Número de Expediente 2638/03

Listado de Autores
Losada , Mario Aníbal

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2638/03)

PROYECTO DE RESOLUCION

El Senado de la Nación

RESUELVE:

1) Apoyar la gestión que realiza el Poder Ejecutivo Nacional en
relación con las empresas concesionarias de servicios públicos.

2) Rechazar cualquier maniobra extorsiva que realicen las empresas con
el propósito de condicionar las posiciones asumidas por el Poder
Ejecutivo y los estudios e investigaciones que se llevan a cabo para
definir los criterios que se aplicarán en los problemas que están en
cuestión. Aplicar y exigir la aplicación de la legislación vigente y
requerir se actúe enérgicamente frente a comportamientos coercitivos.

3) Ratificar el principio general del bien común que ha planteado el
Poder Ejecutivo y que orienta las principales cuestiones en juego,
especialmente:

a) el problema tarifario, que debe contemplar la situación de los
usuarios por un lado y por otro la necesidad de garantizar la
prestación del servicio.
b) Las inversiones que se requieren en cada uno de los sectores
atendiendo a las necesidades de mantenimiento y expansión,
distinguiendo en cada caso las situaciones de incumplimiento en las que
hayan incurrido las empresas.

4) Poner a disposición del Poder Ejecutivo del estudio del problema y
la elaboración y actualización de normas al personal técnico del Senado
de la Nación.

5) Requerir el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional
con respecto a la integración por los representantes de los usuarios de
los organismos de control de las empresas de servicios públicos.

Mario A. Losada.-
FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El problema de la prestación de los servicios públicos
por las empresas concesionarias es complejo y ha tomado estado público
por el nivel de tensión entre el Poder Ejecutivo Nacional y las
empresas.

El Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la
Nación y de sus Ministros, ha establecido claramente que no tolerará
ninguna presión que pretenda orientar las negociaciones y que aplicará
las sanciones que correspondan en los casos de cortes de suministros
(electricidad y agua) que se han interpretado como parte del manejo
coercitivo que intentan las empresas.

El Senado de la Nación apoya al Poder Ejecutivo en esta
gestión, en esta posición frente a los intentos de presión, en la
convicción de que las decisiones del Poder Ejecutivo están firmemente
orientadas a recuperar el eje conceptual de esta negociación que es
restablecer la noción más plena de servicio público.

He aquí una de las tensiones paradigmáticas que deberá
resolver el Estado que pretende recuperar la cualidad institucional de
una vinculación cuya esencia es el bien común.

Estas relaciones entre el Estado y las empresas
nacieron desde otra perspectiva, generaron otra cultura y se ampararon
en prebendarismo. Era otra cultura, la llamada "cultura menemista".

Pera la complejidad del problema requiere al mismo
tiempo que tengamos en cuenta la necesidad de ser firmes y prácticos.
Estos son los actores, esta es la sociedad, estas son las instituciones
y esta es la tarea de reconstrucción que la hora nos impone.
Lo que tenemos delante nuestro es el resultado de los actos
perpetrados. No podemos ser flexibles frente a acciones que rondan lo
punitivo, pero tampoco embanderarnos en retóricas que nos impidan
encontrar una solución racional y posible a la administración de los
servicios públicos. Llevará tiempo, requerirá de una gran voluntad,
vocación de servicio y buena fé, pero no deberíamos permitir que las
presiones y los forcejeos impidan que encontremos la salida posible.

El Senado de la Nación puede y debe poner a disposición
de la búsqueda de una solución eficaz, sus recursos técnicos, a fin de
compartir con el Poder Ejecutivo la elaboración de las normas, los
marcos regulatorios y los criterios que permitan garantizar
optimización de servicios e inversiones en mantenimiento.
La sociedad reclama eso de nosotros. Que podamos disciplinar las
fuerzas desmadradas en todos los ámbitos para ponerlas a trabajar y
sacar a la Argentina del atolladero en que se encuentra, que no es sólo
económico, ya lo estamos viendo. Es también moral y es, en definitiva,
una enorme crisis de responsabilidad.

Involucrarnos en la dimensión más general del problema
solo significa ratificar nuestro deber de redoblar el esfuerzo para
encontrar soluciones. Pero de ningún modo exime a los poderes del
Estado por esta misma razón de cumplir y hacer cumplir el orden
jurídico que corresponde.

El Estado, no solo debe lograr el marco adecuado para
esta negociación sino que además debe establecer el marco regulatorio
específico y consensuado para cada caso. Y debe también cumplir con lo
establecido por la Constitución Nacional en el artículo 42 con respecto
a la participación de los representantes de usuarios en los organismos
de control.

Mario A. Losada.-