones indígenas tales como el estudio de las minorías, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso. Sin embargo, en 1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, del ECOSOC, recomendó el estudio general y completo del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, allí se abordaron una amplia gama de cuestiones de derechos humanos, incluyendo las siguientes:

· Una definición de las poblaciones indígenas
· El papel de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
· Los principios básicos y la eliminación de la discriminación en materia de derechos humanos
· Las áreas especiales de acción tales como la salud, la vivienda, la educación, la lengua o idioma, la cultura, las instituciones sociales, culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y práctica religiosos y la igualdad en la administración de justicia

Las conclusiones a las que se llegó fueron presentadas a través de un informe final presentado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de 1981 a 1984. Estas conclusiones marcaron un hito en el estudio de la cuestión indígena por parte de las Naciones Unidas.

De ahí que un grupo especializado de la ONU, abierto a la observación y consulta de numerosos representantes indígenas de muchos países del mundo, creado en 1981 y autorizado al año siguiente por el Consejo Económico y Social (ECOSOC); el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI), dependiente de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (que ahora se llama Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos), propuso en 1994 una nueva norma internacional sobre derechos humanos dirigida a contrarrestar las amenazas que sufren los pueblos indígenas del mundo, en la que venía oficialmente trabajando desde hacía varios años

El 23 de junio de 1992, el ECOSOC informó en efecto que la subcomisión mencionada había recomendado a la nueva presidenta-relatora del GTPI, Erica-Irene Daes, que desarrollara los párrafos del proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que ya habían sido aprobados en primera lectura por los miembros del GTPI en su noveno periodo de sesiones. Informó, asimismo, que la entonces Comisión de Derechos Humanos había acogido con agrado esta decisión.

En 1994 la Asamblea General de la ONU declaró también que la adopción de dicha declaración sería uno de los objetivos principales del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. No ha sido hasta después del undécimo(11) periodo de sesiones del GTPI, en febrero de 2006, cuando su presidente, Luis Enrique Chávez, de Perú, propuso un texto revisado, más enérgico en algunos puntos y más débil en otros que el proyecto original redactado en 1994, el cual felizmente fue remitido para su discusión y aprobación no a la extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sino al Consejo de Derechos Humanos, en su primer periodo de sesiones.

Luego de veintidós años de negativa de los países desarrollados La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el jueves 13 de Septiembre por abrumadora mayoría una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, pese a la oposición de varios países desarrollados.

Cuatro países, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, votaron contra la declaración, que fue aprobada por 143 votos a favor y 11 abstenciones. No todos los países miembros, en total 192, participaron de la votación.

Los países críticos al acuerdo señalaron que daba poderes legales y de propiedad excesivos a esos pueblos indígenas. La declaración no es jurídicamente vinculante.

El documento, que estuvo bajo negociación por 20 años, dice que los indígenas, estimados en 370 millones de personas en el mundo, tienen derecho a la "autodeterminación".

Uno de los artículos más controversiales dice que los "pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que han sido suyos tradicionalmente", y también a recursos y tierras que hayan comprado, usado o adquirido.

La mayor parte de los aliados de Estados Unidos, como Gran Bretaña y Japón, votaron a favor de la resolución, diciendo que los puntos adoptados en el último momento eran aceptables, considerando que el documento no tiene fuerza de ley en el ámbito internacional.

Una cláusula incluida en la etapa final del texto dice que ningún punto del documento autoriza o estimula "cualquier acción que desmembraría, en su totalidad o en parte, la integridad territorial y la unidad política" de los Estados.

Además de la propiedad de la tierra, los críticos también refutaron las provisiones sobre la propiedad intelectual que afecta a los indígenas, el derecho de que sean consultados en leyes que los afectan y el derecho de que puedan evitar actividades militares en sus territorios.

La declaración, de 46 artículos, establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación.

Como bien dice el Sr. Presidente de Bolivia Evo Morales la votación es "histórica" viene a colmar un vacío en la protección de los derechos humanos, y fija las normas mínimas para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso Sr. Presidente invito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Guillermo R. Jenefes.