Número de Expediente 2907/05

Listado de Autores
Castillo , Oscar Aníbal

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2907/05)

PROYECTO DE COMUNICACION

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe los datos pertinentes que obren como antecedentes en el ámbito de su incumbencia y den sustento a las expresiones del Señor Presidente de la Nación Dr. Néstor KIRCHNER formuladas el 25 de Agosto de 2005 en una visita de corte institucional a la ciudad la Ciudad de Bahía Blanca, ocasión en la que afirmó que hubieron "¿sectores que - sobre la base de pactos dirigenciales, se dedicaron a desestabilizar institucionalmente al país¿", al tiempo de requerir la inmediata intervención de los poderes públicos pertinentes, por encuadrar dichas aseveraciones en los alcances de las disposiciones del artículo 36º de la Constitución Nacional y de la Ley 23077 de Defensa de la Democracia.

Oscar A. Castillo.-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Las expresiones públicas de autoridades nacionales aludiendo a emprendimientos orientados a la desestabilización institucional y las respuestas que dichas manifestaciones obtuvieron por parte de quienes fueron identificados como presuntos responsables, develan una circunstancia harto más grave para la República que la mera banalización del discurso político previo a las elecciones generales convocadas para el día 23 de octubre próximo.

Cuando la significación de una denuncia importa, no ya lo que hizo o dejó de hacer un determinado candidato, sino la afectación misma del sistema democrático, dicha denuncia trasciende el marco de la campaña electoral. Una denuncia cuyo contenido implique la estabilidad misma de la democracia deja de pertenecer a su autor y debe ser atendida urgentemente por todo el sistema político.

Habrá de convenirse que la gravitación de estas expresiones difiere si ellas parten del propio Jefe de Estado y es el responsable político de la administración general del país - inciso 1º del artículo 99º de la Constitución Nacional -, quien brinda nombres de ex Presidentes Constitucionales de la Nación -todos pertenecientes al mismo signo político-, como integrantes de un presunto pacto dirigencial cuyo objetivo final es la desestabilización institucional - recordando al mismo tiempo que "¿estos sectores se dedicaron a desestabilizar institucionalmente el país, como lo hicieron con un presidente que había traicionado y olvidado lo que el pueblo votó¿" en clara referencia al ex Presidente Fernando De la Rúa.

La expresión formulada por el Señor Presidente es repetida con distintos matices por sus colaboradores más cercanos, aliados políticos y candidatos emergentes del propio Gobierno. Al peligro de las consecuencias implicadas en la denuncia se suman ciertas advertencias que develan la gravedad de la amenaza al sistema político. El propio Presidente ha dicho que enfrentará a sus agresores y convoca al pueblo a respaldarlo. Dijo el Presidente: "...voy a estar esperándolos con el pueblo para construir el tiempo nuevo que necesita la Patria...".

Por vez primera, desde las jornadas de diciembre de 2001, se admite desde el nivel de la jefatura del Estado que aquel traumático proceso que significó la interrupción de un mandato constitucional conferido por el voto popular, estuvo precedido de acciones ilegítimas de sectores políticos que conspiraron, bien que no sólo contra un Presidente elegido por el pueblo sino también, y fundamentalmente, contra el normal desarrollo de la dinámica institucional de la democracia argentina.

Huelga recordar los sufrimientos de diversa índole padecidos por la República Argentina por el gravísimo deterioro institucional devenido de aquellas acciones, que hoy se admiten y que nuestra Constitución Nacional observa en algunas de sus más sabias y profundas previsiones.

En proporcional desmesura, la respuesta de los sectores políticos involucrados por la denuncia presidencial ha carecido - adviértase la gravedad - de las explicaciones precisas que la ciudadanía merece para la adecuada formación de un juicio histórico equilibrado, en orden a evitar la ocurrencia de situaciones de similar envergadura en el futuro.

Por tanto, la única conclusión que la ciudadanía puede colegir es la incertidumbre. Desde la máxima magistratura presente en el país y desde su inmediata antecesión, no se está descartando - antes bien se proveen indicios para una racional prevención- la existencia de acciones políticas, pasadas y presentes, orientadas al derrocamiento de autoridades legítimamente constituidas.

En la memoria colectiva aún quedan sin cerrar profundas heridas de sucesos que tuvimos que vivir los argentinos en el marco del proceso de transición democrática, en las aciagas jornadas de mayo de 1989 bajo el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín o, aún más cerca en el tiempo, en los fatídicos 19 y 20 de diciembre de 2001 que condujeron a la renuncia anticipada del mando del Dr. Fernando De la Rúa, en circunstancias aún no esclarecidas y que el propio Jefe de Estado recuerda en el acto institucional del 25 de Agosto pasado en la Ciudad de Bahía Blanca.

La violencia, más allá de los posicionamientos históricos que desde las fuerzas políticas asumamos respecto de aquellas circunstancias, signó aquellas páginas de 1989 y de 2001 que nunca más quisiéramos ver reeditadas en nuestra historia.

Violencia que, en escala menor, se reiteró en la jornada del 2 de Marzo de 2003 en la Provincia de Catamarca a la cual representamos en esta Cámara Legislativa Federal, cuando algunos grupos violentos creyeron que podían interpretar la ley a su antojo a través de hechos de fuerza, como el de la destrucción y quema de urnas, en medio de un proceso electoral que arrojó como saldo histórico ante el país y el mundo, un lamentable escenario de escarnio a la democracia.

En aquellas circunstancias, quienes hoy denuncian pactos montados a partir de la instauración de escenarios de violencia con vistas a enturbiar el clima social ante los comicios del 23 de Octubre próximo, protagonizaron las acciones políticas que se emprendieron para excluir del seno de este cuerpo, a quien a todas luces fue el instigador principal de aquella lamentable jornada en la Provincia de Catamarca.

Si se pretende dejar claramente establecido el límite entre la legítima protesta social y la conformación de grupos irregulares eficientemente organizados para la sedición, las denuncias del presente no deben adolecer de precisiones.

La defensa de las instituciones democráticas jamás devendrá de oponer a esos grupos otros de similar talante, sino antes bien de la punición razonable por ley correspondiente a todos y cada uno de quienes - a espaldas de un mandato popular- hayan conspirado, lo hagan o lo pretendieran hacer con la intención de desconocer las autoridades instituidas por la Constitución.

Es innecesario recordar que todas las fuerzas políticas, al amparo de las previsiones de la Constitución Nacional y del ordenamiento legal vigente, acompañaremos al Señor Presidente en todas las medidas que impliquen el esclarecimiento de situaciones de conmoción como las que vivió el país en 1989, 2001 o 2003.

No podemos consentir una denuncia de semejante magnitud sin ser tenidos como partícipes de la misma. Es nuestra responsabilidad política la de pedir las explicaciones del caso a quienes de un modo otro participan de la denuncia formulada para que, en caso de comprobarse sus términos, nos pongamos todos los actores políticos del mismo lado en procura de evitar la generación de nuevos hechos de violencia que -como los ya mencionados- tanto daño han hecho a las instituciones políticas de nuestro país.

La defensa de la democracia y del orden constitucional vigente requiere del aporte de todos los sectores políticos, razón por la cual es una obligación ciudadana, más allá del rol que la hora nos tenga asignado, el de apoyar sin cortapisas, a quienes en esta hora representan la institucionalidad en la Argentina, en tanto exista la clara voluntad política de esclarecer no sólo lo que pasó en la Argentina antes de 1983, sino los ataques que se infligieron a la democracia en nombre de confusos intereses, en aquellos escenarios de violencia de 1989,2001 o 2003, cuya metodología fue similar a la que hoy se intenta recrear en el país, a tenor de lo que ha expresado el Señor Presidente de la República.

Ante tales circunstancias entendemos que todos los poderes de la República con incumbencia en la materia, deben actuar decididamente para preservar el orden constitucional y la defensa irrestricta de las libertades que la democracia nos confiere a todos los ciudadanos, por lo que apostamos a que este Cuerpo acompañará la presente iniciativa, como un claro gesto sobre el particular.

Proveer hoy -responsablemente- las precisiones requeridas para esclarecer los ilegítimos pactos denunciados, puede ahorrarle a la República el rumboso destino de futuras -y aún más dudosas- supuestas epopeyas.

Oscar A. Castillo.-