Número de Expediente 2846/04

Listado de Autores
Capos , Liliana

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2846/04)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

El Senado de la Nación

RESUELVE:

1°) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional declare la
"EMERGENCIA DE LAS REDES VIALES PROVINCIALES", de acuerdo con lo
determinado por la asamblea extraordinaria del Consejo Vial Federal,
reunido en la ciudad de El Calafate, el 27 de mayo del corriente.

2°) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la reasignación del
Impuesto a la Transferencia de Combustibles del Gasoil como de las
Naftas y Gas Natural Comprimido para destinarlo a las vialidades
provinciales Dirección Nacional de Vialidad y la redistribución de la
asignación de la Tasa al Gasoil eliminando los subsidios a los
concesionarios de peajes.

Liliana Capos.

FUNDAMENTOS

La sanción de la Ley 11.568 en el año 1932 marcó el inicio de
la política caminera en nuestro país, creándose por esta la Dirección
Nacional de Vialidad y el Fondo Nacional de Vialidad. Esto permitió
que el Estado pudiera proyectar y ejecutar la infraestructura vial
todavía existente.

La federalización del sistema vial mediante Decreto Ley 505/58
permite a las provincias llevar adelante planes de desarrollo acorde a
sus necesidades, creándose en cada una de ellas Direcciones
Provinciales de Vialidad, a las cuales se le asigna una participación
en los recursos.

El paulatino y progresivo desvío de los ingresos destinados a
la red vial a partir del año 1962 llevó a que en el año 1990 la
Dirección Nacional de Vialidad y las Vialidades Provinciales
colapsaran, afectando severamente las comunicaciones entre localidades
en el interior del país, al traslado de las mercaderías a los centros
de consumo y tornando peligroso el transito por rutas y caminos.

La sanción de la Ley 23.966 en el año 1991 permitió recuperar
parcialmente parte de los fondos viales, creando el impuesto a los
combustibles líquidos y al gas natural, aunque al poco tiempo,
nuevamente, el gobierno nacional distorsiona el espíritu de la ley al
utilizar los mismos al financiamiento de otros sectores.

Así, en la actualidad, el producto de los tributos que se
originan en los combustibles y que nacieron con el propósito de
financiar el desarrollo de la red vial argentina, se distribuye entre:
1) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; 2) FONAVI; 3) Tesoro
Nacional; 4) Provincias; 5) Sistema de infraestructura de Transporte;
6) Emergencia de la Estructura Hídrica; 7) Compensaciones a las
empresas concesionarias de peajes. De modo que a las vialidades
provinciales les corresponde únicamente el cinco con dieciséis por
ciento (5,16 %) del total recaudado.

Es, por tanto, necesario redefinir el desarrollo vial de
nuestro país considerándolo como Política de Estado. Así, la Nación
deberá planificar el desarrollo de las distintas regiones y las
provincias deberán participar con sentido federal con las inversiones
en la red vial nacional. Actualmente existen 10.000 kilómetros de rutas
concesionadas en todo el país, que se llevan la mayor parte de los
recursos, sobre 600.000 kilómetros de caminos principales, secundarios
y terciarios. Esto habla a las claras de una desequilibrada
distribución de los recursos y de la necesidad de una urgente solución
al problema de un inminente colapso de la red vial.

El 27 de Mayo del presente año tuvo lugar en la ciudad de El
Calafate, Provincia de Santa Cruz, una Asamblea Extraordinaria del
Consejo Vial Federal, el cual está integrado por los Directores de
Vialidad de las provincias argentinas, junto a la Dirección Nacional de
Vialidad, en la cual se declara la "Emergencia de las Redes Viales
Provinciales". Durante la misma el Presidente del Consejo Vial Nacional
Ing. Jorge Jofre, manifestó:

Los 235.000 kms. de caminos nacionales y provinciales y los más
de 400.000 kms. de caminos terciarios, son la red neurálgica y motora
de la economía argentina, la interrelación de las regiones y la unión
entre los pueblos: y en un país que necesita crecer es necesaria una
buena infraestructura, acorde a la integración territorial y regional,
ya que constituye la mejor manera de brindar condiciones para que
aumente al competitividad y posibilitar que las inversiones privadas se
concreten en las distintas regiones de nuestro territorio.

No se debe confundir la inversión social en el área de la
infraestructura con el gasto público improductivo, en el mundo actual
la infraestructura no es simplemente un lujo que darse solamente los
que hacen bien sus deberes macro económicos, es una necesidad
impostergable de cuya satisfacción depende la viabilidad de medio y
largo plazo de cualquier modelo inspirado en la racionalidad económica,
la inversión genuina, el capital de riesgo concurre a países en los que
además de cumplir acabadamente con sus tareas macroeconómicas, son
capaces de ofrecer infraestructura básica que hacen posibles sus
proyectos, sin infraestructura, no hay desarrollo económico ni
desarrollo social, no hay creación de empleos, ni mercado de trabajo,
no hay salud, educación, seguridad ni calidad de vida, no hay
integración al mundo ni comunicaciones eficientes.

El Estado debe estar presente en la provisión de
infraestructura donde el mercado no llega, para ello debe planificar
del modo más correcto y eficiente posible, porque son los recursos de
la sociedad los que deben ser asignados. En este sentido el E. Di. Vi.
Ar., es una herramienta importante que el C. V. F. Y la D. N. V. Han
elaborado a través de un mecanismo de planificación que tiene una
visión integral del país, una estrategia de desarrollo ordenado
atendiendo el equilibrio entre las regiones.

Vemos con gran beneplácito las inversiones que la Nación está
realizando para la conservación, mantenimiento y construcción de la red
bajo su jurisdicción, utilizando los instrumentos con los cuales
cuenta, como ser: financiamiento externo, sistemas de concesión,
sistemas C. Re. Ma., tasa gas-oil, etc. , lo que nos alienta y nos da
esperanza de que la actividad vial ingrese en una etapa de franca
recuperación.

En lo referente a la red de jurisdicción provincial, entendemos
que es de vital importancia que se complemente su mantenimiento,
conservación mejorativa y ampliación, con las inversiones que en este
sentido se llevan adelante desde la Nación, para ello es imprescindible
dotar de los recursos suficientes a las vialidades provinciales,
buscando otros mecanismos legales o financieros que permitan aumentar
su participación en el impuesto a los combustibles o crear un fondo que
posibilite un desarrollo vial sustentable de los pueblos del interior.
El federalismo sólo se puede alcanzar mediante el crecimiento armónico
y equilibrado de todos los estados provinciales, no puede haber
verdadero federalismo mientras existan provincias marginadas,
postergadas, incapacitadas estructuralmente para generar por sí mismas
recursos y riquezas

Otro punto importante en la agenda de los organismos viales, es
el control de cargas, el cual debemos acordar profundizar y poner el
mayor énfasis posible en su implementación en el deterioro de nuestras
rutas, con el consecuente aumento de los costos de conservación
mantenimiento. Igualmente la seguridad vial es otro de los temas en que
la Nación y Provincias deben trabajar en forma conjunta, para buscar
los mecanismos que tiendan a disminuir este verdadero flagelo que
castiga a la humanidad toda, convirtiéndose en una de las principales
causas de muerte y destrucción de, afectando negativamente y de forma
vertiginosa la calidad de vida del hombre contemporáneo

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de Resolución.

Liliana Capos.