Número de Expediente 2572/03

Listado de Autores
Bar , Graciela Yolanda

En proceso de carga

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones

(S-2572/03)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación

DECLARA

Su satisfacción por la capacidad del pueblo argentino para salvaguardar
nuestras instituciones democráticas demostrada durante estos 20 AÑOS DE
DEMOCRACIA, a partir de las elecciones ocurridas el 30 de octubre de
1983.

Al mismo tiempo expresa la necesidad de trabajar en conjunto para
formular políticas socioculturales y económicas en pos de afianzar la
democracia como forma de vida, el fortalecimiento de la libertad de
expresión, el respeto por los derechos humanos, el pluralismo y la
diversidad, así como reforzar y crear conciencia sobre los modelos de
participación y convivencia ciudadana.

Graciela Bar.-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente

Hace 20 años el pueblo argentino celebraba el retorno de la democracia
y con ello se renovaban las esperanzas de hacer realidad el proyecto de
una nación verdaderamente libre, justa y soberana.

Aquel 30 de octubre de 1983, el Dr. Raúl R. Alfonsín se
convirtió en el Primer Presidente para la recuperación de la
democracia, después de varios años de sucesivas dictaduras militares.

Pero pronto se vieron las limitaciones del sistema para sortear con
éxito los múltiples y complejos obstáculos que enfrentaba. Desde
entonces, un progresivo y acelerado proceso de cambio en todos los
planos significativos de la vida de la sociedad argentina, puso en
peligro nuestro sistema de gobierno.

Sin embargo, la sociedad argentina felizmente, no parece dispuesta a
renunciar a los logros conseguidos con su duro esfuerzo. En particular,
la actual crisis de representación no se ha traducido en un repudio a
la democracia, sino en una demanda renovada por más y mejor democracia.

En este contexto resulta urgente crear conciencia sobre la necesidad de
participación de la ciudadanía en la creación y fortalecimiento de
nuestro sistema. Se debe convocar a la capacidad y a la energía de
todos los actores, para formular políticas socioculturales y
económicas, fortalecer la libertad de expresión, lograr el respeto por
los derechos humanos, el pluralismo y diversidad para encontrar juntos
el rumbo hacia la renovación y el fortalecimiento del sistema de
gobierno establecido por su ley fundamental.

En el caso específico de Argentina, el debate en torno al vínculo entre
desempeño institucional y control democrático instala un tema inédito
en la agenda de cuestiones: el de la responsabilidad política y
jurídica del ejercicio público del poder democrático. Inédito, pues
diluidas las apologías, típicas de situaciones políticas o económicas
de excepción, es la continuidad institucional de veinte años de
gobierno democrático la que prioriza el análisis de uno de los
principios clave de la teoría democrática: que el poder político no es,
o debería no ser, irresponsable.

El problema del control político reactualiza así viejas dicotomías de
la cultura occidental -poder vs. Libertad; eficacia vs. normatividad;
legalidad vs. legitimidad; y lo hace en un contexto donde la
universalización de la democracia como valor normativo se refracta en
los índices de pobreza y exclusión social como desafío instrumental. En
todo caso, en una situación también inédita que pone en evidencia, no
ya en forma de tragedia, que la ética de la responsabilidad, propia de
la modernidad, no alcanza, a cubrir todo el campo de la
responsabilidad democrática.

Pasaron 20 años desde el regreso de la "democracia" a nuestro país, por
esto es necesario replantearse que pasó con los medios durantes estos
años, como es la democracia que se fue o que fueron construyendo y qué
tipo de sujeto, ciudadano, persona, individuo se fue formando u, otra
vez, fueron formando.

Esto nos conduce a reflexionar sobre cómo colaborar en la construcción
de un ciudadano pleno. Vivimos tiempos adversos a los derechos
sociales, a la identidad ciudadana, a la conciencia de ciudadanía. A
pesar de lo cual -o precisamente por ello- la categoría de ciudadanía
concita en la actualidad un interés que no lograba hace veinte años,
adquiriendo una capacidad de resonancia no alcanzada hasta ahora en su
propia historia, y ello por razones tanto de orden teórico como
político. El interés teórico del término puede deberse a la capacidad
de la ciudadanía para integrar las exigencias de justicia y
pertenencia. La ciudadanía, pues, aparece como preocupación política,
en medio de un proceso de desidentificación política y de pérdida de
confianza en las instituciones democráticas. Preocupación que nos atañe
a nosotros mismos como legisladores; de ahí la dificultad adicional que
se presenta en el abordaje de este tema, en tanto requiere un esfuerzo
mayor de separación analítica entre la mirada teórica y la mirada
política, entre lo que encontramos y lo que desearíamos encontrar.

Básicamente, podemos considerar a la ciudadanía en tres dimensiones: la
civil, la política y la social, y la define como la fuerza opuesta a la
desigualdad entre las clases sociales, en tanto se trata de derechos
universales que comparten todos y cada uno de los miembros de una
comunidad nacional. La ciudadanía civil se corresponde con los derechos
legales (libertad de expresión y de religión, derecho a la propiedad y
a ser juzgado por la ley). La ciudadanía política se refiere a los
derechos a participar en el poder político, ya sea como votante o
mediante la práctica política activa; y la ciudadanía social se refiere
al derecho de gozar cierto standard mínimo de vida, de bienestar y de
seguridad económica, apuntando a la necesidad de incorporar las
obligaciones, responsabilidades y virtudes como constitutivas de la
ciudadanía.

Durante estos 20 AÑOS DE DEMOCRACIA hemos asistido a la proliferación
de escenarios y de actores dotados de intereses específicos: jubilados,
desempleados, trabajadores precarios, jóvenes en busca de empleo,
mujeres, grupos informales del sector urbano, grupos de excluidos por
sus opciones de género,... ¿pueden hoy integrarse en una estrategia
colectiva en nuestra democracia? ¿Pueden articular de alguna manera sus
intereses? De cualquier modo, creemos que la cuestión no se resuelve
adscribiendo simplemente a la idea de ciudadanía diferenciada, sino que
hoy más que nunca es preciso pensar en la construcción de un espacio
democrático en el que puedan convivir las múltiples pertenencias
comunitarias traspasándolas a un orden que permita la convivencia, lo
cual exige la reconstitución de ciertas ideas generales y universales.

Para ello debemos poner constantemente en valor, el bien que es en sí
misma la democracia como sistema de gobierno y de representación. Hoy
podemos mirar con esperanza un futuro de reconciliaciones y de mejor
convivencia ciudadana a pesar de los duros caminos que debimos
atravesar.

Graciela Bar.-