Número de Expediente 2833/06

Listado de Autores
Leguizamón , María Laura

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2833/06)

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, informe a través del Ministerio de Justicia, sobre las gestiones realizadas tendientes a dar difusión y poner en conocimiento de la sociedad, los principios y derechos que consagra la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, de conformidad con la dispuesto por el art. 13 de su Decreto Reglamentario Nro. 235/96.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La violencia en la familiar no es igual o la que se presenta en la calle ni entre personas desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar más seguro: nuestro propio hogar. Este tipo de violencia se ha convertido desde hace tiempo en un grave problema social.

Aunque la violencia familiar es un problema serio y alarmante extendido en la sociedad el velo de privacidad que lo cubre suele dificultar su reconocimiento y, con ello, las acciones para revertirlo. Se trata, entonces, de educar para que este tipo de conductas en los hogares, dejen de ser aceptadas como un rasgo ¿natural¿ e ¿irremediable¿ de la cultura social, y se las vea como lo que verdaderas actitudes injustificables.

Las formas de violencia son incontables. Puede darse hacia los menores, adolescentes, ancianos, hacia las mujeres, hombres, discapacitados, incapaces, etc. Asimismo es casi imposible definir y determinar en pocas palabras, la conducta típica, ya que existen distintas clases de violencia. Puede ser física, psíquica, moral, social o incluso patrimonial cuando, por ejemplo se ejerce un fuerte absoluto control sobre el dinero o los bienes, como forma de dominar al otro.

Es de público y notorio conocimiento que la crecida de estos índices es cada vez mayor. El problema que genera este triste fenómeno va más allá de los límites del ambiente doméstico, pues en definitiva afecta a la sociedad toda en su conjunto.

El Estado, como principal garante del orden y del derecho, no puede permanecer ajeno y observar la situación como un mero espectador, sino que debe convertirse en verdadero protagonista y principal impulsor de nuevas y más eficaces medidas a fin de dar respuestas que eviten el terrible desamparo en las que se encuentran las víctimas de este tipo de violencia y su grupo familiar.

Y precisamente, una legítima manera de realizar su tarea, es brindar instrumentos jurídicos suficientes, que impidan o por lo menos ayuden a prevenir lo más posible, que se cometan acciones de esta clase que degeneren en hechos absolutamente condenables y reprochables desde todo punto de vista; como así también que, a su vez, garanticen la debida protección y contención de la víctima que ve violados sus derechos y es puesta en una situación de profunda vulnerabilidad. La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar, Ley 24.417, sancionada en diciembre de 1994, constituyó un invalorable avance, que ayuda a instaurar en la agenda legislativa el tema, haciéndose eco de la inexorable realidad social.

Sin embargo, para que se cumplan los principios que ella consagra, es indispensable que toda la sociedad los conozca, para que una vez conocidos, puedan ejercer sus derechos y hacerlos cumplir.

María L. Leguizamón.-